El hombre acusado de estrangularla en su habitación de una residencia de Ávila tiene 66 años y está bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica

La madrugada del pasado martes en Ávila quedó marcada por un silencio inquietante que solo fue roto por la llegada de los servicios de emergencia a una residencia de la ciudad.
Allí, Encarnita Polo, una mujer de 84 años, fue encontrada sin vida en su habitación, víctima de un crimen que ha conmocionado a la comunidad local y ha desatado un intenso debate sobre la seguridad en los centros para personas mayores.
La policía, que rápidamente aisló la escena, confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, y que el presunto autor del delito es un hombre de 66 años, actualmente bajo custodia en una unidad psiquiátrica, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Según fuentes policiales, el acusado residía en el mismo centro y no existían denuncias previas que indicaran comportamientos violentos.
Sin embargo, su historial médico y psiquiátrico es un elemento que los investigadores están evaluando con detalle para entender el contexto de los hechos.
“Estamos recopilando todas las pruebas posibles, desde los testimonios de trabajadores y residentes hasta grabaciones de seguridad, para reconstruir con precisión lo sucedido durante esas horas”, afirmó el comisario a cargo de la investigación.
Testigos que prefirieron mantener el anonimato describieron la escena con un tono de incredulidad. “Nunca imaginamos que algo así pudiera ocurrir aquí.
Era un lugar tranquilo, donde la mayoría de los residentes se conocían y se cuidaban entre sí”, relató una cuidadora que trabaja en la residencia desde hace más de quince años.
Otro empleado comentó: “Escuchamos ruidos extraños esa madrugada, pero pensábamos que eran problemas habituales de la residencia. Jamás sospechamos que fuera algo tan grave”.

El impacto del crimen no solo se ha sentido entre el personal y los residentes, sino también en el entorno familiar de Encarnita Polo.
Sus familiares se mostraron consternados por la noticia y exigieron respuestas claras sobre cómo pudo ocurrir un asesinato dentro de un centro que se presume seguro.
“Ella siempre se sintió protegida aquí. No entendemos cómo alguien pudo hacerle esto sin que nadie lo previera”, expresó uno de sus hijos, visiblemente afectado por la pérdida.
La familia ha solicitado a las autoridades que la investigación sea exhaustiva y que se evalúen todas las responsabilidades, tanto del agresor como de la institución que debía garantizar la seguridad de sus residentes.
Las autoridades locales han confirmado que el hombre acusado permanece bajo vigilancia en una unidad psiquiátrica, mientras se realizan evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que determinarán su estado mental al momento del crimen.
“Estamos evaluando si existía capacidad de discernimiento suficiente para enfrentar un proceso judicial en condiciones normales”, explicó el portavoz del cuerpo policial.
Este procedimiento es clave para establecer la tipificación legal del delito y la eventual responsabilidad penal del implicado.

El caso ha generado un debate sobre la seguridad y la protección de los mayores en residencias, un tema que ha cobrado relevancia en España en los últimos años debido al envejecimiento de la población y al aumento de la demanda de servicios de cuidado especializado.
Estadísticas recientes indican que más del 18% de la población española tiene más de 65 años, y que una parte significativa reside en centros especializados, donde la seguridad y la supervisión son esenciales para evitar incidentes graves.
Expertos en geriatría han señalado que, si bien la mayoría de estos lugares funcionan adecuadamente, la formación del personal y la evaluación constante de los residentes son factores determinantes para prevenir situaciones de riesgo.
El comisario encargado del caso agregó que se están revisando protocolos internos de la residencia para identificar posibles fallas. “Queremos entender si hubo negligencia o si los mecanismos de vigilancia existentes fueron insuficientes.
Esto no solo es importante para la investigación, sino también para establecer medidas preventivas que eviten que tragedias como esta se repitan”, señaló.
Por su parte, la dirección del centro ha declarado que colaborará plenamente con las autoridades y que se han tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad y brindar apoyo psicológico a los residentes y trabajadores afectados.

En paralelo, el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León han mostrado su preocupación por el caso y han solicitado un informe detallado sobre las condiciones del centro y los protocolos de supervisión.
“Este incidente nos recuerda la importancia de garantizar la protección de nuestros mayores y de mantener estándares de seguridad estrictos en todos los centros de atención”, indicó un portavoz regional.
El perfil del presunto agresor, un hombre de 66 años sin antecedentes penales recientes, plantea preguntas sobre la detección de riesgos dentro de residencias de ancianos.
Investigadores y psicólogos destacan que los episodios de violencia en estos entornos son extremadamente raros, pero recalcan que la identificación temprana de señales de alerta puede marcar la diferencia.
“La prevención es clave. La combinación de un entorno seguro, formación continua del personal y seguimiento médico-psicológico de los residentes puede reducir considerablemente estos riesgos”, afirmó un especialista en psicogeriatría.
La comunidad de Ávila, mientras tanto, sigue impactada por la noticia. Vecinos y asociaciones de mayores han organizado vigilias y debates públicos sobre la seguridad en residencias, la atención a personas con trastornos mentales y la protección de los derechos de los ancianos.
“Es un recordatorio doloroso de que debemos estar atentos a nuestros mayores y garantizar que reciban cuidado con dignidad y seguridad”, dijo un portavoz vecinal.

A medida que la investigación avanza, los detectives trabajan para reconstruir la secuencia exacta de los hechos, evaluando todos los elementos disponibles: desde la posición del cuerpo y señales de lucha hasta comunicaciones internas de la residencia.
La fiscalía ha señalado que revisará toda la información recabada antes de determinar los cargos definitivos y si el caso debe ser tratado como un asesinato con agravantes debido a la vulnerabilidad de la víctima.
Este crimen, trágico y perturbador, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de algunos sectores de la población y la necesidad de reforzar la seguridad y supervisión en lugares donde los ancianos dependen completamente de los cuidados de terceros.
Mientras se espera la resolución judicial, la sociedad española reflexiona sobre los mecanismos de prevención, la importancia de la formación del personal y la atención a la salud mental de todos los residentes para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.
En conclusión, el asesinato de Encarnita Polo ha conmocionado a Ávila y ha abierto un debate crucial sobre la seguridad en residencias de ancianos y la vigilancia de personas con posibles trastornos mentales.
La investigación sigue su curso, con la custodia del acusado en una unidad psiquiátrica y el compromiso de las autoridades de esclarecer cada detalle del caso.
Mientras tanto, familiares, vecinos y profesionales del sector esperan respuestas y medidas concretas que garanticen que la tragedia vivida por Encarnita no se repita en otros centros de España.