La diputada Ione Belarra acusó a Mazón de negligencia y de no atender llamadas críticas que habrían permitido enviar alertas a tiempo, mientras él defendió que las decisiones operativas dependían de los mandos técnicos.
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se presentó ante la comisión parlamentaria para ofrecer explicaciones
sobre la gestión de la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024, un evento que causó la muerte de 229 personas y desencadenó críticas generalizadas sobre la actuación del gobierno autonómico.
La sesión, desarrollada bajo un régimen de publicidad, tuvo como objetivo esclarecer la toma de decisiones durante la crisis y examinar la coordinación con los cuerpos de emergencias, así como la administración de los recursos públicos destinados a la reconstrucción.
La comparecencia se inició con la intervención de la portavoz del grupo parlamentario mixto, Ione Belarra, quien recordó a Mazón la
obligación legal de decir la verdad en su testimonio, subrayando que de no hacerlo podría enfrentarse a penas de entre seis meses y un año de prisión.
“Desde el 29 de octubre de 2024 usted no ha parado de mentir, de humillar a las víctimas y de repartir dinero público a empresas vinculadas a casos de corrupción”, afirmó Belarra.
La diputada cuestionó la presencia de Mazón en un homenaje de Estado reciente, señalando que su asistencia revictimizaba a las víctimas y evidenciaba una gestión insensible de la tragedia.
Mazón respondió señalando que las acusaciones no se correspondían con el objeto de la comisión ni con el respeto a las víctimas.
Explicó que estuvo en contacto con los mandos operativos durante la tarde de la catástrofe, incluyendo llamadas con su consejera Salomé Pradas, el presidente de la Diputación de Valencia y el diputado de emergencias.
“Estuve haciendo llamadas durante el restaurante y desde el Palacio de la Generalitat, atendiendo al foco de Utiel, que era el único objetivo por el que se convocó el CECOPI”, detalló el presidente.
Añadió que la información veraz y verificada fluía desde los cuerpos de emergencias y que las decisiones se tomaban en función de los datos técnicos, no de la presencia física del presidente.
El debate se centró en la demora en el envío del mensaje de alerta, que según las investigaciones se preparó a las 18:37 horas pero no se emitió hasta las 20:11.
Belarra acusó a Mazón de no atender tres llamadas críticas de la consejera Pradas durante el período en que se producían la mayoría de las muertes, lo que retrasó la difusión del aviso a la población.
“Cualquiera que haya gestionado algo en la administración pública sabe perfectamente la importancia de estas tres llamadas”, afirmó la diputada.
Mazón, por su parte, defendió que la autorización para el envío del mensaje no dependía directamente de él ni de la consejera, sino de los mandos operativos, y que se actuó conforme a los protocolos existentes.
Durante la sesión, Mazón insistió en que su rol no era tomar decisiones técnicas sobre emergencias, sino supervisar y coordinar la actuación de los equipos profesionales.
Señaló que el CECOPI se convocó exclusivamente para el foco de Utiel y que la información sobre otras áreas, como el Barranco del Pollo, no estaba disponible de manera inmediata.
Además, destacó la frecuencia de episodios de gota fría en la Comunidad Valenciana, indicando que en los últimos diez años se habían registrado entre 14 y 16 situaciones similares, y que el nivel dos de emergencia se había decretado en contadas ocasiones.
El enfrentamiento entre Mazón y Belarra se intensificó cuando la diputada calificó al presidente como un “florero” durante la catástrofe, cuestionando su eficacia y responsabilidad política.
Mazón respondió que su ausencia física no implicaba falta de responsabilidad, reiterando que estuvo en contacto continuo con los mandos operativos y que la gestión se desarrolló según los procedimientos establecidos.
Asimismo, argumentó que acusar a la administración de haber causado más víctimas por su ubicación era un insulto a los afectados.
El intercambio evidenció diferencias significativas sobre la interpretación de la normativa y los protocolos de emergencia, así como sobre la rendición de cuentas en la gestión de crisis.
Mientras Belarra subrayaba la importancia de la presencia y las decisiones inmediatas del presidente, Mazón enfatizaba la coordinación técnica y la supervisión de profesionales experimentados.
Los diputados coincidieron en la necesidad de garantizar transparencia y claridad en la información, especialmente en lo relativo al manejo de recursos públicos y la comunicación con la ciudadanía durante situaciones críticas.
La sesión, que duró varias horas, incluyó un seguimiento detallado de llamadas, coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME)
y la evolución de los focos de inundación, destacando cómo la información técnica se trasladaba desde los operativos al presidente y a la comisión.
Mazón insistió en que las medidas adoptadas fueron adecuadas dentro del marco de emergencia y que se respetaron los protocolos, aunque
reconoció la existencia de retrasos en la comunicación de ciertos mensajes debido a la complejidad de la coordinación entre diferentes organismos.
En conclusión, la comparecencia de Carlos Mazón dejó un panorama complejo sobre la gestión de la catástrofe de octubre de 2024.
Por un lado, se evidenciaron críticas severas sobre la asistencia a víctimas, la toma de decisiones y la comunicación de alertas; por otro, se presentaron argumentos de coordinación técnica, cumplimiento de protocolos y supervisión de emergencias.
El debate resaltó la tensión entre responsabilidad política y responsabilidad operativa, y abrió interrogantes sobre la rendición de cuentas, la preparación institucional ante desastres y la transparencia en la actuación gubernamental.
La comisión parlamentaria continuará analizando la documentación y los testimonios para determinar si las decisiones adoptadas fueron correctas o si existieron fallos que pudieron agravar la tragedia y las pérdidas humanas.
El intercambio intenso entre Mazón y Belarra subraya la complejidad de la política valenciana y plantea un debate fundamental:
¿hasta qué punto debe un líder político involucrarse directamente en la gestión operativa durante una catástrofe, y cuáles son los límites de su responsabilidad?
La ciudadanía, aún conmocionada por los hechos, espera respuestas claras que permitan establecer lecciones y medidas preventivas para el futuro.
