Leire Díez trabajó tres años en ENUSA desde octubre de 2018 y luego pasó a Correos para gestionar relaciones institucionales.
La detención de Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero ha reventado por completo el panorama político y empresarial español, desatando un terremoto que alcanza directamente al corazón de la SEPI, a su red de empresas públicas y a figuras clave del PSOE.
La investigación judicial, que permanece bajo secreto, apunta a presuntas irregularidades en contrataciones, sueldos, relaciones internas y movimientos de dinero que salpican a altos cargos con larga trayectoria en el partido.
Lo que parecía una historia más dentro del complejo mundo de las empresas públicas se ha convertido en una pieza central para entender una trama que mezcla poder, confianza política y decisiones opacas.
En el centro de esta tormenta aparece Leire Díez, exmilitante socialista y figura que en los últimos años había sido protagonista de varias polémicas internas.
Su detención junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ha destapado una etapa especialmente sensible de la empresa pública ENUSA, la Empresa Nacional del Uranio, donde Díez trabajó entre octubre de 2018 y diciembre de 2021.
Lo que en su momento se presentó como un fichaje estratégico en el área de comunicación ahora es analizado bajo la lupa de la Justicia.
La trayectoria de Díez dentro de ENUSA estuvo marcada por un puesto de responsabilidad en comunicación corporativa que, según estimaciones previas, le supuso un ingreso mínimo de 106.204 euros en salarios únicamente durante su permanencia en la compañía.
A esto se sumaron 1.626 euros adicionales en dietas correspondientes a desplazamientos laborales.
Pero más allá de las cifras, lo que más llama la atención de los investigadores es la coincidencia temporal: Díez se incorporó a ENUSA poco después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y justo en el periodo en el que la SEPI estaba presidida por Fernández Guerrero, ahora detenido con ella.
La relación entre ambos se ha convertido en uno de los puntos clave de la investigación, especialmente porque ENUSA forma parte del conglomerado empresarial de la SEPI, entidad responsable de gestionar fondos, ayudas y operaciones tan sensibles como el rescate de grandes compañías.
Durante el periodo en que Fernández Guerrero presidió la SEPI, entre 2018 y 2019, Díez permaneció en ENUSA ocupando su puesto de comunicación.
Hoy, esta coincidencia se examina a fondo mientras la Audiencia Nacional intenta reconstruir la cadena de decisiones internas, contratos concedidos y movimientos económicos que podrían haber vulnerado la legalidad.
Tras su etapa en ENUSA, Díez pasó a desempeñar un papel relevante en Correos, encargándose de las relaciones institucionales bajo el mandato de Juanma Serrano, el hombre que durante años fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de asumir la presidencia de la empresa postal.
Esta transición, vinculada de nuevo a altos cargos próximos al Gobierno, también ha despertado la atención de los investigadores.
Pero ENUSA es un foco de interés por mucho más. Desde diciembre de 2021 la empresa está presidida por Mariano Moreno, un nombre que ya había generado controversia mucho antes de entrar en la entidad.
Moreno fue tesorero del PSOE durante una de las etapas más sensibles investigadas por la Audiencia Nacional, y su nombramiento al frente de la empresa pública dedicada al uranio sorprendió por dos motivos: la falta de experiencia en el sector energético y un salario de 245.000 euros anuales.
Su llegada a ENUSA ocurrió apenas dos meses después de abandonar la gerencia del PSOE, donde trabajó codo a codo con José Luis Ábalos y donde, según un reciente informe de la UCO, se produjeron movimientos de dinero en efectivo durante su gestión.
El nombramiento de Moreno en ENUSA también genera preguntas por la forma en que fue comunicado: la SEPI omitió en su comunicado oficial su cargo como gerente del PSOE, una omisión significativa dada la relevancia del papel que desempeñó en la organización durante los años en que se investiga el flujo de fondos y presuntas irregularidades.
La cercanía entre lo político y lo empresarial se ha convertido en un punto crítico para los investigadores, que tratan de determinar si existió una cadena de favores, recompensas o decisiones premeditadas para situar a personas de confianza en posiciones clave dentro de empresas públicas.
Mientras tanto, la detención de Vicente Fernández Guerrero ha reavivado viejas polémicas. Fernández Guerrero fue considerado durante años una figura de absoluta confianza de la actual vicepresidenta María Jesús Montero.
Su carrera pública estuvo marcada por su papel como número dos en el Ministerio de Hacienda y por sus movimientos dentro de entidades vinculadas al Gobierno.
Su detención junto a Díez señala directamente una etapa concreta en la que se habrían producido decisiones cuestionadas hoy por los jueces.
Con todas estas piezas sobre la mesa, la investigación de la Audiencia Nacional parece apuntar a una posible red de irregularidades en la contratación pública, en la asignación de cargos y en el manejo de fondos dentro de empresas estatales.
La situación ha puesto en alerta a todos los niveles del Ejecutivo, ya que las ramificaciones de este caso pueden afectar a responsables actuales y anteriores del partido, además de sacudir la credibilidad de instituciones públicas clave.
Mientras se mantienen las diligencias bajo secreto, la presión mediática y política aumenta. Las cifras, los nombres y las conexiones internas sugieren un entramado complejo en el que confluyen decisiones políticas, intereses profesionales y posibles abusos de poder.
La detención de Díez y Fernández Guerrero podría ser solo la punta del iceberg de una trama mucho mayor que comienza a aflorar, una trama que amenaza con convertirse en uno de los escándalos más significativos de los últimos años.
Por ahora, ni la SEPI ni ENUSA han ofrecido explicaciones públicas más allá de los comunicados formales, y los implicados no han realizado declaraciones.
Pero la creciente atención sobre los sueldos, los puestos obtenidos y la secuencia de nombramientos en áreas estratégicas del sector público expone un escenario inquietante en el que cada documento, cada contrato y cada decisión empieza a adquirir un significado inesperado.
La trama está lejos de cerrarse, y cada día surgen nuevos detalles que mantienen a la opinión pública pendiente de un escándalo que no deja de crecer.
