María Jesús Montero, cuando era consejera de Salud en Andalucía, aprobó en 2011 un protocolo que aplazaba la comunicación a las pacientes con hallazgos dudosos de cáncer de mama hasta el «informe de alta», eliminando plazos específicos.
El sistema de salud andaluz lleva años en el ojo del huracán por la gestión del cribado de cáncer de mama, pero pocas veces un protocolo ha generado tanta polémica como el que aprobó en 2011 la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, cuando era consejera de Salud de la Junta de Andalucía.
Este documento, todavía vigente, modificó la forma en que se comunicaban los resultados a las pacientes con hallazgos dudosos, eliminando la obligación de informar de inmediato y retrasando la notificación hasta el «informe de alta».
La intención oficial era evitar generar «ansiedad» innecesaria, pero muchos cuestionan si este aplazamiento no terminó convirtiéndose en un riesgo para la salud y en una carga emocional para miles de mujeres.
El protocolo de 2011, elaborado como una revisión de los documentos de 2002 y 2005, pretendía incorporar nuevos estándares de calidad relacionados con la atención al paciente, la evidencia científica y la seguridad.
Sin embargo, uno de sus puntos más criticados es la eliminación de plazos específicos para comunicar los hallazgos sospechosos de la mamografía, especialmente en los casos clasificados como Bi-RADS-3, que indican que la lesión es «probablemente benigna» pero requiere seguimiento.
Según el protocolo, la paciente solo recibe información definitiva tras la segunda prueba y el «informe de alta», dejando un período de incertidumbre que puede durar meses.
Antes de esta actualización, los protocolos anteriores ofrecían tiempos de respuesta más claros.
El documento de 2005, por ejemplo, establecía un máximo de 60 días para los casos Bi-RADS-3: 30 días para comunicar resultados y otros 30 días adicionales si era necesaria una «valoración adicional».
Esta medida intentaba equilibrar la precisión médica con la tranquilidad emocional de las pacientes. No obstante, con la revisión de 2011, ese equilibrio se desplazó hacia la prudencia administrativa, priorizando evitar la ansiedad sobre la información inmediata.
La polémica no se limita solo a los plazos. El protocolo refleja de manera explícita la preocupación por el impacto emocional en las pacientes.
A lo largo del documento, se alude a la «ansiedad» y a la «sobreimplicación» de las mujeres que enfrentan dudas sobre un posible diagnóstico de cáncer, e incluso se recomienda a los facultativos evitar el desgaste emocional de las pacientes, conocido como «burn out».
Esta orientación, aunque bienintencionada en apariencia, ha sido interpretada por críticos y pacientes como un intento de ocultar información relevante bajo el pretexto de proteger la estabilidad emocional.
En la práctica, esta política ha generado situaciones complejas.
Mujeres que participan en el programa de cribado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) podían recibir la noticia de que había hallazgos sospechosos solo semanas después de realizar la prueba inicial, una espera que para muchas se convierte en una fuente de preocupación constante.
Durante este período, la comunicación limitada reduce la posibilidad de que las pacientes tomen decisiones informadas sobre su salud y puede retrasar la intervención médica necesaria, incluso en casos en los que la sospecha inicial resulte ser relevante.
La aprobación de este protocolo se remonta a 2011, cuando María Jesús Montero ocupaba el cargo de consejera de Salud en la Junta de Andalucía.
Desde entonces, a pesar de los cambios de gobierno y de la evolución de la gestión sanitaria, el documento sigue siendo la base del cribado de cáncer de mama en la región.
Algunos sectores del PSOE-A llegaron a calificarlo públicamente como «el protocolo de la vergüenza», un término que refleja el malestar generado por la decisión de aplazar la información a las pacientes.
El debate sobre la conveniencia de este enfoque se intensifica cuando se considera el contexto histórico de la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.
Los fallos de coordinación en el cribado se remontan a 2012, y aunque el protocolo de Montero se diseñó con la intención de incorporar criterios de calidad y seguridad, la ausencia de un canal claro de información inmediata ha sido criticada como un obstáculo para la efectividad del programa y un generador de incertidumbre entre las pacientes.
Expertos en salud pública coinciden en que la comunicación temprana y transparente es clave en la detección precoz del cáncer.
Retrasar la información, aunque sea con la intención de proteger emocionalmente a la paciente, puede generar efectos contrarios: miedo, desconfianza en el sistema sanitario y sensación de abandono.
La recomendación de no informar hasta el «informe de alta» crea una barrera entre la paciente y el equipo médico, limitando la posibilidad de que la persona participe activamente en su proceso de cuidado.
Además, la controversia sobre este protocolo resalta un dilema ético: ¿debería priorizarse siempre la información completa sobre la protección emocional, o es legítimo retrasar datos potencialmente alarmantes para evitar un impacto psicológico negativo?
En el caso de Andalucía, la decisión adoptada bajo la gestión de Montero ha dejado abierta esta cuestión, provocando debate sobre la forma en que las autoridades sanitarias equilibran la salud física con la emocional.
El impacto de esta política también se refleja en la percepción pública de la gestión sanitaria.
Las pacientes y asociaciones de mujeres han expresado preocupación por la falta de claridad y por la sensación de que se minimiza la importancia de ciertos hallazgos para evitar conflictos o ansiedad.
La confianza en el sistema de cribado se ve, por tanto, afectada, y el protocolo de Montero se convierte en un ejemplo de cómo decisiones administrativas, aunque bien intencionadas, pueden generar polémica y desconfianza cuando se aplican de manera generalizada.
En resumen, el protocolo de 2011 aprobado por María Jesús Montero, todavía vigente en el Servicio Andaluz de Salud, ha transformado la manera en que se comunica a las pacientes el resultado de las pruebas de cribado de cáncer de mama, priorizando la reducción de ansiedad sobre la información inmediata.
Esta decisión, aunque motivada por el bienestar emocional, ha suscitado críticas y debate sobre la efectividad y la ética de la comunicación en la detección precoz.
Mientras la controversia sigue viva, pacientes y expertos llaman a revisar y actualizar los procedimientos para garantizar que la salud física y emocional de las mujeres esté plenamente protegida, manteniendo un equilibrio adecuado entre transparencia y sensibilidad.
