El cantante ha utilizado su perfil de Instagram para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él

El cantante Julio Iglesias, de 82 años, ha decidido romper su silencio y defenderse públicamente tras las graves acusaciones formuladas por dos de sus antiguas empleadas, quienes le señalan por presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021 durante el tiempo en que trabajaron para él en régimen interno en sus residencias del Caribe.

Ante la imposibilidad de intervenir formalmente en la investigación abierta por la Fiscalía española, el artista ha optado por utilizar su perfil personal de Instagram como altavoz para exponer lo que considera pruebas claras de la falsedad de las denuncias.

La polémica estalló cuando una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguraron haber sido víctimas de agresiones sexuales, presiones y vejaciones físicas y verbales mientras trabajaban para el cantante.

Los testimonios describían con detalle supuestos episodios de extrema gravedad, lo que llevó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a abrir diligencias de investigación para analizar los hechos denunciados.

Desde el primer momento, el equipo legal de Iglesias negó rotundamente las acusaciones y solicitó que el cantante pudiera intervenir en el procedimiento para defender su honor.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó esta petición al considerar que, en la fase preprocesal en la que se encuentra la investigación, Julio Iglesias no puede personarse ni intervenir directamente.

Esta decisión provocó una reacción inmediata del artista, que expresó públicamente su desacuerdo.

A través de sus redes sociales, Iglesias publicó un comunicado en el que explicó los motivos de su actuación: “Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”.

En el mismo mensaje, el cantante insistió en que la única vía que le quedaba para defenderse era hacerlo ante la opinión pública.

“Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, escribió, antes de asegurar que dispone de pruebas que desmontan el relato de las denunciantes.

Según Iglesias, “la evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”.

Junto a este comunicado, el artista publicó una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas mantenidas con sus exempleadas.

En los mensajes, de tono afectuoso y respetuoso, se pueden leer frases como: “Te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición”, “Hola profesor, cuando me necesites me llamas, estoy pendiente” o “Espero no molestarlo con mi breve mensaje.

Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden”.

Para Iglesias, estos textos evidencian una relación profesional cordial y voluntaria, incompatible —según su versión— con los hechos denunciados.

El cantante fue más allá en su comunicado y lanzó una dura reflexión sobre el impacto mediático del caso.

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas.

Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, afirmó, antes de señalar que se siente sometido a una “manipulación mediática” que ha causado un grave daño a su reputación personal y profesional.

La publicación de estos mensajes ha reabierto el debate jurídico sobre la validez de las conversaciones privadas como prueba en un eventual proceso penal.

Expertos en derecho penal recuerdan que, en términos generales, las comunicaciones entre dos personas pueden ser admitidas como prueba siempre que quien las aporta sea parte directa de la conversación, como ocurre en este caso.

No obstante, cualquier valoración definitiva dependería de que las diligencias evolucionen hacia una causa penal formal y de las circunstancias concretas en las que se analicen dichas pruebas.

Otro aspecto que ha generado controversia es la decisión de Julio Iglesias de hacer públicos los nombres y apellidos de las denunciantes, quienes inicialmente preferían mantenerse en el anonimato.

Aunque no existen sanciones automáticas por este tipo de publicaciones, la difusión de datos personales podría plantear posibles conflictos con la normativa de protección de datos o con determinadas normas procesales, una cuestión que podría ser objeto de análisis jurídico en el futuro.

Paralelamente, la defensa del cantante ha solicitado el archivo de las diligencias al considerar que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar los hechos denunciados.

Según el escrito presentado por su equipo legal, las supuestas agresiones habrían ocurrido fuera de España, las denunciantes no son españolas ni menores de edad y el artista reside habitualmente en Punta Cana.

En este contexto, el abogado de Iglesias argumenta que la denuncia debería haberse presentado en la República Dominicana y critica que se haya optado por la vía española, lo que, a su juicio, ha alimentado una intensa campaña mediática con un alto impacto reputacional.

Mientras la Fiscalía analiza tanto la competencia jurisdiccional como el fondo de las acusaciones, Julio Iglesias mantiene una postura firme y combativa.

Convencido de su inocencia, ha decidido exponer públicamente su versión de los hechos y mostrar aquello que considera pruebas de su buena fe.

Su estrategia, arriesgada y sin precedentes recientes en su trayectoria, refleja la magnitud de una crisis que ha sacudido la imagen de uno de los artistas españoles más internacionales y ha colocado su nombre en el centro de uno de los casos más delicados del panorama mediático actual.

El desenlace de la investigación sigue siendo incierto.

Por ahora, el cantante insiste en que la verdad acabará imponiéndose y en que su actuación responde únicamente a la necesidad de defender su honor ante unas acusaciones que califica de absolutamente falsas.

En medio del ruido mediático, el caso continúa abierto y bajo la atenta mirada de la opinión pública.