Solicita personarse en la investigación y el archivo de la misma por falta de competencia

La defensa legal de Julio Iglesias ha dado un paso firme en respuesta a las diligencias de investigación preprocesales abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por dos antiguas empleadas por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.

Mediante un escrito remitido al Ministerio Público, el equipo jurídico del cantante solicita formalmente personarse en la investigación y reclama el archivo inmediato de las actuaciones al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos denunciados.

El documento, elaborado por el abogado José Antonio Choclán, sostiene que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no es competente para conocer de unos hechos que, según lo publicado, habrían ocurrido fuera del territorio español.

En ese sentido, la defensa subraya que “los tribunales españoles carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”, por lo que, a su juicio, el Ministerio Público “debe archivar esas diligencias sin más trámite”.

Desde el inicio del escrito, la representación de Julio Iglesias insiste en que las acusaciones son falsas y denuncia una vulneración grave de su derecho al honor.

Aunque en la información periodística en la que se relatan los supuestos hechos no se revela la identidad de las dos denunciantes, el abogado afirma que estas son “perfectamente identificables a partir de la información proporcionada por el medio de comunicación”, circunstancia que, según la defensa, agrava el daño reputacional sufrido por el artista.

Uno de los ejes centrales del escrito es la exigencia de que Julio Iglesias pueda ejercer plenamente su derecho de defensa desde esta fase inicial.

Choclán considera “obvio” que el denunciado debe tener acceso directo al contenido íntegro de la denuncia mediante su personación en las diligencias preprocesales, incluso aunque todavía no exista un procedimiento judicial formalmente incoado.

“Debe poder intervenir de manera activa, con independencia de cual fuere el desenlace de estas actuaciones”, sostiene el letrado.

En esta línea, el abogado advierte de que, si la Fiscalía decidiera tomar declaración a las denunciantes, la defensa de Iglesias tendría que intervenir “inexorablemente” en dichos interrogatorios.

El objetivo, señala, no sería otro que “acreditar la falsedad de las imputaciones y defender su honor”.

La estrategia legal del cantante contempla, además, el ejercicio de todas las acciones legales que se consideren oportunas para proteger sus derechos fundamentales frente a lo que califica como “el ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas”.

“El daño reputacional no puede negarse”, lamenta el escrito, que hace referencia a la amplia repercusión internacional que ha tenido la noticia.

Según explica la defensa, el propio director del medio que publicó la información habría reconocido el alcance mundial de la publicación, una circunstancia que, a juicio del entorno legal del artista, intensifica los efectos de lo que denominan una “pena natural” al margen de cualquier proceso judicial.

En cuanto al fondo de la cuestión jurídica, la defensa de Julio Iglesias realiza un análisis detallado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular del artículo 23, que regula los supuestos de jurisdicción extraterritorial.

Si bien la norma contempla que los tribunales españoles puedan conocer de delitos cometidos fuera de España cuando los responsables sean españoles, el escrito subraya que el principio de territorialidad tiene prioridad.

Esto implica que solo cuando el Estado en el que presuntamente se cometieron los hechos no pueda o no quiera perseguirlos, cabría valorar la intervención de la jurisdicción española.

“Resulta evidente que ninguno de los delitos que incorpora la denuncia publicada pertenecen al repertorio de aquellas infracciones penales que pueden ser perseguidas por los tribunales españoles sea cual fuere el lugar de comisión”, argumenta el abogado.

A ello añade que “también resulta notorio que las víctimas no son españolas ni residen habitualmente en España”, por lo que la sola nacionalidad del denunciado no sería suficiente para atribuir competencia a los tribunales españoles.

El escrito va más allá y precisa que, para que el asunto pudiera ser investigado en España, el Estado con jurisdicción preferente debería rechazar expresamente conocer de los hechos o declarar que no puede perseguirlos.

Según la defensa, no basta con constatar que en países como República Dominicana o Bahamas no existan investigaciones abiertas sobre los mismos hechos.

“La jurisprudencia ha negado que asista a cualquier denunciante extranjera un derecho de opción en la búsqueda de la jurisdicción que le resulte más conveniente”, recalca Choclán.

En consecuencia, la defensa conmina a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a trasladar a las exempleadas que, si así lo consideran, deben presentar su denuncia ante los tribunales del lugar que tiene competencia preferente conforme a las normas de derecho internacional.

El escrito insiste en que “la ley penal española solo se aplica en territorio español, con relación a delitos cometidos en España”, y recuerda que la aplicación extraterritorial del derecho penal es excepcional, ya que de lo contrario se invadiría la soberanía del Estado donde habrían ocurrido los hechos.

“No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal”, advierte el abogado, en uno de los pasajes más contundentes del documento.

En este contexto, la defensa también dirige sus críticas a la organización Women’s Link Worldwide, que presta apoyo legal a las denunciantes, a la que acusa de haber elegido España como escenario para presentar la denuncia con el objetivo de encontrar un marco “más favorable a sus intereses” y de maximizar el impacto mediático del caso.

Mientras la Fiscalía estudia el escrito y decide los próximos pasos, el entorno de Julio Iglesias mantiene una postura de negación absoluta de los hechos y de firmeza jurídica.

La estrategia pasa por frenar la investigación en España, defender públicamente la honorabilidad del artista y dejar constancia de que, a su juicio, cualquier actuación fuera del marco competencial supondría un grave precedente en materia de jurisdicción penal internacional.