La UCO destapa el uso indebido de tarjetas corporativas por Santos Cerdán y su esposa Paqui, revelando gastos millonarios y posibles irregularidades en adjudicaciones de obra pública en Navarra y otras regiones de España.

La reciente divulgación de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto nuevamente en el foco mediático los polémicos manejos financieros de Santos Cerdán y su entorno,

desatando un debate público sobre la corrupción en la adjudicación de obras públicas y el uso indebido de recursos empresariales.

Según las investigaciones, Cerdán, poseedor del 45% de las acciones de la empresa Servinabar, habría utilizado tarjetas de crédito corporativas para gastos personales, mientras su esposa,

Paqui, se habría beneficiado de estos fondos de manera sistemática, alcanzando cifras millonarias en compras y viajes.

La magnitud de los gastos ha generado indignación y ha puesto en evidencia las fallas en la supervisión de las empresas que gestionan contratos públicos.

En declaraciones recientes, varios expertos y testigos han resaltado la gravedad del caso.

“Paqui ya era famosa por el uso indiscriminado de la tarjeta, cada vez que la sacaba parecía que salía humo de ella”,

señaló un interlocutor cercano a la investigación, describiendo un patrón de comportamiento que refleja un desprecio absoluto por la gestión ética de los recursos de la empresa.

La UCO documenta que estos movimientos financieros no estaban simplemente mal administrados, sino que podrían estar vinculados a un esquema más amplio de corrupción y amaños en la adjudicación de obras públicas tanto en Navarra como en otras regiones de España.

La polémica se intensificó cuando se conoció que Cerdán y su entorno habrían pretendido expandir sus operaciones incluso a proyectos internacionales,

incluyendo obra pública en Marruecos, algo que expertos en administración y derecho consideran inusual para una empresa con un historial tan reciente y limitado.

“Cuando la empresa se fundó no tenía ni fregona ni personal. Tres días después, ya gestionaban obra pública por toda Navarra y España.

Esto no ocurre de manera natural; aquí hay un entramado político y empresarial detrás”, afirmó un analista, señalando la posible complicidad con altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la facilitación de contratos y adjudicaciones.

El debate judicial también ha sido intenso.

Los abogados especializados han señalado que, aunque la UCO ha documentado irregularidades significativas, la liberación bajo fianza de Cerdán se plantea únicamente si el empresario colabora con la justicia y proporciona información sobre terceros implicados.

“Solo aceptaría la puesta en libertad de este sujeto bajo la condición de que empiece a colaborar con la justicia y a ‘cantar’ todo lo que sabe”, afirmó un experto en derecho penal, subrayando la importancia de asegurar que la cooperación judicial permita desentrañar la red de corrupción completa.

La misma fuente advierte que la colaboración de Cerdán podría reducir la pena en función de su cooperación, mientras que su negativa implicaría un proceso más severo.

El informe de la UCO detalla no solo el uso personal de tarjetas y fondos empresariales, sino también irregularidades en la contratación de familiares, empleados y asociados cercanos a Cerdán, planteando dudas sobre la legalidad de estos contratos y sobre si se realizaron servicios reales a cambio de los pagos recibidos.

“El problema no es solo el dinero gastado; es la falta de transparencia y la posible utilización de la empresa como instrumento para beneficios personales”, señaló un jurista, destacando que estos hechos representan un riesgo para la integridad del sistema de contratación pública.

Las declaraciones de testigos y analistas han enfatizado además el impacto social de estos escándalos.

“Estamos hablando de un daño enorme a la confianza pública; cuando se descubre que un responsable de adjudicación de obra pública utiliza recursos de manera fraudulenta, se erosiona la credibilidad de toda la administración”, afirmó un politólogo.

En este contexto, el caso de Cerdán y Paqui se convierte en un símbolo de la necesidad de controles más estrictos y de mecanismos de rendición de cuentas más efectivos dentro del ámbito empresarial y gubernamental.

El clima mediático en torno al caso también ha sido intenso. Fuentes cercanas a la investigación describen episodios en los que Paqui, esposa de Cerdán, habría reaccionado con desprecio hacia quienes cuestionaban sus gastos:

“No tienes corazón, somrosa, que cobraba 2000 euros y usaba la tarjeta black de la empresa para todo”, relatan testigos, ilustrando un patrón de impunidad percibida que ha indignado a la opinión pública y a medios de comunicación locales y nacionales.

Esta percepción de privilegio injustificado ha intensificado la presión social para que se esclarezcan todos los hechos.

En paralelo, expertos financieros han analizado el mecanismo por el cual la empresa, que comenzó prácticamente sin infraestructura ni empleados, logró adjudicaciones de obra pública de alto valor económico.

Los informes sugieren que el entramado dependía en gran medida de relaciones políticas, intermediaciones y favores vinculados al PSOE, lo que plantea cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de licitación y sobre posibles responsabilidades políticas.

“El PSOE lo ha defenestrado, lo ha dejado solo, pero el daño ya está hecho. La empresa ha amasado fondos con adjudicaciones públicas y ahora la justicia debe intervenir para reparar los daños”, indicaron fuentes conocedoras del caso.

Finalmente, el escenario judicial sigue abierto. El juez ha dejado claro que Cerdán no puede destruir pruebas y que su cooperación es esencial para avanzar en el esclarecimiento del entramado.

La expectativa de los analistas es que, si Cerdán colabora, se pueda reducir la condena y facilitar la identificación de otros implicados, mientras que cualquier intento de obstrucción judicial podría derivar en sanciones más severas.

La resolución de este caso se considera crucial para restaurar la confianza en la administración pública y para enviar un mensaje claro sobre la impunidad frente a la corrupción.

El caso Santos Cerdán y Paqui representa, en definitiva, una compleja intersección de corrupción empresarial y política, uso indebido de recursos y responsabilidad judicial.

La atención mediática y social que ha generado evidencia la preocupación ciudadana por la integridad de quienes gestionan fondos públicos y la urgencia de reforzar los mecanismos de control y supervisión en España, con el objetivo de proteger la legalidad y la confianza pública en el sistema.