Ana Redondo queda en el centro de una fuerte polémica tras ser increpada por una víctima en Granada por los fallos del sistema de pulseras antimaltrato, evidenciando la crisis de gestión, la falta de empatía y la creciente desconfianza hacia el Ministerio de Igualdad.
En un acto reciente en Granada, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se vio envuelta en un intenso intercambio con una mujer que la increpó públicamente por los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato.
Este incidente, que tuvo lugar ante numerosos medios de comunicación, ha puesto de relieve la creciente tensión y el descontento social respecto a la gestión del Ministerio tras una serie de errores en el control de maltratadores.
La mujer, visiblemente indignada, se dirigió a Redondo con una contundente crítica:
“Mis compañeras estaban llamando en situación de pánico porque usted sabe que quien lleva las pulseras tiene un riesgo extremo, y los mismos policías dijeron que no se había activado el protocolo”.
Esta declaración no solo refleja la angustia de las víctimas, sino que también expone la falta de confianza en un sistema que debería protegerlas.
La respuesta de la ministra fue desafiante: “¿Estuvo usted allí? Porque yo estuve allí”. Esta contestación, lejos de calmar los ánimos, provocó aún más indignación entre los presentes, quienes esperaban una actitud más empática y responsable por parte de la titular del Ministerio.
El incidente se produce en un contexto de crisis en el sistema Cometa, encargado de supervisar las pulseras telemáticas utilizadas por los maltratadores.
Recientemente, el sistema sufrió una caída de más de 13 horas, durante las cuales las pulseras dejaron de funcionar adecuadamente.
Aunque el Ministerio aseguró que se alertó a las víctimas y a las fuerzas de seguridad, muchas mujeres han denunciado haber vivido momentos de terror sin protección.
Este tipo de fallos no son nuevos; en septiembre pasado, la Fiscalía General del Estado reveló en su Memoria Anual serias deficiencias en los sistemas de protección para las víctimas de violencia de género.
A pesar de las evidencias, Ana Redondo ha negado rotundamente la existencia de problemas, afirmando que las incidencias “se abordaron y se resolvieron en 2024” y que las pulseras “funcionan” y “las víctimas están protegidas”.
Sin embargo, estas declaraciones se ven cada vez más cuestionadas por la realidad que viven muchas mujeres que dependen de este sistema para su seguridad.
La falta de autocrítica de la ministra y su actitud desafiante ante una mujer que representa a todas las víctimas han erosionado su credibilidad al frente del Ministerio de Igualdad.
La controversia no solo ha sido alimentada por este incidente en Granada, sino también por la estrategia de Redondo de desviar la responsabilidad hacia el Partido Popular, acusándolos de “crear una realidad paralela” y de generar una “alarma social innecesaria”.
Sin embargo, los acontecimientos recientes y la escena vivida en Granada han retratado a una ministra más preocupada por mantener su imagen que por escuchar y atender las necesidades de las víctimas.
El clima de desconfianza hacia el Ministerio se intensifica con cada fallo del sistema. Las críticas no solo provienen de la oposición política, sino también de organizaciones de derechos humanos y de las propias víctimas, quienes exigen medidas efectivas y soluciones concretas.
La falta de acción y la aparente indiferencia de las autoridades han llevado a muchas a cuestionar la efectividad de las políticas de igualdad y protección que se han implementado.
Este episodio en Granada es un recordatorio de que detrás de las estadísticas y las políticas públicas, hay vidas humanas que dependen de la eficacia de los sistemas de protección.
La voz de las víctimas, como la mujer que confrontó a Redondo, es esencial para visibilizar la realidad que enfrentan muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. “¡Escuche a las víctimas!”, fue el grito que resonó en el acto, un llamado a la acción que no puede ser ignorado.
La ministra debe entender que su papel no se limita a la defensa de su gestión, sino que implica una responsabilidad moral y ética hacia las mujeres que sufren violencia.
La empatía y la escucha activa son fundamentales para reconstruir la confianza en las instituciones. Las víctimas necesitan saber que sus voces son escuchadas y que sus miedos son tomados en serio.
En conclusión, lo sucedido en Granada no es solo un incidente aislado, sino un reflejo de una crisis más profunda en la gestión de la violencia de género en España.
La falta de respuestas adecuadas y la negación de los problemas por parte de las autoridades han creado un clima de desconfianza que debe ser abordado de inmediato.
La ministra Ana Redondo tiene la oportunidad de cambiar el rumbo, pero para ello, debe empezar por escuchar a las víctimas y asumir la responsabilidad de su gestión. Solo así podrá recuperar la credibilidad y el respeto que su cargo exige.
