El debate en el Congreso enfrentó al diputado Muñoz Abrines y al presidente Torres, con acusaciones de corrupción basadas en un informe de la UCO por parte de la oposición y la firme defensa de Torres sobre la legalidad e integridad de su gestión en Canarias.
En una intensa sesión en el Congreso de los Diputados, el ambiente se tornó tenso cuando el diputado Muñoz Abrines confrontó al presidente Torres sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que supuestamente lo incrimina.
Con un tono firme, Abrines comenzó su intervención agradeciendo al presidente y señalando la habilidad de Torres para ocultar la verdad.
“Desde que extendió el rumor de que podría haber un informe de la UCO sobre su gestión en Canarias, ha creado un marco esculpatorio, inflando un globo de acusaciones ficticias para desviar la atención de lo que realmente está en juego”, afirmó.
El informe de la UCO, según Abrines, revela que Torres y su número dos, Olivera, mintieron en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado.
“Usted fue la puerta de entrada de la trama en Canarias, un colaborador necesario de la organización criminal”, insistió, mientras enumeraba las supuestas mentiras que habían sido expuestas en el informe.
“Cuando Coldo llamaba, usted respondía. Eso es lo que dice el informe”, subrayó Abrines, haciendo hincapié en la conexión entre Torres y los implicados en la trama de corrupción.
El diputado continuó su ataque, afirmando que el informe pone de manifiesto hechos graves que podrían ser objeto de delitos. “Hablemos de las mentiras, las del señor Olivera y por supuesto las suyas”, retó.
Abrines enumeró las supuestas falsedades, comenzando por la afirmación de que la contratación de soluciones de gestión fue espontánea.
“Falso. El informe deja claro que inmediatamente después de la llamada de Rotache, Olivera contactó con Coldo para informarle”, aseguró, destacando la falta de transparencia en las operaciones del gobierno canario.
Torres, al recibir la palabra, defendió su gestión y la legalidad de las decisiones tomadas. “El informe de la UCO no señala ilegalidades ni mordidas. Estoy feliz porque hemos demostrado que todo se hizo dentro de la ley”, afirmó, desestimando las acusaciones de corrupción.
En su defensa, argumentó que la frustración del Partido Popular se debía a que no encontraron las pruebas que esperaban. “Ustedes querían que este informe revelara ilegalidades, pero no ha sido así”, enfatizó.
El presidente Torres continuó defendiendo su postura, señalando que las acusaciones eran infundadas y que la UCO había analizado exhaustivamente los contratos y conversaciones desde 2020.
“No hay ninguna cuestión que plantee la Guardia Civil al juez respecto a mí o a mi gobierno”, insistió, mientras trataba de desvirtuar las afirmaciones de Abrines sobre su relación con Coldo y Aldama.
Abrines no se dejó amedrentar y continuó presionando a Torres sobre su relación con los implicados. “¿Por qué pidió el teléfono al señor Aldama? No ha contestado”, cuestionó.
La insistencia de Abrines puso de manifiesto la tensión en el debate, mientras los diputados de ambos lados del hemiciclo seguían de cerca la discusión.
Torres, por su parte, apeló a la legalidad de sus acciones y a la transparencia de su gobierno. “Las decisiones fueron avaladas por los servicios técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias.
Nunca he ordenado contratar a ninguna empresa de forma ilegal”, afirmó, defendiendo su integridad y la de su administración. Sin embargo, la oposición no se mostró convencida y continuó señalando las supuestas irregularidades.
El debate se intensificó cuando Abrines mencionó los 227 mensajes intercambiados entre Torres y Coldo en seis meses. “Eso no es una relación anecdótica, señor Torres.
¿Qué tipo de influencia ejerció usted?”, preguntó, buscando evidenciar la cercanía entre el presidente y los implicados en la trama. Torres respondió con indignación, negando cualquier tipo de complicidad y acusando a Abrines de tergiversar los hechos.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando se discutieron las compras de mascarillas durante la pandemia.
Abrines afirmó que el gobierno canario había pagado precios exorbitantes por mascarillas de baja calidad, mientras que Torres defendió la urgencia de las compras en un contexto de crisis sanitaria.
“Había que satisfacer las demandas de soluciones de gestión, y eso se hizo de manera legal y con la aprobación de los técnicos”, justificó.
El intercambio de acusaciones continuó, con Abrines insistiendo en que la UCO había destapado una trama de corrupción en la que Torres estaba involucrado.
“No vamos a pedir perdón por hacer nuestro trabajo. Ustedes han intentado difamar y calumniar”, replicó Abrines, mientras la sala estallaba en murmullos.
Finalmente, Torres cerró su intervención reafirmando su inocencia y la legalidad de sus acciones. “No hay comisiones, no hay mordidas, no hay ilegalidades.
Lo que queda es rencor y mala fe por parte de ustedes”, concluyó, dejando claro que no cedería ante las acusaciones de la oposición.
El debate en el Congreso ha puesto de relieve las profundas divisiones en la política española y la creciente tensión entre el gobierno y la oposición.
Con el informe de la UCO como telón de fondo, las acusaciones de corrupción seguirán siendo un tema candente en la agenda política, y la lucha por la verdad y la transparencia en la gestión pública continuará en el centro del debate.
