Vicente Fernández Guerrero y José Antonio Marcos Sanjuán, colaboradores cercanos de la ministra, están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y recepción de sobresueldos, lo que agrava la crisis que rodea a Montero.
El clima político en España se ha vuelto más tenso que nunca, y en el centro de la tormenta se encuentra María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.
Recientemente, se han destapado dos investigaciones judiciales que amenazan con hacer tambalear su carrera política, justo cuando intenta afianzar su influencia en Andalucía.
El periodista Alejandro Entrambasaguas ha sacado a la luz detalles inquietantes que comprometen gravemente a la ministra y su círculo de confianza.
La primera investigación se centra en Vicente Fernández Guerrero, considerado el mano derecha de Montero y expresidente de la SEPI.
Este alto cargo ha sido detenido por la Guardia Civil, y las acusaciones son graves: se le investiga por su supuesta participación en una red dedicada al amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha colocado a Fernández Guerrero en el epicentro de una estructura que habría utilizado organismos públicos para beneficiar a ciertas empresas, un golpe directo al núcleo del equipo de Montero.
Los detalles son alarmantes. Tras su salida del Gobierno, Fernández Guerrero ha acumulado un patrimonio inmobiliario que ronda los cinco millones de euros.
Las investigaciones apuntan a que ha adquirido múltiples propiedades, tanto viviendas como locales comerciales, cuya magnitud resulta incompatible con sus ingresos oficiales.
Pero eso no es todo; la Guardia Civil también está investigando un bar en Sevilla que él administraba, sospechando que podría haber sido utilizado como un canal para el blanqueo de parte de esas comisiones ilícitas.
Los agentes creen que Fernández Guerrero actuaba como intermediario en pagos ilegales junto a Leire Díez, conocida popularmente como la “fontanera” del PSOE.
Esta conexión ha llevado a la ampliación de la investigación hacia nuevas sociedades y contratistas vinculados a la SEPI, lo que añade más presión sobre Montero.
El segundo frente judicial que afecta a la ministra involucra a su exnúmero tres, José Antonio Marcos Sanjuán, quien fuera presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Marcos Sanjuán ha dimitido tras revelarse que supuestamente recibió más de 100.000 euros en sobres de un empresario al que archivó reclamaciones fiscales.
Según testimonios que han salido a la luz, estos pagos eran periódicos y se realizaban en una cafetería frente a su despacho oficial.
La Fiscalía Anticorrupción investiga si parte de ese dinero debía ser repartido entre otros altos cargos, lo que agrava aún más la situación de Montero.
La caída de estas dos figuras clave de su círculo de confianza ha puesto a la ministra en el centro de un escándalo judicial que sigue en desarrollo y está cargado de incógnitas.
Aunque Montero ha negado cualquier responsabilidad en estos asuntos, la presión política se intensifica. Las investigaciones avanzan y el desgaste que enfrenta es evidente.
Su narrativa de regeneración y control que ha defendido desde el Ministerio de Hacienda se está desmoronando, mientras ella queda cada vez más expuesta a las consecuencias de haber confiado en colaboradores que ahora están bajo sospecha.
El ambiente en el Gobierno es tenso, y las reacciones de los principales líderes políticos no se han hecho esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado que este escándalo es una prueba más de la corrupción que permea en el Ejecutivo.
Desde VOX, Santiago Abascal ha exigido la dimisión inmediata de Montero, afirmando que “no puede seguir al frente de un ministerio que se ha visto salpicado por la corrupción”.
Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha intentado desmarcarse de la situación, reiterando que la justicia debe actuar con independencia y que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
En el lado opuesto, figuras de la izquierda como Pablo Iglesias e Irene Montero han expresado su preocupación por el impacto que este escándalo puede tener en la imagen del Gobierno.
Iglesias ha afirmado que “es fundamental que se esclarezcan los hechos para preservar la confianza del pueblo en sus representantes”. Sin embargo, la sombra de la corrupción sigue acechando a Montero, y muchos se preguntan si podrá sobrevivir a esta crisis.
Mientras las investigaciones continúan, el futuro político de María Jesús Montero pende de un hilo. La ministra se enfrenta a un escenario judicial incierto, y la presión para que rinda cuentas es cada vez mayor.
Con su reputación en juego y su carrera política en peligro, la vicepresidenta deberá navegar por aguas turbulentas en los próximos meses.
La pregunta que todos se hacen es: ¿podrá Montero salir airosa de este escándalo o está realmente a punto de caer? La respuesta podría tener repercusiones significativas no solo para su futuro, sino también para la estabilidad del Gobierno español en su conjunto.
