La investigación del caso Plus Ultra analiza un presunto blanqueo de capitales ligado al rescate público de 53 millones de euros y a fondos de origen venezolano, sin imputaciones formales contra José Luis Rodríguez Zapatero ni sus hijas pese a menciones en diligencias.
La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra está generando una mezcla de sorpresa y malestar en los círculos policiales, debido al limitado alcance que, hasta el momento, parece tener sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus hijas.
A pesar de que sus nombres se mencionan en diversas diligencias y testimonios incorporados a la causa, las fuentes policiales consultadas expresan su extrañeza por la falta de acciones directas contra el exmandatario socialista en un procedimiento que sigue abierto y bajo secreto parcial.
La causa, instruida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, investiga un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea Plus Ultra y fondos de origen venezolano.
El foco de la investigación se centra en el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esta operación está siendo examinada por un posible uso irregular del dinero público.
“Es increíble que, con toda la información que tenemos, no se hayan tomado medidas contra ellos”, comenta un agente de la UDEF de la Policía Nacional, la unidad encargada de investigar el caso.
Hasta la fecha, varios directivos de la compañía han declarado ante el juez y se encuentran en libertad bajo medidas cautelares.
Sin embargo, la ausencia de imputaciones formales contra Zapatero y sus hijas ha suscitado inquietud entre los cuerpos de seguridad.
Dentro de la Policía, ha llamado la atención que la investigación esté siendo desarrollada por la UDEF y no por la UCO de la Guardia Civil, lo que ha generado recelos internos.
“Hay quienes creen que hay una influencia política de Zapatero en ciertos ámbitos del Ministerio del Interior, pero eso no está oficialmente acreditado”, señala otra fuente cercana a la investigación.
Durante la instrucción, se han detectado movimientos económicos considerados “llamativos” entre una empresa vinculada a las hijas de Zapatero y el empresario Julio Martínez, presidente de Plus Ultra.
“Estos pagos son un indicio claro de que algo no está bien.
Necesitamos ampliar las diligencias para esclarecer su finalidad”, afirma un investigador que prefiere permanecer en el anonimato.
Sin embargo, a día de hoy, no existe imputación formal ni contra Zapatero ni contra sus familiares.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción investiga si el rescate pudo servir para canalizar dinero de origen ilícito a través de distintos países europeos y si esos fondos estarían vinculados a presuntas malversaciones cometidas en Venezuela.
“Estamos ante un caso muy complejo que implica a varias jurisdicciones.
No podemos descartar ninguna hipótesis”, advierte un fiscal involucrado en el caso.
A este contexto se han sumado recientemente las declaraciones públicas de Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, quien ha atribuido a Zapatero un papel clave como intermediario en la operación.
“Él sabe más de lo que dice.
Su papel en todo esto es fundamental”, sostiene Víctor, cuyas afirmaciones, aunque personales y no corroboradas judicialmente, han reavivado las críticas y las preguntas sobre por qué, a ojos de algunos investigadores, el expresidente sigue al margen de una investigación que continúa avanzando.
Las voces de la oposición no se han hecho esperar.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado: “Es inaceptable que haya personas que se sientan por encima de la ley.
Todos deberían ser investigados con la misma rigurosidad”.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de VOX, ha manifestado: “La justicia debe ser igual para todos, y no puede haber impunidad para quienes han estado en el poder”.
Mientras tanto, la presión sobre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad aumenta, y las expectativas de que la verdad salga a la luz son cada vez más intensas.
“No podemos permitir que la política interfiera en la justicia.
La investigación debe seguir su curso sin presiones”, concluye un alto funcionario de la Policía Nacional, reflejando el sentir de muchos en el ámbito judicial.
La sombra del caso Plus Ultra sigue extendiéndose, y la sociedad espera respuestas claras sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas en este entramado que, hasta ahora, parece estar envuelto en un velo de misterio y silencio.
