Silvia Intxaurrondo ha presentado una demanda contra RTVE por no aceptar sus condiciones laborales previas como profesional externa, lo que ha generado un conflicto con los trabajadores de la corporación.
La tensión ha alcanzado niveles críticos dentro de RTVE tras la demanda presentada por la presentadora Silvia Intxaurrondo contra la Corporación.
Intxaurrondo argumenta que las nuevas condiciones laborales impuestas no se ajustan a sus expectativas, lo que ha desatado una ola de protestas entre los trabajadores, organizados a través del sindicato USO.
Este conflicto laboral ha puesto de manifiesto la lucha por la igualdad de condiciones en un entorno en el que muchos consideran que la presentadora busca privilegios salariales que están fuera del marco legal.
“Es inaceptable que una sola persona intente imponer condiciones que ningún otro profesional de RTVE puede percibir por la misma función”, declara un portavoz de USO.
En un comunicado contundente, el sindicato ha denunciado que la actitud de Intxaurrondo es un intento claro de obtener un trato preferente, lo que, según ellos, representa “un agravio ético” hacia los demás trabajadores que cumplen con un convenio colectivo aprobado y auditado.
El origen del conflicto se remonta a la transición de “La Hora de La 1” a ser una producción interna de RTVE.
Hasta ese momento, Intxaurrondo había trabajado como profesional externa, facturando a través de su empresa Sukun Comunicación S.L. cifras que alcanzan hasta 269.000 euros anuales.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 2023 cuando una inspección de trabajo determinó que debía ser dada de alta como trabajadora.
Esto obligó a RTVE a ofrecerle un contrato como personal no fijo, con un salario acorde al convenio colectivo, que se sitúa en torno a los 45.000 euros más pluses.
“Nosotros, como trabajadores, hemos cumplido siempre con las normas establecidas. No podemos permitir que se rompa la coherencia salarial en el sector público”, advierte el representante del sindicato.
La Corporación ya había advertido a Intxaurrondo que debía acogerse a las mismas reglas que el resto de sus compañeros.
Además del recorte económico, la presentadora ha perdido beneficios que disfrutaba como profesional externa, tales como el reembolso de desplazamientos y la autonomía total en la creación de contenido.
A pesar de estas advertencias, Intxaurrondo ha decidido llevar su caso a los tribunales, buscando mantener su anterior sueldo y un estatus que, según los trabajadores, nunca ha sido accesible para el resto del personal.
“No se trata solo de un tema salarial, sino de respeto y dignidad en el trabajo”, enfatiza un miembro de USO, quien agrega que “la Inspección de Trabajo ya ha señalado la existencia de una relación laboral encubierta”.
La reacción de los trabajadores ha sido firme. En su comunicado, USO exige que se defienda a la plantilla y advierte que no aceptará presiones para romper la igualdad de trato en el ámbito laboral.
“RTVE no puede vulnerar su marco jurídico ni abrir la puerta a excepciones que pongan por encima a quienes nunca estuvieron sometidos a las reglas que sí obligan a quienes sostienen esta Corporación con su trabajo y compromiso”, afirman.
El conflicto ha atraído la atención de los principales líderes políticos, quienes han expresado su preocupación por la situación en RTVE.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comentado: “Es fundamental que se respete la igualdad en el ámbito laboral. No podemos permitir que se creen dos categorías de trabajadores en una institución pública”.
Santiago Abascal, líder de VOX, también ha criticado la situación, afirmando que “los privilegios no tienen cabida en un servicio público”.
La situación se complica aún más si se considera el contexto en el que se desarrolla. La relación entre RTVE y sus trabajadores ha sido históricamente tensa, y este nuevo episodio solo añade leña al fuego.
“Es un momento crítico para RTVE; necesitamos que se respete la ley y se mantenga la cohesión entre todos los trabajadores”, concluye un portavoz del sindicato.
A medida que avanza el conflicto, la presión sobre RTVE para actuar de manera justa y equitativa crece. La demanda de Intxaurrondo no solo cuestiona su relación laboral, sino que también plantea preguntas sobre los principios de igualdad y justicia en el sector público.
Con la mirada atenta de la sociedad y los medios, el desenlace de esta controversia podría sentar un precedente importante para el futuro de las relaciones laborales en RTVE y, potencialmente, en otras instituciones públicas en España.
