La defensa argumenta que la decisión del juez Peinado ignora los criterios de la Audiencia Provincial y sostiene que no existen pruebas de malversación
En una nueva vuelta de tuerca del caso que mantiene en vilo a la opinión pública, la asesora de Begoña Gómez ha recurrido la decisión del juez Peinado de que su juicio por presunta malversación se celebre con jurado popular.
La defensa sostiene que la medida vulnera criterios establecidos por la Audiencia Provincial y que, hasta la fecha, no existen pruebas sólidas que acrediten la comisión del delito.
El recurso presentado ante el tribunal argumenta que la decisión del juez “ignora los precedentes judiciales y los estándares de la Audiencia Provincial en materia de selección de casos con jurado”.
Según los abogados de la acusada, la complejidad del asunto y la ausencia de indicios claros de malversación hacen que un juicio con jurado no sea la vía adecuada.
“No estamos hablando de un caso común”, señaló uno de los letrados en declaraciones a los medios. “Exigir un jurado en un procedimiento con documentación compleja y criterios técnicos puede inducir a errores y malentendidos que perjudiquen a la acusada”.
El juez Peinado, por su parte, mantiene que la gravedad de los hechos y la relevancia pública del caso justifican la intervención de un jurado popular.
En la resolución que dio pie al juicio, el magistrado argumentaba que la acusada habría participado en la gestión irregular de fondos, una circunstancia que, según él, afecta a la confianza ciudadana y merece un escrutinio más amplio.
En conversación con su equipo, la asesora de Gómez expresó su preocupación: “Siento que esto se está convirtiendo en un espectáculo mediático antes que en un proceso judicial justo.
No quiero que mi vida quede expuesta a un juicio público sin fundamento”.
Su defensa apunta a que la figura del jurado, aunque válida en otros contextos, puede ser inapropiada cuando se trata de analizar documentos contables y procedimientos administrativos altamente técnicos.
Uno de los abogados explicó en detalle a la prensa: “El problema no es solo la complejidad del caso, sino la interpretación que podría hacer un jurado sin conocimientos especializados.
La malversación requiere un análisis detallado de flujos de fondos, actas y contratos, y eso no es algo que se pueda resumir en términos simples para una decisión popular”.
Mientras tanto, en los pasillos del tribunal, se percibe un ambiente de expectación. Los pasantes y periodistas que cubren la causa comentan entre susurros sobre la estrategia de la defensa: “Están jugando fuerte desde el primer momento.
El recurso podría cambiar completamente la manera en que se llevará a cabo el juicio”, señaló un observador judicial.
El caso tiene una gran repercusión mediática, no solo por la implicación de la asesora de Begoña Gómez, sino también por la atención que generan los fondos públicos y la transparencia en la gestión administrativa.
La ciudadanía sigue de cerca el desarrollo del proceso, y la decisión sobre la forma del juicio podría marcar un precedente importante para casos similares en el futuro.
La acusada se reunió con su equipo legal en una sala del tribunal para discutir los próximos pasos: “No podemos permitir que se nos imponga un procedimiento que complique la defensa sin necesidad.
Hay que pelear cada punto”, afirmó con determinación. Uno de los abogados añadió: “El recurso busca proteger los derechos de nuestra clienta y garantizar un juicio justo, como exige la ley”.
Por su parte, la fiscalía defiende la postura del juez Peinado.
Argumentan que la complejidad técnica no excluye la participación del jurado, y que la implicación de fondos públicos y la relevancia política del caso justifican que la ciudadanía tenga un papel directo en la evaluación del mismo.
“El jurado no es un obstáculo, sino un mecanismo de legitimidad democrática en un proceso que tiene un alto interés público”, aseguró un representante de la Fiscalía.
En paralelo, en los medios de comunicación y redes sociales, se han generado debates acalorados sobre la idoneidad de los juicios con jurado en casos de malversación y corrupción administrativa.
Algunos expertos coinciden con la defensa en que el conocimiento técnico necesario podría hacer que un jurado común no llegue a conclusiones precisas, mientras otros señalan que el componente político y social de la causa hace que la presencia del jurado sea inevitable.
Mientras se espera la resolución del tribunal sobre el recurso, la asesora de Gómez continúa con su rutina diaria, pero visiblemente afectada por la presión.
“Es difícil concentrarse en el trabajo cuando sabes que tu destino judicial está en manos de un jurado y de decisiones que pueden ser influenciadas por la percepción pública”, confesó a su círculo más cercano.
El tribunal aún no ha fijado fecha para resolver el recurso, pero los próximos días serán decisivos.
La defensa confía en que se reconozca la complejidad técnica del caso y se opte por un procedimiento ordinario sin jurado, mientras que la Fiscalía y el juez Peinado mantienen que el jurado es un elemento esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso.
Con la presión mediática y la atención pública en aumento, este caso se perfila como uno de los más observados del año, y su desenlace podría influir en cómo se manejan futuros procesos de malversación que involucren figuras políticas o asesoras de alto perfil.
Entre estrategias legales, debates mediáticos y la expectación ciudadana, la decisión sobre el jurado promete ser un momento clave en el desarrollo judicial de la causa.
En definitiva, mientras la batalla legal se intensifica, todos los ojos permanecen puestos en el tribunal, a la espera de una resolución que podría cambiar el rumbo del juicio y determinar el futuro de la acusada en un contexto marcado por la tensión, la política y la vigilancia pública.
