El fiscal general Álvaro García Ortiz queda acorralado tras revelarse que borró de forma deliberada datos clave durante la investigación por la filtración sobre Ayuso, desatando un escándalo que sacude al Gobierno y pone en duda la integridad de las instituciones.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de un escándalo que podría tener graves repercusiones legales y políticas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe devastador que confirma que García Ortiz borró
intencionadamente su móvil y su cuenta de correo electrónico justo cuando la Justicia comenzaba a investigarlo por la filtración de un correo confidencial relacionado con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este acto ha dejado al fiscal general contra las cuerdas, enfrentándose a una acusación que podría acarrearle hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una multa que supera los 400.000 euros.
El informe de la UCO detalla un proceso de eliminación metódico y planificado. Según los investigadores, el 16 de octubre de 2024, García Ortiz eliminó todos sus mensajes de WhatsApp y su cuenta personal de Gmail.
Solo una semana después, cambió de teléfono móvil, reemplazando su Samsung A52 por un A54.
Sin embargo, lo que resulta aún más inquietante es que esa misma noche volvió a utilizar su antiguo terminal, un movimiento que los investigadores interpretan como un intento de ocultar rastros tras un formateo fallido.
Los expertos en delitos informáticos de la Guardia Civil han confirmado que el borrado fue total y que “no ha podido recuperarse ni un solo mensaje relevante”, admitieron ante el tribunal. Las comisiones rogatorias internacionales tampoco han arrojado resultados positivos.
El análisis forense posterior reveló más de 1.500 registros nuevos tras el formateo, lo que refuerza la tesis de que hubo un borrado sistemático y premeditado. “No se trata de una pérdida de información; se trata de una destrucción voluntaria”, afirmaron los agentes.
La defensa del fiscal general ha intentado justificar lo que parece injustificable.
García Ortiz ha argumentado que ha cambiado de teléfono hasta seis veces desde que asumió su cargo y que el borrado de datos responde a una “obligación de seguridad” para proteger información sensible de la Fiscalía.
Sin embargo, esta versión no ha convencido a los investigadores.
La UCO sostiene que la información eliminada era crucial para esclarecer la filtración que salpica directamente a García Ortiz y, por extensión, a Moncloa, dado que el fiscal es uno de los principales aliados judiciales de Pedro Sánchez.
Durante el juicio, algunos periodistas han intentado desvincular a García Ortiz del escándalo, sugiriendo que sus fuentes no procedían de la Fiscalía General, sino de instancias inferiores.
Sin embargo, los agentes de la UCO han sido claros: “Nada se filtró sin pasar antes por las manos del fiscal general”.
La situación se complica aún más con la evidencia de que los teléfonos y correos han sido “limpiados” hasta el último byte, lo que convierte la sombra de la sospecha en certeza.
La UCO ha dejado claro que ha habido un borrado, una ocultación y una voluntad deliberada de destruir pruebas.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones, especialmente en un momento en que la credibilidad del sistema judicial está siendo cuestionada.
La presión política sobre Pedro Sánchez aumenta, ya que la implicación de su fiscal general podría tener consecuencias devastadoras para su gobierno.
El escándalo ha provocado reacciones inmediatas de varios líderes políticos.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado: “Es inaceptable que quien debe velar por la justicia esté involucrado en un escándalo de esta magnitud. La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes”.
Santiago Abascal, líder de VOX, ha exigido la dimisión de García Ortiz, afirmando que “la corrupción y el encubrimiento no tienen cabida en nuestra democracia”.
Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha señalado que “este caso es un reflejo de la falta de transparencia y ética en las instituciones”.
La oposición ha aprovechado la ocasión para criticar la gestión del gobierno, señalando que la confianza en el sistema judicial está en juego. “No podemos permitir que un escándalo así quede impune”, ha afirmado Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos.
Mientras tanto, el fiscal general se aferra a su cargo, insistiendo en su inocencia y en que la verdad saldrá a la luz. “He actuado siempre con la máxima transparencia y respeto a la ley”, ha declarado García Ortiz en un intento de calmar las aguas.
Sin embargo, la percepción pública es otra. La ciudadanía está cada vez más inquieta ante la posibilidad de que quienes deben proteger la justicia estén, en cambio, implicados en actos delictivos.
Este escándalo no solo afecta a la figura del fiscal general, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones españolas. La UCO ha advertido que el caso está lejos de cerrarse y que seguirán investigando todas las líneas posibles.
La presión sobre García Ortiz aumenta, y con ella, la tensión en el gobierno de Sánchez.
A medida que avanza la investigación, la opinión pública observa con atención. Las redes sociales se han inundado de comentarios y especulaciones, y muchos ciudadanos exigen una respuesta firme y clara.
“La justicia debe ser igual para todos”, es un lema que resuena con fuerza en este contexto.
En conclusión, el escándalo que rodea al fiscal general Álvaro García Ortiz es un recordatorio escalofriante de cómo la corrupción y la falta de ética pueden infiltrarse en las instituciones.
La UCO ha puesto al descubierto un caso que podría cambiar el rumbo de la política española y que, sin duda, dejará una huella indeleble en la historia reciente del país. La sociedad exige justicia y transparencia, y el tiempo dirá si se cumplirán estas demandas.
