Las investigaciones siguen abiertas tras asegurar el Gobierno de Netanyahu que la funcionaria sufrió heridas leves
Mientras la mayoría de los españoles que participaron en la flotilla hacia Gaza ya han regresado a su país, la activista Reyes Rigo permanece como la única ciudadana española retenida en Israel.
Su detención, que se ha prolongado hasta este miércoles 8 de octubre, se produce tras un controvertido incidente en el que, según las autoridades israelíes, mordió a una funcionaria durante un examen médico en la prisión de Ktziot.
La situación ha generado un debate intenso sobre derechos humanos, procedimientos legales y posibles repercusiones diplomáticas, dejando a la española atrapada entre acusaciones de agresión y la incertidumbre de un proceso judicial que podría llevarla a prisión hasta cinco años.
El caso comenzó a complicarse tras la llegada de la flotilla a aguas cercanas a Gaza, interceptada por fuerzas israelíes.
Mientras la mayoría de los tripulantes fueron deportados sin incidentes, Reyes Rigo se vio separada del grupo a raíz de la supuesta mordida, que provocó lesiones leves en la funcionaria.
Según la versión oficial del Gobierno israelí, la activista de aproximadamente 55 años habría cometido el acto mientras era escoltada de regreso a su celda, un gesto que podría considerarse agresión a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, castigado con penas de entre tres y cinco años según la legislación israelí.
La extensión de su detención hasta el miércoles ha sido autorizada por un tribunal de Beerseba, dejando abierta la investigación y manteniendo la incertidumbre sobre su futuro inmediato.
Desde la prisión, Reyes Rigo ha mantenido contacto limitado con sus abogados y ha afirmado que su participación en la flotilla se basó en razones de humanidad y solidaridad.
“El silencio equivale a complicidad, y ante la falta de acción de las instituciones, somos la sociedad civil la que, tristemente, debe actuar”, declaró durante el viaje hacia Gaza.
Estas palabras muestran la convicción de la activista de que su actuación estaba motivada por la defensa de los derechos humanos y no por intenciones delictivas, pero la gravedad de la acusación en Israel convierte su liberación y retorno a España en un proceso complejo y delicado.
El marco legal en el que se encuentra Reyes Rigo es particularmente complicado.
La flotilla navegaba en lo que Israel considera una ‘zona de exclusión’, pero que en términos internacionales son aguas abiertas. Esto coloca a los arrestos en un limbo legal que podría influir en el resultado final del proceso.
La acusación de agresión podría derivar en un juicio con consecuencias penales graves, o bien resolverse mediante deportación directa, dependiendo de cómo el tribunal interprete la gravedad del incidente.
La ambigüedad legal mantiene a la activista en una situación tensa, sin garantías claras sobre su destino en los próximos días.
Mientras tanto, el Gobierno español ha asegurado que Reyes Rigo contará con la protección consular y diplomática necesaria, aunque no se han dado detalles sobre acciones concretas que puedan acelerar su liberación o asegurar que no enfrente un proceso penal más severo.
La combinación de diplomacia, legislación y contexto internacional convierte este caso en un desafío para la administración española, que debe equilibrar la defensa de sus ciudadanos con la relación bilateral con Israel.
Activistas y compañeros de la Global Sumud Flotilla han denunciado lo que consideran un “trato inhumano” hacia Reyes Rigo. Señalan que nadie presenció la supuesta agresión, cuestionando la veracidad de la acusación y criticando la extensión de su detención.
La situación ha encendido un debate sobre los derechos de los activistas en misiones humanitarias y la posibilidad de que incidentes menores se utilicen para prolongar arrestos y generar presión política.
La atención mediática sobre el caso aumenta la complejidad del proceso y mantiene en alerta tanto a la opinión pública como a las autoridades españolas.
El escenario más grave, según expertos legales, sería una condena por agresión a un funcionario público.
Según el artículo 381 de la Ley Penal 5737-1977 de Israel, el acto de morder a una funcionaria puede derivar en una pena de tres años, que se eleva hasta cinco si se considera que la víctima estaba ejerciendo legalmente su trabajo.
Sin embargo, el caso también contempla alternativas, como la deportación, si el tribunal determina que la agresión no fue lo suficientemente grave. Esta doble posibilidad mantiene abiertas las expectativas sobre cómo se resolverá el futuro de la activista.
La situación de Reyes Rigo también refleja la tensión existente entre la acción civil en conflictos internacionales y la aplicación de la ley en contextos sensibles.
Su detención coincide con un momento delicado en la política israelí y la negociación de liberaciones de rehenes en Gaza, lo que añade presión a la resolución del caso.
Cada decisión judicial puede tener repercusiones diplomáticas y mediáticas que afectan tanto a la percepción internacional de Israel como a la seguridad y derechos de los ciudadanos españoles que participan en iniciativas de solidaridad.
Mientras espera su liberación y el desenlace judicial, Reyes Rigo permanece vigilada y con restricciones de movimiento, siendo trasladada a dependencias policiales en la región del Néguev para continuar las investigaciones.
Las autoridades aseguran que el proceso legal sigue abierto, y que cualquier decisión futura dependerá de la valoración de la gravedad de los hechos y de la interpretación de la normativa aplicable.
Para la activista, cada día de espera representa un desafío emocional y psicológico, que exige resistencia y fortaleza.
En conclusión, Reyes Rigo es la última española retenida en Israel tras la operación de la flotilla hacia Gaza.
Su detención por la supuesta agresión a una funcionaria genera un complejo escenario legal y diplomático, con la posibilidad de enfrentarse a una condena de hasta cinco años o ser deportada a España.
La combinación de circunstancias internacionales, leyes locales y la defensa de los derechos humanos convierte este caso en un asunto delicado que seguirá siendo monitoreado de cerca tanto por las autoridades como por la sociedad civil.
La incertidumbre sobre su futuro mantiene la atención mediática y diplomática sobre esta activista que, pese a todo, se mantiene firme en sus convicciones de solidaridad y humanidad.
