El Gobierno de Pedro Sánchez anunció un supuesto fondo soberano de 10.500 millones de euros financiado con fondos europeos Next Generation ante el fin próximo de las ayudas de la UE.
En un contexto político cada vez más tenso, el equipo de Pedro Sánchez ha presentado su última propuesta: la creación de un fondo soberano de 10,500 millones de euros.
Este anuncio, que busca generar un impacto positivo en la economía española, ha sido recibido con escepticismo por parte de expertos y economistas.
La razón detrás de esta iniciativa es clara: España se enfrenta a la inminente finalización de las ayudas europeas, y el gobierno busca alternativas para mantener el flujo de inversión.
Sánchez ha descrito este fondo como un hito para el país, denominándolo “España crece”.
Sin embargo, muchos analistas advierten que no cumple con los criterios de un fondo soberano genuino.
“Un fondo soberano real, como el de Noruega o Arabia Saudí, se nutre de la riqueza sobrante de un país”, señala Juan Ramón Rallo, economista.
“Aquí en España no tenemos ninguna de las tres cosas necesarias: recursos naturales, superávit presupuestario ni privatizaciones que puedan financiarlo”.
El fondo que propone Sánchez se sustentará en los fondos europeos Next Generation, los cuales aún no se han utilizado en su totalidad.
“Va a inyectar, en primer lugar, 10,500 millones de euros de estos fondos y posteriormente espera que las empresas privadas se animen a participar, llegando hasta los 120,000 millones”, explica Rallo.
Pero, ¿por qué se crea este fondo soberano? La respuesta parece ser una maniobra para evitar la pérdida de las ayudas de Bruselas antes de que caduquen en 2026, transformándolas en un instrumento de inversión.
“Lo que se vendió como una gran idea económica es, en realidad, un salvavidas para que la Unión Europea no nos quite el dinero que nos ha prestado”, añade Rallo.
El economista también destaca que la lista de inversiones que presentará Sánchez incluye sectores como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial y economía circular.
“No va a faltar en ningún asunto en lo que invertir ese fondo soberano”, afirma, recordando que esta retórica de competir en la “Champions League” de las economías mundiales no es nueva en la política española.
La conversación se torna crítica cuando Rallo pregunta: “Si había 10,500 millones de euros de fondos no generados para invertir, ¿por qué no se han invertido?”.
La respuesta es preocupante: “No tienen capacidad para invertirlo suficientemente rápido y entonces lo colocan en este fondo, que es una forma de diferir el momento en el que van a poder gastar o disponer de esos fondos”.
Esto revela una falta de planificación y eficiencia en la gestión del dinero público.
Rallo también critica la naturaleza del fondo soberano propuesto.
“Un fondo soberano debería invertir en activos internacionales globales para que el Estado obtenga rentabilidad sobre esos activos”, explica.
“Sin embargo, aquí lo que se va a hacer es utilizar estos 10,500 millones de euros para dar crédito blando a empresas privadas o conceder avales, lo que significa que si las empresas privadas invierten y ganan, se quedan con la rentabilidad.
Y si pierden, el ICO o este fondo soberano asume la pérdida”.
La incertidumbre sobre el futuro económico de España se intensifica cuando se considera la posibilidad de que el dinero de Europa deje de llegar.
“Uno de los motores del crecimiento económico español ha sido esta inyección de dinero público”, señala Rallo.
“Si estos motores se gripan, no se aventuran años tan positivos como los anteriores”.
El economista concluye su intervención con una advertencia clara: “El nuevo gobierno de PP y Vox ya ha dicho que tendrá una visión mucho más restrictiva con la inmigración, lo cual podría afectar gravemente al crecimiento económico”.
Con esto, se plantea un futuro incierto para la economía española, donde la dependencia de fondos europeos y la falta de una estrategia clara podrían llevar a un estancamiento.
Así, la propuesta del fondo soberano de Sánchez se presenta como una solución temporal a un problema estructural, dejando a la economía española en una situación vulnerable.
La falta de recursos propios y la dependencia de ayudas externas son cuestiones que el gobierno deberá abordar si realmente quiere impulsar un crecimiento sostenible y duradero.
