La descoordinación y fallos del Ministerio de Igualdad en la gestión de las pulseras antimaltrato han expuesto graves deficiencias en la protección de víctimas de violencia de género en España, generando críticas generalizadas y pedidos de dimisión para Ana Redondo.
El programa “Todo es mentira”, conducido por Risto Mejide, abrió su emisión del 12 de noviembre con una pregunta contundente que resonó en el ámbito político y social: “¿Cuándo va a dimitir la ministra de Igualdad?”.
Esta interrogante surge tras un nuevo escándalo relacionado con las pulseras antimaltrato, que ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema de protección a las víctimas de violencia de género en España.
El presentador no tardó en señalar la falta de transparencia y la inacción del Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo.
A pesar de que el escándalo de las pulseras antimaltrato había ocurrido apenas sesenta días antes, la situación se complicó aún más cuando el programa recibió un aviso a las 15:54 horas del martes 11 de noviembre.
Este aviso alertaba que la plataforma COMETA, encargada de gestionar las pulseras, había dejado de emitir señales desde las cuatro de la madrugada.
Durante más de doce horas, ningún responsable del ministerio había comunicado nada al respecto, lo que generó una creciente preocupación entre los involucrados en la protección de las víctimas.
Risto Mejide explicó que el programa optó por no informar de inmediato sobre la situación para “no generar alarma” ni “dar pistas a los maltratadores”. Sin embargo, el silencio del Ministerio de Igualdad fue absoluto.
Fue solo al final del día cuando Ana Redondo decidió romper su silencio, enviando un mensaje oficial en el que aseguraba que se había activado un protocolo de refuerzo de protección a las víctimas.
“Se enviaron comunicaciones a todas las partes implicadas y ninguna víctima ha estado desprotegida”, afirmó la ministra, insistiendo en que “los protocolos han funcionado” y que la situación estaba bajo control.
No obstante, estas declaraciones fueron cuestionadas tras el testimonio anónimo de un agente de la Policía Nacional, especializado en la protección de víctimas de violencia de género.
Este agente, quien trabaja en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), relató en “Todo es mentira” que una de sus protegidas le
había llamado a las diez de la mañana, informándole que COMETA le había comunicado que no podían garantizar su protección debido a un fallo general del sistema.
“Me dijeron que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban avisadas”, relató el agente. Sin embargo, al verificarlo, se dio cuenta de que nadie en la sala CIMACC había recibido ningún aviso. “Revisé el parte, revisé el correo, y no constaba nada”, añadió.
Ante la confusión, el agente decidió llamar directamente al centro COMETA, donde le confirmaron la incidencia iniciada a las cuatro de la mañana, que aún no estaba resuelta.
Desde el centro aseguraron haber enviado “un correo masivo a todas las salas” informando del fallo, pero tras revisar, en la CIMACC no existía rastro de dicho correo.
Al advertir esta situación, COMETA reenviaría el mensaje mientras el agente movilizaba de urgencia a todas sus protegidas.
Este episodio pone de manifiesto una grave descoordinación institucional y desmiente el discurso de tranquilidad del Ministerio de Igualdad.
El silencio inicial y la falta de control han desatado la indignación no solo entre los profesionales encargados de la protección de las víctimas, sino también entre la sociedad en general.
La incapacidad del ministerio para gestionar adecuadamente la crisis ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de los protocolos establecidos.
La ministra Ana Redondo, al enfrentarse a estas críticas, ha defendido su gestión, argumentando que “los protocolos han funcionado” y que la situación estaba bajo control.
Sin embargo, la realidad presentada por el agente de la Policía Nacional contradice estas afirmaciones, lo que genera un clima de desconfianza hacia el ministerio y sus capacidades para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género.
La situación ha llevado a una serie de reacciones por parte de los principales líderes políticos del país.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado que “es inaceptable que en un tema tan grave como la protección de las víctimas se produzcan fallos de coordinación”.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de VOX, ha exigido la dimisión de Ana Redondo, afirmando que “la protección de las mujeres debe ser una prioridad y no se puede permitir que haya fallos en el sistema”.
La indignación también se ha manifestado en las redes sociales, donde numerosos ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de respuesta del ministerio ante situaciones críticas.
“No podemos permitir que nuestras mujeres queden desprotegidas”, se lee en uno de los muchos mensajes que han circulado en Twitter, reflejando el sentir de una sociedad que demanda cambios urgentes en el sistema de protección.
Este escándalo no solo resalta la fragilidad del sistema de protección a las víctimas, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades en la gestión de crisis y la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos existentes.
La falta de comunicación y la descoordinación evidenciadas en este caso subrayan la urgencia de establecer mecanismos más efectivos que garanticen la protección de las víctimas de violencia de género.
En conclusión, la crisis en la protección de víctimas de violencia de género en España ha puesto en jaque la gestión del Ministerio de Igualdad y ha generado un clamor por la dimisión de Ana Redondo.
La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva para restaurar la confianza en el sistema de protección y asegurar la seguridad de aquellas que más lo necesitan.
La sociedad española no puede permitirse más fallos en un asunto tan crítico, y es imperativo que se tomen medidas concretas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
