María Jesús Montero se ve involucrada en un escándalo de comisiones ilegales relacionado con su excolaborador Vicente Fernández Guerrero y la trama de corrupción liderada por Santos Cerdán.
El periodista Alejandro Entrambasaguas ha lanzado una acusación que ha sacudido la reputación de María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno español.
En un mensaje publicado en su perfil de X, Entrambasaguas ha denunciado que Montero, quien había defendido a su mano derecha, ahora se desmarca de él, afirmando que apenas le conocía tras su detención por la Guardia Civil.
Esta situación ha generado un gran revuelo político, ya que las implicaciones de estas afirmaciones son de gran calado.
Según Entrambasaguas, los agentes de la Guardia Civil sostienen que el detenido forma parte de una trama que se enriqueció mediante el cobro de comisiones ilegales.
Esta información se basa en una investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga un presunto sistema de corrupción liderado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
En el centro de estas pesquisas se encuentra Vicente Fernández Guerrero, quien fue mano derecha de Montero y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Su nombre ha emergido como un posible nexo clave en esta red de corrupción.
Los informes policiales, citados por Entrambasaguas, indican que Fernández Guerrero actuaba como “persona interpuesta” para canalizar comisiones ilegales a través de la constructora Servinabar, empresa vinculada a Cerdán y beneficiaria de contratos públicos millonarios.
La UCO sospecha que su contratación por esta compañía, con un salario mensual de 6.
000 euros, servía para justificar pagos que en realidad estaban relacionados con el presunto cobro de sobornos por adjudicaciones públicas.
La investigación revela una estructura organizada que operaba con una tarifa estándar del 2% sobre cada contrato amañado.
Empresas como Acciona se encuentran entre los principales pagadores, transfiriendo millones de euros a Servinabar durante años de intensa actividad en el ámbito de la obra pública.
Parte de estos fondos habría sido desviada a través de cooperativas opacas, con el fin de ocultar el rastro del dinero.
Según la Guardia Civil, esta red necesitaba que el PSOE mantuviera el control político para operar sin obstáculos.
Las revelaciones de Entrambasaguas han colocado a María Jesús Montero en una posición delicada, al verse vinculada políticamente a una trama de presuntas mordidas que afecta a su círculo más cercano.
A pesar de que la vicepresidenta intenta marcar una distancia tanto personal como política, el relato de la UCO y la difusión de estos datos han dañado gravemente su imagen pública.
Este escándalo ha abierto un nuevo escenario de desgaste que podría tener consecuencias judiciales y políticas de gran alcance.
El impacto de estas acusaciones no se limita a la figura de Montero, sino que afecta a todo el Partido Socialista, que se encuentra bajo la presión de la opinión pública y de la oposición.
Los líderes políticos de diferentes partidos han comenzado a expresar sus opiniones sobre el asunto, lo que añade más tensión al ambiente político actual.
Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, y otros líderes de la oposición han aprovechado la oportunidad para criticar la gestión del Gobierno y exigir responsabilidades.
Mientras tanto, Montero ha intentado defender su posición, asegurando que no tiene nada que ver con las actividades ilegales que se le imputan a su excolaborador.
Sin embargo, la sombra de la corrupción sigue acechando su figura y la de su partido, lo que podría llevar a una mayor erosión de la confianza pública en el PSOE.
A medida que avanza la investigación, la situación se torna cada vez más complicada para María Jesús Montero, quien deberá enfrentar no solo las repercusiones políticas de este escándalo, sino también las posibles implicaciones legales que puedan surgir.
La UCO continúa su labor de investigación, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la trama de corrupción que ha puesto en jaque a uno de los principales miembros del Gobierno español.
El futuro de Montero y del PSOE dependerá de cómo manejen esta crisis, y si serán capaces de restaurar la confianza del electorado en un momento en que la transparencia y la ética en la política son más importantes que nunca.
La presión aumenta, y el tiempo corre en contra de aquellos que se ven involucrados en esta red de corrupción, mientras la justicia sigue su curso.
