La Guardia Civil descubre un avión privado vinculado al PSOE durante una investigación por corrupción y blanqueo de capitales.
Dentro del jet se hallaron documentos, discos duros y cerca de 200,000 euros en efectivo, mientras se rastrean los vuelos internacionales y posibles conexiones con empresas y altos cargos del partido.
La Guardia Civil ha desatado una tormenta política al descubrir un avión privado vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el centro de una investigación por presunta corrupción y blanqueo de capitales.
Este hallazgo ha encendido todas las alarmas en el Ministerio del Interior y ha sacudido las altas esferas políticas del país.
Según fuentes cercanas a la unidad central operativa (UCO), los agentes localizaron y precintaron una lujosa aeronave que, presuntamente, ha sido utilizada para traslados no declarados y operaciones financieras encubiertas relacionadas con contratos públicos adjudicados en los últimos años.
La operación se llevó a cabo en un hangar privado del aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid, como parte de una investigación más amplia sobre movimientos irregulares de fondos estatales y tráfico de influencias.
Durante una inspección sorpresa en la madrugada del pasado jueves, la UCO, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y bajo mandato del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, descubrió la aeronave, así como documentación que podría resultar clave para el caso.
Este jet, un modelo Wolfstream G200, estaba registrado a nombre de una sociedad mercantil con sede en Navarra, vinculada indirectamente a Servinavar 2000, una empresa ya investigada por presuntas mordidas y adjudicaciones fraudulentas por parte de altos cargos del PSOE.
Dentro del avión se encontraron expedientes, discos duros, contratos y registros de vuelo internacionales que ahora están bajo custodia judicial.
Los agentes especializados en delitos económicos accedieron al hangar poco después de la medianoche, acompañados por técnicos aeronáuticos que revisaron cada compartimento.
Según el informe preliminar, la Guardia Civil halló una caja fuerte empotrada en el panel de mantenimiento del fuselaje que contenía documentación confidencial y una suma en efectivo cercana a 200,000 euros en billetes de alta denominación.
La aeronave había realizado más de 40 vuelos internacionales en los últimos dos años, muchos de ellos con destino a Bruselas, Casablanca, Santo Domingo y Dubái, lo que ha despertado sospechas sobre su uso irregular para el traslado de dinero o personas vinculadas al entorno político y empresarial del partido.
Los registros de vuelo indican que entre los pasajeros figuran empresarios, asesores ministeriales y un exalto funcionario del Ministerio de Transportes, actualmente bajo investigación en otro procedimiento judicial.
La documentación incautada está siendo analizada por los peritos de la UCO, quienes intentan establecer si los vuelos fueron financiados mediante fondos públicos o a través de contratos ficticios y sociedades pantalla.
Si se confirma esta hipótesis, el caso podría ampliarse al ámbito de malversación y financiación irregular de actividades políticas, un delito especialmente grave según la legislación española.
Un portavoz de la Guardia Civil ha explicado que la operación forma parte de un procedimiento judicial bajo secreto de sumario, y que toda la información recabada está siendo remitida a la Audiencia Nacional.
Sin embargo, fuentes internas de la investigación admiten que el hallazgo del avión supone un giro inesperado, conectando directamente a empresas investigadas por adjudicaciones fraudulentas con estructuras de transporte privado vinculadas a dirigentes políticos.
Los investigadores sospechan que la aeronave fue adquirida en 2021 a través de un grupo de inversión con sede en Luxemburgo, utilizando intermediarios españoles y sociedades interpuestas para ocultar su verdadero propietario.
Se cree que detrás de esta operación se oculta una red de blanqueo de capitales que utilizaba la compra de bienes de alto valor, como aeronaves, yates y propiedades de lujo, para dar apariencia de legalidad a fondos procedentes de comisiones ilícitas y desvío de contratos públicos.
La Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Antonio Piña, ha ordenado la recopilación de todos los registros de vuelo, así como el rastreo de las transferencias bancarias que financiaron la compra y mantenimiento del avión.
Paralelamente, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha iniciado un expediente informativo para determinar si la aeronave operaba con la licencia y seguros correspondientes o si, como sospechan los agentes, se camuflaban vuelos privados bajo contratos diplomáticos o comerciales falsos.
El caso ha generado un fuerte impacto político.
Desde la oposición se ha exigido transparencia inmediata sobre la titularidad del avión y el posible vínculo con altos cargos del PSOE.
Fuentes del partido han negado rotundamente cualquier relación con la aeronave, aunque reconocen que varios exasesores de confianza podrían estar siendo investigados por la UCO.
Mientras tanto, los investigadores continúan rastreando los movimientos financieros de la sociedad propietaria del jet, convencidos de que el hallazgo podría destapar una nueva trama de corrupción política de alcance nacional.
Lo que comenzó como una simple verificación aduanera se ha transformado en una de las operaciones más sensibles de los últimos años.
Los informes preliminares apuntan a que el avión habría sido utilizado no solo para el transporte de personas, sino también para el traslado físico de dinero y documentación entre España y países sin convenio de intercambio fiscal.
Si las pruebas confirman estas sospechas, el caso podría implicar a altos responsables políticos y empresariales, abriendo un nuevo capítulo en la historia reciente de los escándalos de corrupción en el país.
Las horas posteriores al hallazgo del avión privado vinculado al PSOE estuvieron marcadas por un hermetismo absoluto dentro del Ministerio del Interior.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la UCO trabaja desde hace meses en una investigación secreta sobre la existencia de una red de empresas vinculadas a contratos públicos y al posible desvío de fondos a cuentas en el extranjero.
La localización de la aeronave en el aeródromo de Cuatro Vientos fue el resultado de un rastreo financiero y logístico que comenzó a mediados de septiembre, cuando los agentes detectaron movimientos de capital sospechosos entre sociedades controladas por exasesores gubernamentales y empresarios afines al partido.
El caso ha desatado una auténtica tormenta política y judicial, y los fiscales especializados en delitos económicos consideran que la triangulación de empresas y el uso de paraísos fiscales son indicios claros de un sistema estructurado de malversación y lavado de dinero.
A medida que avanza la investigación, los hallazgos sugieren que el avión servía no solo como medio de transporte, sino también como sede móvil para reuniones discretas en las que se negociaban contratos y se cerraban acuerdos.
La magnitud del caso podría convertirlo en uno de los mayores escándalos políticos-financieros de los últimos años, amenazando con sacudir los cimientos del poder institucional en España.
