Las palabras de María Jesús Montero en unas jornadas del PSOE celebradas en Atarfe han levantado una enorme indignación entre policías y guardias civiles.
Las recientes declaraciones de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han desatado una ola de indignación entre los cuerpos de seguridad del Estado, particularmente entre policías y guardias civiles.
Durante unas jornadas celebradas en Atarfe, Montero afirmó que “los cuerpos de seguridad no comprenden la situación actual de la violencia de género” y que “no saben actuar”, un mensaje que muchos han interpretado como un ataque directo a quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a las víctimas de esta lacra social.
El impacto de sus palabras ha sido profundo, generando un malestar considerable no solo por el tono despectivo, sino también por la insinuación de que miles de agentes carecen de la formación y profesionalidad necesarias para abordar la violencia de género.
“No es solo injusto, es un insulto”, expresó un portavoz de la Policía Nacional, quien prefirió permanecer en el anonimato.
Este tipo de comentarios, según los profesionales, deslegitiman el arduo trabajo que realizan en el terreno, donde la realidad de la violencia de género es compleja y requiere de una respuesta efectiva y bien coordinada.
Desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, se ha canalizado esta indignación de manera contundente.
En un mensaje difundido en redes sociales, el sindicato mostró su “indignación” por las “bochornosas afirmaciones” de la vicepresidenta, subrayando que son estos profesionales quienes “protegen, acompañan y actúan en los momentos más críticos para las víctimas”.
Jupol no se ha limitado a expresar su descontento, sino que ha exigido al Ministerio del Interior que pida explicaciones a Montero y que la inste a retractarse de sus palabras.
“Debe pedir perdón de forma pública a la Policía Nacional y a la Guardia Civil”, reclamaron desde el sindicato, insistiendo en que no se puede tolerar que una alta responsable política desacredite a quienes llevan años formándose y perfeccionando sus procedimientos para combatir la violencia de género.
El conflicto generado por las declaraciones de Montero ha abierto una grieta innecesaria entre los cuerpos de seguridad y el Gobierno.
“Es un gran desconocimiento sobre el trabajo que realiza la Policía Nacional en la atención a los niños y mujeres víctimas”, afirmó un oficial de la Guardia Civil, quien destacó que los agentes están en la primera línea de defensa contra la violencia de género.
Mientras miles de agentes han dedicado años a mejorar la atención a las víctimas, la vicepresidenta ha optado por deslegitimar su labor, creando un clima de tensión que ya ha provocado una respuesta masiva dentro del colectivo.
Este tipo de enfrentamientos no son nuevos en el ámbito político, pero la gravedad de las acusaciones de Montero plantea serias cuestiones sobre la relación entre los cuerpos de seguridad y el Gobierno.
La falta de comunicación y entendimiento entre ambos es evidente, y muchos en el sector policial sienten que sus esfuerzos son ignorados.
“Mientras nosotros trabajamos en el terreno, algunos políticos se limitan a lanzar discursos vacíos”, lamentó un agente, quien recordó que la violencia de género es un problema que requiere un enfoque multidisciplinario y un apoyo continuo de todas las partes involucradas.
Las declaraciones de Montero también han suscitado reacciones de otros líderes políticos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de VOX, han criticado abiertamente sus comentarios, calificándolos de “irresponsables” y “desinformados”.
“Es fundamental que quienes están al mando comprendan la realidad que vivimos en el día a día”, afirmó Abascal en una reciente entrevista. Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha visto obligado a intervenir para calmar las aguas, instando a un diálogo constructivo entre las fuerzas de seguridad y el Ejecutivo.
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio del Interior. La exigencia de Jupol es clara y pública, y el perdón, según miles de agentes, ya llega tarde.
En un momento en que la violencia de género sigue siendo un problema alarmante en la sociedad española, es crucial que todos los actores involucrados trabajen juntos en lugar de arrojarse acusaciones que solo sirven para socavar la confianza pública en las instituciones.
La situación actual exige un compromiso renovado y un enfoque colaborativo para abordar esta problemática de manera efectiva, garantizando así la seguridad y el bienestar de todas las víctimas.
