La candidata a fiscal general del Estado presentó su trayectoria de más de 35 años, destacando su compromiso con la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
En un ambiente tenso y cargado de expectativas, la candidata a fiscal general del Estado compareció ante el Congreso para presentar su trayectoria y méritos, en un contexto marcado por la controversia y la crítica.
“Es un honor para mí comparecer ante esta cámara, sede de la soberanía popular”, inició su discurso, reconociendo el trabajo de sus predecesores y destacando la importancia del Ministerio Público como garante de la ley en España.
La candidata, con más de 35 años de experiencia en la carrera fiscal, expuso su compromiso con la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
“Desde que ingresé en la carrera fiscal en 1990, he estado dedicada a erradicar la violencia de género y a proteger a las mujeres y a sus hijos”, afirmó, haciendo énfasis en su papel en la creación de protocolos de actuación en la Fiscalía.
Según datos de la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron 50 feminicidios, dejando 27 menores huérfanos, lo que subraya la gravedad de la situación.
“Combatir la violencia de género es una obligación que nos apela a todos los poderes públicos”, enfatizó.
Sin embargo, su intervención no estuvo exenta de críticas. El portavoz del grupo parlamentario Vox, Ortega Smith, cuestionó su idoneidad para el cargo, señalando que su nombramiento podría perpetuar la crisis institucional que atraviesa la Fiscalía.
“Usted viene a sustituir a un fiscal general inhabilitado por delitos gravísimos”, acusó, refiriéndose a su predecesor, quien fue inhabilitado por revelación de información reservada y por supuestamente haber actuado como un “instrumento político” del gobierno.
“¿Su nombramiento recuperará el prestigio de la Fiscalía?”, preguntó, sugiriendo que la candidata podría ser vista como una “fiscal de género excepcional” más que como una figura imparcial.
La candidata defendió su posición, argumentando que su trayectoria demuestra un compromiso con la legalidad y la imparcialidad.
“El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que debe actuar con autonomía y responsabilidad”, respondió, insistiendo en que su objetivo es garantizar la igualdad ante la ley.
Sin embargo, Ortega Smith insistió en que su vinculación con la ideología de género y su militancia en la Unión Progresista de Fiscales la descalifican para liderar una institución que debe ser neutral y objetiva.
El debate se intensificó cuando se tocaron temas como la reforma del modelo procesal penal, que la candidata considera esencial para modernizar la justicia en España.
“La ley de enjuiciamiento criminal se ha revelado como una norma obsoleta”, afirmó, señalando la necesidad de adaptarse a una sociedad cada vez más dinámica y compleja.
Ortega Smith, por su parte, argumentó que cualquier reforma impulsada por ella podría estar influenciada por intereses políticos, poniendo en duda su capacidad para actuar con imparcialidad.
La candidata también hizo hincapié en la importancia de la cooperación institucional y la relación con la sociedad civil.
“El Ministerio Fiscal debe estar siempre al servicio de la ciudadanía”, declaró, prometiendo mantener una comunicación fluida con las víctimas y las organizaciones sociales.
Sin embargo, la oposición no se mostró convencida de su compromiso, sugiriendo que su enfoque podría estar sesgado hacia ciertas ideologías.
El discurso de la candidata incluyó referencias a la lucha contra la corrupción y la ciberdelincuencia, temas de creciente relevancia en la agenda pública.
“La Fiscalía española debe ser un actor clave en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, afirmó, destacando la necesidad de una respuesta coordinada a nivel internacional.
Ortega Smith, nuevamente, cuestionó la efectividad de sus propuestas, sugiriendo que su enfoque podría ser más político que judicial.
Al final de la comparecencia, la candidata se mostró dispuesta a responder a las preguntas y preocupaciones de los diputados, reafirmando su compromiso con la justicia y la imparcialidad.
“Ejerceré esta alta magistratura con responsabilidad y dedicación”, concluyó, dejando en el aire la pregunta de si su nombramiento realmente marcará un cambio en la Fiscalía General del Estado o si, por el contrario, perpetuará las tensiones políticas existentes.
El debate en el Congreso refleja la complejidad de la situación actual de la justicia en España, donde la política y la legalidad a menudo se entrelazan de maneras complicadas.
La elección de la nueva fiscal general del Estado no solo influirá en el rumbo de la Fiscalía, sino que también tendrá un impacto significativo en la percepción pública de la imparcialidad y la eficacia de la justicia en el país.
