Juan Soto Ivars cuestiona la obligatoriedad de la baliza V16 en España, sugiriendo que alguien se ha beneficiado económicamente de su implementación.

El escritor Juan Soto Ivars ha puesto en el centro del debate la obligatoriedad de la baliza V16, cuestionando abiertamente los intereses que, a su juicio, se esconden tras su implementación en España.

En un vídeo que ha circulado en sus redes sociales, Soto Ivars desliza sospechas de presunta corrupción, afirmando que resulta inverosímil que millones de conductores estén obligados a adquirir un dispositivo sin que alguien obtenga un beneficio desmesurado.

“Yo tengo la impresión de que hoy queda un día menos para que estalle el caso baliza”, ha declarado con ironía, dejando claro que su crítica no se dirige a la tecnología en sí, sino al circuito económico que la rodea.

Soto Ivars ha ido más allá en sus afirmaciones, subrayando que “alguien se ha forrado” con este cambio normativo, destacando que la demanda masiva no es espontánea, sino impuesta por el Estado.

“No puede haber una demanda de un producto como la baliza en la que millones de conductores se ven obligados a comprarla y que no haya peña”, ha afirmado, sugiriendo que detrás de esta obligación podría haber intereses ocultos.

Esta situación, según él, se asemeja a otros episodios recientes en los que una compra obligatoria terminó rodeada de controversia.

“¿Quién será el Koldo de las balizas? Tiene que haber un Koldo de las balizas”, ha ironizado, haciendo alusión a casos de intermediación opaca del pasado.

Las críticas de Soto Ivars no se limitan solo a la presunta corrupción.

La baliza V16, que se volvió obligatoria desde el pasado 1 de enero, ha generado inquietud por su funcionamiento, ya que envía automáticamente la geolocalización del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este sistema, lejos de tranquilizar a los conductores, podría convertirse en un arma de doble filo, permitiendo que terceros accedan a la ubicación exacta de un coche detenido.

“Esto incrementa el riesgo de robos o asaltos en situaciones de vulnerabilidad”, advierte el autor, planteando serias dudas sobre la seguridad que debería ofrecer este dispositivo.

Desde la Asociación de Guardias Civiles JUCIL, ya han alertado sobre el compromiso a la seguridad ciudadana que representa el uso de la baliza V16.

“Estamos hablando de una rotunda inoperatividad en los primeros días de su implementación y de peligrosas puertas a la delincuencia”, han señalado, enfatizando que el dispositivo facilita la localización de conductores aislados, especialmente durante la noche o en carreteras secundarias.

“No solo se pone en riesgo la seguridad vial, sino también la seguridad de los ciudadanos”, han añadido.

En este contexto, las palabras de Juan Soto Ivars han encendido un debate candente sobre si la baliza V16 realmente responde al interés general o si, como él sugiere, hay quienes se benefician a costa de todos.

“Cuando la clase política fuerza la adquisición de un ‘cacharro’ por ley, la sospecha es legítima, especialmente si el beneficio privado aparece blindado por la normativa”, ha afirmado el escritor, instando a la ciudadanía a reflexionar sobre las implicaciones de esta medida.

La controversia se intensifica a medida que más voces se suman al debate.

Líderes políticos de diferentes partidos han comenzado a manifestar sus opiniones sobre la baliza V16.

Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en la implementación de esta normativa.

“Es fundamental que se aclare quién se beneficia de esta situación”, ha declarado, mientras que Santiago Abascal ha añadido que “la seguridad de los ciudadanos no puede estar supeditada a intereses económicos”.

En medio de este panorama, los conductores se encuentran en una encrucijada.

Muchos se sienten obligados a adquirir un dispositivo que, según algunos, podría poner en riesgo su seguridad.

“No entiendo cómo pueden obligarnos a comprar algo que no solo no queremos, sino que también puede ser peligroso”, ha comentado un conductor afectado que prefirió permanecer en el anonimato.

La baliza V16, que debería ser una herramienta para mejorar la seguridad vial, se ha convertido en símbolo de un debate más amplio sobre la ética y la transparencia en la política y la economía.

“Es hora de que los ciudadanos exijan respuestas y que se investiguen a fondo estos posibles casos de corrupción”, ha concluido Soto Ivars, dejando la puerta abierta a un futuro en el que la baliza V16 pueda ser revisada y, quizás, reformulada para realmente servir a los intereses de la población.

Así, el debate sobre la baliza V16 continúa, con la sociedad dividida entre quienes ven en ella una oportunidad para mejorar la seguridad y quienes, como Juan Soto Ivars, ven en su obligatoriedad una posible puerta a la corrupción y el abuso de poder.