Julio Iglesias niega las acusaciones de abuso sexual presentadas por dos antiguas empleadas y decide defenderse públicamente difundiendo mensajes privados y audios que, según él, contradicen sus testimonios.
El caso que rodea a Julio Iglesias ha entrado en una nueva fase marcada por la exposición pública y la tensión jurídica.
Tras conocerse las denuncias de dos antiguas empleadas que le acusan de presuntos abusos sexuales ocurridos en 2021 en residencias del artista en el Caribe, el cantante ha decidido defenderse de forma activa difundiendo mensajes privados y documentos que, según sostiene, cuestionan la versión de las denunciantes.
La investigación, abierta por la Fiscalía española por hechos presuntamente cometidos por un ciudadano español en el extranjero, continúa su curso mientras el debate se traslada también al espacio público.
Las acusaciones, calificadas de extrema gravedad, fueron presentadas por una fisioterapeuta y una empleada doméstica que trabajaron para el cantante.
Ambas relataron episodios de abuso ocurridos durante su jornada laboral.
Desde el primer momento, el entorno de Julio Iglesias negó los hechos, insistiendo en que se trata de “acusaciones falsas” y subrayando que el artista siempre ha mantenido relaciones profesionales y personales “basadas en el respeto”.
Ante la imposibilidad de personarse directamente en la causa, después de que la Audiencia Nacional rechazara una de sus solicitudes procesales, Iglesias optó por hacer pública su estrategia de defensa a través de redes sociales.
En un comunicado difundido desde su entorno, el cantante afirmó: «Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho de defensa y demostrar la absoluta falsedad de los hechos denunciados».
En el mismo texto, expresó su malestar por no haber tenido acceso completo a la denuncia y denunció una situación de indefensión: «Todo tiene un límite.
Es necesario exponer estas falsedades y contar la verdad».
Junto a ese comunicado, el artista publicó capturas de conversaciones de WhatsApp y fragmentos de audios que, según su versión, reflejan una relación cordial y afectuosa con las denunciantes tanto durante como después del periodo en el que sitúan los presuntos abusos.
Mensajes con despedidas cariñosas, felicitaciones de cumpleaños y expresiones de cercanía forman parte del material difundido.
Para Iglesias, estas comunicaciones demostrarían “contradicciones evidentes” en los testimonios de quienes ahora le acusan.
Sin embargo, la difusión de estos mensajes ha generado una fuerte polémica.
Juristas y especialistas en derecho penal advierten de que las denunciantes tienen la condición de testigos protegidos, lo que implica que cualquier acción que permita su identificación podría tener consecuencias legales.
Un analista jurídico consultado señaló que “la publicación de datos o mensajes que puedan revelar la identidad de testigos protegidos es un riesgo evidente y podría acarrear responsabilidades penales”.
Desde el ámbito legal también se subraya que la existencia de mensajes afectuosos posteriores no invalida automáticamente una denuncia por abuso.
Tal y como explican expertos en criminología, en este tipo de delitos es habitual que las relaciones personales continúen con aparente normalidad, especialmente cuando existe una relación de dependencia laboral o emocional.
“El contexto es clave y será la justicia quien determine el valor probatorio de estas conversaciones”, apuntan fuentes cercanas al procedimiento.
El propio debate ha sido abordado en espacios televisivos y radiofónicos, donde se insiste en la necesidad de respetar la presunción de inocencia sin restar gravedad a las denuncias.
“Estamos ante dos versiones completamente opuestas y solo los tribunales pueden esclarecer los hechos”, coincidieron varios comentaristas.
En ese sentido, se recuerda que los delitos de carácter sexual suelen carecer de pruebas directas y se apoyan en indicios, peritajes psicológicos y coherencia testimonial.
La estrategia de Julio Iglesias también ha sido cuestionada desde el punto de vista comunicativo.
Algunos observadores consideran que llevar la defensa al terreno mediático puede resultar contraproducente.
“Las pruebas deben presentarse en sede judicial, no en redes sociales”, señalan fuentes jurídicas, que alertan del peligro de que capturas de pantalla y audios descontextualizados sean interpretados como intentos de presión o descrédito.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo secreto en algunos de sus extremos.
La Fiscalía analiza los hechos denunciados, la competencia jurisdiccional y la validez de los elementos aportados por ambas partes.
En paralelo, organizaciones que acompañan a las denunciantes han reiterado la importancia de proteger a las víctimas y garantizar que puedan declarar sin sufrir exposición pública ni revictimización.
Julio Iglesias, por su parte, mantiene su postura de negación absoluta.
Desde su entorno se insiste en que el cantante confía en que la verdad se impondrá y en que “toda esta situación se aclarará en los tribunales”.
Al mismo tiempo, recalcan que el artista se siente profundamente afectado por el impacto personal y reputacional del caso.
El proceso, aún en una fase inicial, se perfila largo y complejo.
La batalla legal se libra en los juzgados, pero también en la opinión pública, donde conviven la defensa de la presunción de inocencia y la exigencia de que las denuncias por abusos sean investigadas con rigor.
En ese delicado equilibrio se mueve un caso que, por la relevancia internacional del artista y la gravedad de los hechos denunciados, seguirá bajo el foco mediático durante los próximos meses.
