Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, comparece ante el parlamento para evaluar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024.
En una sesión parlamentaria marcada por la tensión política y las acusaciones cruzadas, Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ofreció un testimonio detallado sobre la actuación del Gobierno central durante la tragedia del 29 de octubre de 2024.
Su intervención, solicitada por el grupo parlamentario Vox y encabezada por Gil Lázaro, centró la atención en lo que consideraron fallos
graves en la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la catástrofe, con implicaciones que todavía generan debate sobre responsabilidades y gestión de emergencias.
Durante su comparecencia, Mazón reconoció los errores cometidos por su administración y reiteró la responsabilidad asumida mediante su dimisión como presidente de la Generalitat.
Sin embargo, destacó la falta de autocrítica equivalente por parte del Gobierno central, afirmando que “nadie del gobierno de España, empezando por Pedro Sánchez, ha hecho lo mismo que yo”.
A lo largo de su intervención, Mazón respondió a las preguntas de Vox con claridad, otorgando un “sí” o “no” explícito a cada cuestión sobre la actuación de las autoridades nacionales antes, durante y después de la catástrofe.
Uno de los aspectos más controvertidos señalados fue la gestión de las obras hidráulicas en el Barranco del Pollo, consideradas por Mazón como fundamentales para mitigar los efectos de la tormenta.
Según su testimonio, la negativa a realizar estas obras fue motivada más por criterios ideológicos que por argumentos técnicos, y coincidió con un rechazo respaldado por la entonces ministra Teresa Rivera y por la ley de la huerta impulsada por Compromís.
“Si estas obras se hubieran realizado, la devastación sufrida ese día hubiera sido menor o incluso podría haberse evitado”, afirmó Mazón, respaldando su posición en el consenso científico existente.
La actuación del Gobierno central durante la jornada del 29 de octubre fue objeto de duras críticas.
Mazón señaló que se le desaconsejó solicitar el nivel tres de emergencia y expresó su convencimiento de que hubo intención de eludir responsabilidades: “Cada vez que lo pienso, estoy más convencido de que se nos engañó”.
También cuestionó la respuesta de la delegada del Gobierno y la coordinación con la Administración autonómica, señalando la falta de información en tiempo real sobre el aumento de caudales y la paralización de carreteras y trenes que podrían haber salvado vidas.
En sus palabras, “durante 2 horas y media no hubo la más mínima noticia sobre el aumento de caudales, que causó la mayoría de la tragedia que asoló mi tierra”.
Mazón destacó además la tardanza en la movilización de recursos humanos y materiales, así como la negativa a aceptar ayuda internacional inmediata, como la oferta de 200 bomberos voluntarios de Francia.
Señaló que la ausencia de efectivos militares y policiales generó miedo en la población y contribuyó a los saqueos que se produjeron en las primeras noches tras la catástrofe.
Criticó también la falta de coordinación con la Administración autonómica en la reconstrucción, la demora en la entrega de ayudas a las víctimas y la insuficiente sensibilidad fiscal hacia autónomos y empresas afectadas.
Sobre la actitud de las autoridades nacionales en relación con los actos protocolarios posteriores, Mazón señaló que consideró correcto acompañar a las víctimas y autoridades locales, a diferencia de la ausencia del presidente del Gobierno en ciertos eventos clave.
Además, cuestionó la gestión del Ministerio del Interior y de la ministra Morán, quien según él se negó a atender comunicaciones críticas, dificultando la colaboración entre el gobierno central y la Generalitat para la reconstrucción.
Mazón también abordó la cuestión de la atención a las víctimas, subrayando la necesidad de un trato equitativo y transparente para todas las asociaciones afectadas.
Rechazó la idea de seleccionar a quién se atiende y reiteró su compromiso de ofrecer explicaciones directas y apoyo a todas las personas afectadas por la catástrofe, sin excepción.
A lo largo de su comparecencia, Mazón dejó claro que la responsabilidad última sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno central recae en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que corresponde a sus miembros asumir las consecuencias políticas de sus actuaciones.
Sin embargo, insistió en que su papel era ofrecer un relato detallado y veraz de los hechos vividos en Valencia, con el objetivo de que la ciudadanía pueda extraer sus propias conclusiones.
En términos generales, el testimonio de Mazón evidenció un contraste significativo entre la actuación de la Generalitat y la respuesta del Gobierno central, mostrando deficiencias en la planificación, comunicación y ejecución de medidas de emergencia.
Sus declaraciones también subrayaron la importancia de las obras de infraestructura y los sistemas de alerta temprana para prevenir tragedias futuras, así como la necesidad de colaboración efectiva entre administraciones en contextos críticos.
La comparecencia se cerró con un reconocimiento de Mazón sobre la complejidad de las responsabilidades y la dificultad de catalogar como
diligentes o negligentes a determinados actores, pero dejando entrever que la inacción o retraso en la respuesta del Ejecutivo nacional tuvo un impacto directo en la magnitud de la catástrofe y en el sufrimiento de la población.
El debate generado por estas declaraciones promete mantener la atención sobre la gestión gubernamental en situaciones de emergencia y sobre la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
En conclusión, la intervención de Mazón reabre la discusión sobre la eficacia de la coordinación entre administraciones y el cumplimiento de protocolos de seguridad, al mismo tiempo que plantea interrogantes sobre las decisiones políticas adoptadas antes y durante la tragedia.
Su testimonio detallado y contundente ofrece elementos para evaluar la actuación de cada responsable, destacando la necesidad de
transparencia, planificación y compromiso institucional para evitar que sucesos similares vuelvan a afectar a la Comunidad Valenciana y a otras regiones del país.
