Alfredo Perdiguero alerta sobre la posible regularización de más de 31.000 inmigrantes con antecedentes delictivos y califica la medida del Gobierno como una grave irresponsabilidad.

En una conversación reveladora, Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía, se sentó con Alfonso Rojo para discutir la situación actual de la inmigración y la seguridad en España.

La charla, parte del programa “Tiempo de Hablar”, abordó temas candentes que han generado un intenso debate en la sociedad española.

Perdiguero, conocido por su franqueza, comenzó recordando su experiencia en la Policía, afirmando: «Sigue siendo válido que soy el policía más experimentado de la Historia de España, pero a distancia del segundo».

Esta afirmación se enmarca en un contexto donde él mismo ha acumulado 23 faltas graves, «solo por no callarme», como él mismo dice.

La conversación rápidamente se trasladó al polémico tema de la regularización de inmigrantes ilegales en España.

Rojo preguntó si Perdiguero tenía algún conflicto con el ministerio o la policía debido a sus opiniones.

La respuesta fue contundente: «Me metieron un expediente por ir al programa de Iker Jiménez porque dicen que fui sin pedir permiso».

Perdiguero detalló cómo la policía reabrió su expediente de manera ilegal, lo que refleja una falta de transparencia y justicia en el manejo de estos casos.

El subinspector no escatimó en críticas hacia el gobierno actual, afirmando que la propuesta de regularizar entre medio millón y 800.

000 inmigrantes ilegales es una «irresponsabilidad».

«Ya hay un Real Decreto que creo que es ilegal porque un reglamento no puede modificar una ley orgánica», enfatizó.

Perdiguero expresó su preocupación por la inclusión de delincuentes con antecedentes, sugiriendo que «tenemos bastante con los delincuentes españoles como para tener delincuentes extranjeros».

La conversación se tornó aún más grave cuando Perdiguero presentó un caso específico: «Hay un falso menor que está en prisión provisional por agresión sexual.

Este individuo puede pedir la regularización porque no tiene condena penal».

Esta afirmación dejó a Rojo sorprendido.

«¿Realmente quieren esto?», preguntó, a lo que Perdiguero respondió que, según la legislación actual, este tipo de situaciones es posible.

A medida que la charla avanzaba, se presentaron estadísticas alarmantes sobre la criminalidad en España.

Perdiguero citó datos de Eurostat, destacando que en 2012, España era uno de los países más seguros de Europa, pero en la actualidad ha caído al quinto lugar en el ranking de inseguridad.

«El 64,41% de los detenidos son extranjeros», afirmó, subrayando que esto no es un problema aislado, sino una tendencia preocupante.

El subinspector también criticó la ineficacia del sistema judicial en la ejecución de órdenes de expulsión.

«El año 2024, de 51.030 órdenes de expulsión, solo se ejecutaron 8.700», lamentó.

Perdiguero explicó que muchos delincuentes, a pesar de tener antecedentes, no pueden ser expulsados porque sus países de origen no los reconocen.

«Marruecos y Argelia no reconocen a sus compatriotas indocumentados, lo que complica aún más la situación», añadió.

El diálogo tocó también el tema de la vinculación entre inmigración ilegal y delito.

Perdiguero, con experiencia en el campo, afirmó: «Hay gente nacionalizada que comete delitos, pero muchos que son ilegales siguen delinquiendo porque no se les puede expulsar».

Esta afirmación fue respaldada por ejemplos de robos cometidos por inmigrantes que, al no tener recursos, recurren al delito para sobrevivir.

La conversación culminó con una reflexión sobre las soluciones necesarias para abordar esta crisis.

Perdiguero propuso que «no seamos tan buenistas ni populistas; hay que aplicar la ley».

Insistió en que la ley de extranjería está diseñada para expulsar a los delincuentes extranjeros y que es fundamental que se cumpla.

«La ley está para ejecutarse y así nos irá mucho mejor a todos», concluyó.

La charla entre Perdiguero y Rojo no solo expone la complejidad de la situación actual en España, sino que también invita a una reflexión profunda sobre cómo se gestionan los temas de inmigración y seguridad en el país.

La voz de Perdiguero, con su experiencia y sinceridad, resuena como un llamado a la acción y a la responsabilidad en la aplicación de la ley.