La investigación preliminar de la CIAF apunta a una rotura previa del carril como causa del accidente en Adamuz, contradiciendo la versión oficial que hablaba de error humano o exceso de velocidad.
La investigación preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha revelado un claro fallo en la infraestructura que provocó el accidente en Adamuz, desmintiendo las afirmaciones iniciales del Ministerio de Transportes que atribuían la causa a un error humano o a un exceso de velocidad.
Los investigadores han centrado su análisis en una rotura previa del carril derecho en el kilómetro 318,7 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.
Las ruedas derechas de varios coches implicados en el siniestro presentan muescas uniformes que coinciden con la sección dañada del carril, en lo que se ha denominado la “zona cero” del accidente.
Estas marcas, visibles únicamente en los ejes impares de cada bogie, respaldan la hipótesis de que la primera rueda impactó un carril ya fracturado, creando un “escalón” que desencadenó un descarrilamiento en cadena.
El patrón observado en el coche cinco refuerza aún más esta teoría; las muescas en determinados ejes indican que el carril ya se inclinaba hacia el exterior antes de que el tren perdiera completamente la continuidad de la rodadura en el coche seis.
Además, se han encontrado marcas similares en las ruedas de al menos tres trenes que circularon por ese mismo punto en las horas previas al accidente, lo que evidencia que el problema existía y fue ignorado, a pesar de las revisiones anunciadas por ADIF.
Este hecho pone en tela de juicio la credibilidad del relato oficial.
El ministro Óscar Puente, en su defensa, aseguró que las inspecciones realizadas en octubre y noviembre no detectaron anomalías y llegó a insinuar que la rotura del carril podría haber sido consecuencia del accidente, y no su causa.
Sin embargo, el informe preliminar de la CIAF señala lo contrario, recordando que desde mayo ese tramo acumuló al menos siete incidencias, un dato que cuestiona de forma directa el mantenimiento de la vía y deja en evidencia la gestión del conocido como “ministro tuitero”.
Mientras tanto, las muestras del carril han sido enviadas a un laboratorio metalográfico para determinar si la fractura fue resultado de fatiga, defectos de fabricación, corrosión o materiales de baja calidad.
Las críticas hacia ADIF y el propio Ministerio de Transportes de Óscar Puente han crecido considerablemente.
La dependencia de la CIAF del mismo ministerio que debe ser investigado ha levantado sospechas, y la liberalización del AVE, impulsada por el Gobierno, con más tráfico sobre infraestructuras ya tensionadas, queda bajo el foco.
La investigación preliminar ha tenido un impacto político devastador para Óscar Puente.
En palabras del propio ministro, “las inspecciones no mostraron anomalías”, pero el informe de la CIAF contradice esta afirmación.
La pregunta que resuena en los pasillos del poder es: “¿quién permitió que una vía dañada siguiera en servicio hasta que el desastre fue irreversible?” Esta cuestión no solo pone en peligro la carrera política de Puente, sino que también plantea serias dudas sobre la seguridad de la red ferroviaria española.
La situación ha llevado a líderes políticos de diversas formaciones a expresar su preocupación.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó: “No podemos permitir que la negligencia y la falta de mantenimiento pongan en riesgo la vida de los ciudadanos”.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de VOX, ha exigido responsabilidades inmediatas: “Es inaceptable que se haya ignorado un problema tan grave.
Los responsables deben rendir cuentas”.
El debate se intensifica con cada nueva revelación sobre el estado de la infraestructura ferroviaria.
“No se trata solo de un accidente, sino de un sistema que falla en proteger a sus usuarios”, comentó Iván Espinosa de los Monteros.
Esta crisis ha encendido un debate nacional sobre la necesidad de revisar y mejorar las condiciones de las infraestructuras públicas, especialmente en el sector del transporte.
La presión sobre el Gobierno para que actúe de manera decisiva y transparente es cada vez mayor.
La liberalización del AVE, que prometía mejorar la conectividad y la competencia, se ve ahora cuestionada por la falta de atención a la seguridad.
La gestión del ministerio se encuentra bajo un escrutinio intenso, y la confianza del público en la seguridad del transporte ferroviario se tambalea.
A medida que avanza la investigación, la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para evitar que tragedias como la de Adamuz se repitan en el futuro.
La seguridad de los pasajeros debe ser la prioridad número uno, y las autoridades deben asumir la responsabilidad de garantizar que las infraestructuras estén en condiciones óptimas.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué medidas se tomarán para corregir los errores del pasado y asegurar un futuro más seguro para el transporte ferroviario en España?
