Las familias de las víctimas del accidente de Adamuz han estallado contra el Gobierno y rechazan un funeral de Estado, acusándolo de falta de sensibilidad y de intentar instrumentalizar el duelo.
La indignación de las familias afectadas por el trágico accidente de Adamuz ha alcanzado niveles insostenibles, desatando una oleada de críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.
María del Mar Fadón, hermana de Agustín Fadón, un camarero del Alvia que perdió la vida en el siniestro, ha expresado su rechazo de manera contundente al funeral de Estado propuesto por el Ejecutivo.
“Me llamó el delegado del Gobierno y le dije que no”, afirma con firmeza, subrayando que no tiene intención de legitimar un homenaje institucional que considera una burla a la memoria de su hermano.
Su rechazo es rotundo y va acompañado de declaraciones que revelan la profundidad de su dolor y su rabia.
“No quiero compartir ni tiempo ni espacio con los asesinos de mi hermano”, asegura María del Mar, quien no duda en calificar lo ocurrido como el resultado de una cadena de negligencias.
“Mi hermano no se ha matado, me lo han matado”, insiste, dirigiendo su acusación hacia ADIF y el Ministerio de Transportes, a quienes culpa de ignorar durante meses las alertas de los trabajadores sobre el deterioro de la vía.
La exigencia de las familias es clara: quieren responsabilidades penales.
La hermana de la víctima critica también la imposición de un acto laico decidido desde Madrid, cuestionando: “¿Tú quién eres para decir cómo quieren que sea el funeral?”.
Con esta pregunta, recuerda la tradición católica arraigada en Andalucía y el derecho de las familias a decidir cómo despedir a sus seres queridos.
La falta de sensibilidad institucional ha alimentado una desconfianza creciente entre los afectados, quienes sienten que sus necesidades y sentimientos han sido ignorados.
La controversia se intensifica con la polémica sobre la visita de los Reyes al hospital.
María del Mar niega que los familiares impidieran el acceso a la comitiva real, apuntando a la presencia de altos cargos políticos como la verdadera causa del bloqueo.
“Fue alguien, no sé quién, porque venían con altos cargos”, explica, reforzando la percepción de un aparato político más preocupado por la imagen que por el bienestar de las víctimas.
El foco de las críticas se centra en el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El informe preliminar de la investigación ha revelado detalles alarmantes, como una vía rota y trenes auscultadores fuera de servicio, datos que las familias consideran evidencia de un mantenimiento deficiente.
Esta situación ha llevado a otras víctimas, como la familia Zamorano Álvarez, que ha sufrido la pérdida de cuatro miembros, a rechazar cualquier presencia institucional.
“Ninguna autoridad es bienvenida”, han declarado con firmeza, reafirmando su desconfianza hacia el Gobierno.
Mientras el homenaje de Estado ha quedado suspendido sine die, el duelo ha evolucionado hacia una ofensiva judicial.
Las familias no solo buscan justicia, sino que también exigen que el Gobierno asuma la responsabilidad de lo sucedido.
“El Gobierno ha fallado, y ahora debe responder”, es el clamor que resuena con fuerza entre los afectados.
La lucha de estas familias no es solo por la memoria de sus seres queridos, sino por un cambio real que evite que tragedias como esta se repitan en el futuro.
La indignación de las familias del accidente de Adamuz pone de relieve la necesidad de una respuesta más humana y sensible por parte de las instituciones.
La tragedia ha dejado una huella profunda en la comunidad y ha generado un debate sobre la responsabilidad del Estado en la seguridad de las infraestructuras.
En un momento en que la confianza en las autoridades está en juego, es fundamental que se escuchen las voces de quienes han sufrido y que se tomen medidas concretas para garantizar que se haga justicia.
