Leire Díez ha sido detenida junto a Vicente Fernández en una operación de la Guardia Civil por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
La reciente detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ha estallado como un misil político directo contra María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y su histórica protectora dentro del PSOE.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha arrestado a Fernández y a la exmilitante socialista Leire Díez en el marco de una investigación bajo secreto de sumario que examina presuntas irregularidades en contratos de la SEPI.
Este escándalo vuelve a poner en el punto de mira la red de cargos de confianza que Montero ha promovido durante años y plantea serias preguntas sobre su gestión y ética política.
La trayectoria de Vicente Fernández está inextricablemente ligada a la de María Jesús Montero. Ambos se forjaron políticamente en la Junta de Andalucía, donde Montero ejercía como consejera de Hacienda mientras Fernández escalaba posiciones clave.
Fue precisamente Montero quien impulsó su llegada a la presidencia de la SEPI en 2018, poco después de que el PSOE asumiera el poder en La Moncloa. Sin embargo, su mandato fue breve.
En 2019, se vio obligado a dimitir tras la reanudación de una causa relacionada con la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Aunque la justicia lo exoneró una década después, el nuevo arresto lo coloca de nuevo en el centro de la tormenta, arrastrando consigo a su mentora política.
Después de su salida de la SEPI, Fernández se embarcó en un nuevo y polémico destino: la constructora Servinabar, vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y beneficiaria de contratos públicos millonarios.
Entre 2021 y 2023, mientras trabajaba en Servinabar, la empresa acumuló adjudicaciones por valor de 86 millones de euros, según diversas investigaciones.
Este entramado de relaciones y cargos socialistas salpica de lleno a María Jesús Montero, quien es señalada por haber promovido a alguien que ahora se encuentra atrapado en una causa judicial.
Las dudas también crecen en torno al patrimonio inmobiliario de Vicente Fernández, que actualmente está bajo investigación.
En agosto de 2018, justo después de que el PSOE llegara al Gobierno y de su nombramiento en la SEPI, adquirió una vivienda en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid, valorada en 1,4 millones de euros.
Desde entonces, su capacidad de compra se disparó. Fernández adquirió pisos de lujo en Marbella, plazas de garaje, trasteros y un chalet en la urbanización La Juliana.
Las cifras superan con creces lo que se esperaría de un cargo público, lo que deja a María Jesús Montero en una posición comprometida por haber colocado a Fernández en puestos de máxima responsabilidad.
La situación de la ministra se vuelve cada vez más incómoda. La detención de quien fue su mano derecha durante años reabre preguntas que el Gobierno preferiría no escuchar.
¿Por qué Montero lo impulsó repetidamente? ¿Por qué Fernández continuó vinculado a estructuras socialistas incluso después de su dimisión?
¿Cómo se puede explicar su incremento patrimonial sin una investigación rigurosa? Mientras la causa sigue bajo secreto de sumario, lo que está claro es que la vicepresidenta primera queda políticamente cercada por un escándalo que golpea directamente a su círculo más cercano.
Los líderes políticos de la oposición no han tardado en reaccionar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado duramente a Montero, afirmando que este escándalo es una muestra más de la corrupción que ha afectado al PSOE.
Santiago Abascal, líder de VOX, ha pedido la dimisión inmediata de la vicepresidenta, argumentando que su conexión con Fernández demuestra una falta de ética y responsabilidad.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado distanciarse del caso, asegurando que la justicia debe seguir su curso sin interferencias políticas.
El ambiente en el Gobierno es tenso, y María Jesús Montero se enfrenta a un creciente escrutinio.
Sus aliados dentro del PSOE están preocupados por las repercusiones que este escándalo podría tener en la imagen del partido, especialmente con las elecciones generales a la vista.
La ministra, que ha sido una figura clave en la formación del Gobierno de Sánchez, ahora se encuentra en una encrucijada.
La presión aumenta, y muchos se preguntan si podrá sobrevivir políticamente a este escándalo.
Mientras tanto, la opinión pública está atenta a los desarrollos de esta investigación. Los ciudadanos exigen transparencia y justicia, y el escándalo de Vicente Fernández podría ser solo la punta del iceberg en un sistema que muchos consideran corrupto.
Las redes sociales se han inundado de comentarios y memes sobre la situación, reflejando un descontento generalizado con la clase política.
En conclusión, la detención de Vicente Fernández no solo afecta su futuro, sino que también pone en jaque a María Jesús Montero y al propio Gobierno del PSOE. Con cada día que pasa, la presión aumenta y las preguntas sin respuesta se multiplican.
La política española se enfrenta a un nuevo escándalo que podría cambiar el rumbo de la historia reciente, y todos los ojos están puestos en cómo reaccionará Montero y qué consecuencias tendrá este caso para el futuro del PSOE.
