El Consejo de Europa ha advertido sobre el deterioro del estado de derecho en España, señalando la preocupación por la imparcialidad del Tribunal Supremo y la injerencia política en las decisiones judiciales.
El Consejo de Europa ha emitido un contundente aviso sobre el deterioro del estado de derecho en España, señalando la creciente preocupación por la imparcialidad del Tribunal Supremo en el contexto del caso del fiscal general Álvaro García Ortiz.
En un comunicado reciente, las ponentes Valentina Grippo y Elvira Kovács, encargadas de evaluar la salud democrática del país, han subrayado que “el respeto a las decisiones judiciales es un principio fundamental”
y han advertido que ninguna democracia puede permitirse que “el debate público quede secuestrado por narrativas que socavan la confianza en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial”.
La polarización política en España ha alcanzado niveles alarmantes, donde las declaraciones de varios miembros del Gobierno y sus aliados han insinuado una supuesta motivación política detrás de las decisiones judiciales.
“La injerencia política y los ataques del Gobierno contra la Justicia han puesto en evidencia la fragilidad institucional de España”, afirmaron Grippo y Kovács durante su visita a Madrid y Barcelona, donde se reunieron con altos representantes institucionales, incluido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
Sin embargo, a pesar de la relevancia de su misión, la falta de atención por parte de ministros del Gobierno, como Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, quienes no se reunieron personalmente con las ponentes, ha generado un ambiente de desconfianza y falta de transparencia.
“Este gesto refuerza la percepción de que existe una falta de colaboración por parte del Ejecutivo”, señalaron las ponentes, quienes se vieron obligadas a conformarse con reuniones con funcionarios de menor rango.
El informe que las ponentes presentarán en el primer semestre de 2026 no promete buenas noticias para el presidente Pedro Sánchez. En su comunicado, han denunciado el deterioro del clima institucional y la necesidad urgente de garantizar la independencia judicial.
“Es esencial reforzar el Consejo General del Poder Judicial y aplicar sin demora las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco)”, subrayaron, recordando que España ha incumplido reiteradamente estas recomendaciones desde 2019.
La última evaluación publicada en agosto reveló que España seguía sin cumplir íntegramente ninguna de las 19 recomendaciones planteadas por Greco. Este incumplimiento ha llamado la atención de la comunidad internacional, que observa con preocupación la situación en el país.
“El respeto a la Justicia no es negociable”, enfatizaron Grippo y Kovács, instando a las autoridades españolas a corregir con urgencia los déficits que amenazan la democracia.
La advertencia del Consejo de Europa llega en un momento crítico, donde la imagen del Gobierno de Sánchez se ve afectada por las críticas internacionales.
La polarización política, alimentada por las tensiones entre los diferentes partidos, ha llevado a una atmósfera de desconfianza hacia las instituciones.
Líderes políticos como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han expresado sus preocupaciones sobre la independencia judicial, mientras que otros, como Pablo Iglesias e Irene Montero, han defendido la necesidad de reformar el sistema judicial.
“Es fundamental que se restablezca la confianza en el sistema judicial”, declaró Díaz Ayuso, quien ha sido una voz crítica en este debate. Por otro lado, Abascal afirmó:
“La independencia de la Justicia es un pilar esencial de nuestra democracia y no debe ser comprometida por intereses políticos”.
La situación actual plantea un desafío considerable para el Gobierno, que debe encontrar un equilibrio entre la política y la justicia. La falta de acción podría resultar en un mayor deterioro de la confianza pública en las instituciones.
“La política no puede interferir en el funcionamiento de la Justicia”, advirtió Kovács, destacando la necesidad de que las decisiones judiciales sean respetadas sin reservas.
A medida que se acerca la presentación del informe en 2026, las expectativas son altas. La comunidad internacional estará atenta a las acciones que tome el Gobierno para abordar las preocupaciones planteadas por el Consejo de Europa.
“La salud democrática de España depende de la capacidad de sus instituciones para funcionar de manera independiente y efectiva”, concluyeron las ponentes.
En resumen, la advertencia del Consejo de Europa es un llamado a la acción para que España refuerce su compromiso con el estado de derecho y la independencia judicial.
La situación actual no solo afecta la imagen del Gobierno, sino que también pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en su sistema democrático.
La urgencia de abordar estos problemas es evidente, y el futuro de la democracia en España podría depender de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
