Silvia Inchaurrondo defendió en TVE las comisiones recibidas por Santos Cerdán en adjudicaciones de obra pública, generando una fuerte polémica mediática y política.
La polémica sobre las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública en España volvió a ocupar la atención mediática tras la
intervención de Silvia Inchaurrondo en su programa La Hora de la 1 en Televisión Española, donde intentó justificar la actuación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista.
La presentación de la defensa, un día después de la publicación del nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, generó un amplio debate sobre ética, legalidad y la función de los medios públicos.
Inchaurrondo defendió el concepto de comisiones en adjudicaciones de obra pública, argumentando que “esto de la comisión… vamos a abordarlo ahora, que una comisión reflejada por contrato estará espeluznada.
Es legal. Claro, es que a mí me gustaría, más allá de la adjudicación, que es la duda que hay sobre la mesa, ver cómo se realizan los pagos”.
La periodista insistió en que las comisiones no necesariamente implican ilegalidad y que la UCO se refería a “comisiones legales plasmadas en un memorándum”.
Según sus explicaciones, estas comisiones oscilaban entre el 1,9% y el 2,2% del valor de la adjudicación de obra pública, y Servinabar, la empresa implicada, cobraba por los servicios intermediados por Cerdán, quien poseía un 45% de las acciones de la compañía.
La defensa de Inchaurrondo provocó reacciones inmediatas y críticas desde diversos sectores, tanto políticos como mediáticos.
La exdiputada del PSOE Zaida Cantera, en una televisión rival, cuestionó la postura de Inchaurrondo, destacando que Cerdán había utilizado su posición en el partido para obtener beneficios personales a través de las adjudicaciones.
“Nadie tiene que estar ciego para no ver que su compañero de trabajo de buenas a primeras empieza a vivir de una forma distinta”,
afirmó Cantera, subrayando que la apariencia de prosperidad y los gastos personales de Cerdán contrastaban con la legalidad y la ética que se espera de los responsables públicos.
Los informes de la UCO detallan que los beneficios recibidos por Cerdán y su familia incluían tarjetas de crédito de Servinabar para gastos en ocio, viajes y restaurantes, así como el pago de un piso de alquiler.
“Esta mujer ve normal que esta empresa cobre un 2% por una adjudicación de obra pública en la que intermediaba Santos Cerdán”,
señaló uno de los analistas del caso, enfatizando que tales pagos podrían constituir un uso indebido de recursos, pese a la justificación contractual.
Además, la Guardia Civil investiga si parte de esos fondos se blanquearon a través de otros canales, como el Bar Franky, propiedad de Acciona, lo que complicaría aún más la línea entre legalidad y corrupción.
Inchaurrondo también trató de separar la definición de “mordidas” de la de comisiones, insistiendo en que el término mordidas es “puramente periodístico” y no refleja la realidad legal de los contratos.
Sin embargo, según los informes oficiales, la confusión entre las denominaciones no exime de responsabilidad a quienes gestionan adjudicaciones con posibles conflictos de interés.
El 45% de participación de Cerdán en Servinabar, junto con la intermediación en adjudicaciones públicas, plantea dudas sobre la independencia y transparencia de los procesos de contratación, así como sobre la utilización de recursos empresariales para beneficios personales.
El caso también tiene implicaciones laborales, pues Servinabar empleó a familiares de Cerdán, incluidos su esposa, hermana y cuñado, durante un periodo de meses.
La UCO señala que no está claro si los trabajos se realizaron efectivamente, lo que suma un posible uso irregular de los recursos de la empresa.
“La diferencia es que esto era una empresa privada, una cooperativa de la empresa Servinabar, pero que facturaba gracias a los amaños que realizaba Santos Cerdán con las adjudicaciones de obra pública”,
explicó un especialista en análisis político y económico, destacando la gravedad de la situación.
La polémica pone de relieve la tensión entre periodismo, política y gestión pública. Por un lado, Inchaurrondo defendió lo que consideró un procedimiento legítimo dentro de la normativa contractual;
por otro, Cantera y otros críticos señalaron que la defensa mediática de un presunto corrupto en televisión pública socava la confianza ciudadana y dificulta la fiscalización de los actos del gobierno y del partido.
La participación de medios pagados con fondos públicos añade un elemento de responsabilidad ética que ha sido cuestionado intensamente.
Además, el caso de Cerdán evidencia cómo las estructuras partidistas pueden influir en adjudicaciones y decisiones económicas.
Cantera recordó que, según fuentes internas, los altos cargos del partido estaban al tanto de la conducta de Cerdán, y que estas advertencias no siempre fueron atendidas.
“Santos Cerdán mandaba en el Partido Socialista como si fuera el mismísimo Pedro Sánchez”, afirmó, señalando la concentración de poder que permitió la presunta obtención de beneficios personales a partir de contratos públicos.
El debate abierto por la intervención de Inchaurrondo expone los límites entre defensa mediática, responsabilidad profesional y complicidad indirecta.
Mientras se aclaran los detalles de los informes de la UCO y las investigaciones judiciales, persiste la preocupación sobre el uso de medios públicos para legitimar prácticas cuestionables y la necesidad de una supervisión más estricta de adjudicaciones y comisiones.
La polémica refleja, en última instancia, la complejidad del control de la ética en la política española y la interacción entre intereses personales, partidos políticos y medios de comunicación.
En conclusión, la defensa de Santos Cerdán por parte de Silvia Inchaurrondo ha generado un intenso debate sobre la transparencia,
la legalidad y la función de los medios públicos, en un contexto donde las investigaciones de la Guardia Civil y los informes oficiales ponen de relieve posibles irregularidades que podrían afectar tanto al ámbito empresarial como al político.
La controversia sigue abierta, y la sociedad espera respuestas claras sobre la legalidad de las comisiones, el uso de recursos empresariales y la implicación de los altos cargos en decisiones de adjudicación de obra pública.
