Los consejeros del PP leen un comunicado antes de abandonar la reunión donde denuncian su “utilización partidista y sectaria” por parte del Gobierno.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) vivió ayer una jornada histórica marcada por la confrontación y la desconfianza entre el Gobierno y las comunidades autónomas del Partido Popular.
La sesión extraordinaria convocada en Zaragoza, destinada a abordar la financiación y distribución de fondos para la red europea de centros
integrales de cáncer y la vigilancia del cáncer, se convirtió en un escenario de reproches, acusaciones y un plantón sin precedentes de los consejeros del PP.
Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, junto con otros representantes populares, leyó un comunicado denunciando lo que
consideran una “utilización partidista y sectaria” del órgano, y abandonó la reunión, dejando claro que la cooperación entre el Ministerio y las autonomías estaba rota.
Según los populares, el CISNS se ha transformado en un instrumento de imposición, donde las decisiones se adoptan de manera unilateral y se ignoran los acuerdos de las ponencias técnicas, en especial los relativos a los programas de cribado de cáncer.
El malestar del PP no es reciente. Durante el pleno, la diputada Carmen Funez de Gregorio cuestionó a la ministra Mónica García sobre su gestión de los cribados de cáncer de mama, denunciando la falta de datos y el retraso en la atención a las mujeres afectadas.
“Cuando saltó hace 25 días la negligencia del señor Moreno Bonilla, desde el Ministerio nos hicimos cargo y pedimos los datos a todas las comunidades. ¿Sabe lo que nos han contestado las comunidades del PP? Que no nos van a dar los datos.
¿Qué tienen que ocultar?”, espetó Funez, dejando en evidencia el enfrentamiento político y la gravedad de la crisis sanitaria.
La diputada acusó además a los líderes del PP de extender desinformación en un momento crítico, poniendo en riesgo la salud de miles de mujeres.
La tensión se intensificó cuando se abordó la falta de profesionales sanitarios.
El Ministerio de Sanidad ha bloqueado la incorporación de 4.500 médicos en atención primaria, la puerta de acceso al sistema nacional de salud, generando huelgas consecutivas y un malestar generalizado entre los profesionales.
Funez subrayó que el Estatuto Marco, que debía ser un avance histórico, ha generado tres huelgas nacionales en seis meses,
y denunció la precarización de los profesionales en Ceuta y Melilla, donde contratos mensuales a oftalmólogos y la ausencia de cribados desde hace años ponen de relieve la ineficacia de la gestión ministerial.
“Señora ministra, lo que ha quedado claro es que usted es más de oposición que de gobierno”, sentenció, señalando que Mónica García ha convertido el Ministerio en un “ministerio trinchera” desde el que dispara políticamente sin asumir responsabilidades.
El conflicto no se limita a los problemas estructurales; también alcanza la gestión de los datos y la transparencia.
Las comunidades gobernadas por el PP se niegan a entregar información sobre los programas de cribado, mientras que el Ministerio acusa a estas autonomías de ocultar cifras y manipular indicadores.
La diputada Gracia Rivera Arias denunció que seis provincias andaluzas presentan tasas de mortalidad por cáncer de mama superiores a la media nacional y criticó que los programas de prevención se vean bloqueados por intereses políticos.
“Han intentado tapar desde el principio este drama diciendo que eran cuatro casos y que era un incidente aislado, pero no lo es.
Esto es consecuencia de un modelo depredador de la vida, de un modelo que privatiza, que maltrata al personal sanitario y a las mujeres”, subrayó Rivera, poniendo de manifiesto la dimensión humana de la crisis.
El CISNS, según el PP, ha dejado de ser un espacio de cooperación y diálogo.
Los consejeros populares denuncian filtraciones constantes a los medios, anuncios de acuerdos antes de su debate y desprecio por los procedimientos internos, lo que ha generado desconfianza y un plantón sin precedentes.
Asimismo, alertan sobre la negativa del Gobierno a aprobar modificaciones presupuestarias esenciales para la salud pública,
afectando transferencias para los programas de cribado y vigilancia del cáncer, y dejando claro que estas decisiones se comunicaron a través de mensajes de WhatsApp, evidenciando el desdén por la coordinación institucional.
La ministra Mónica García respondió a las críticas defendiendo la actuación del Ministerio y recordando que el Gobierno se hizo cargo de la crisis de los cribados en Andalucía cuando las autoridades autonómicas no actuaron.
Sin embargo, su intervención no logró calmar los ánimos; la sesión se mantuvo tensa y marcada por acusaciones cruzadas entre el PP, Sumar y el Ministerio.
García denunció que los ataques buscan sacar rédito político de un asunto que debería unir a todas las administraciones, pero la falta de consenso y la politización de la información han erosionado la confianza.
El contexto de esta confrontación revela un escenario más amplio: la falta de coordinación entre ministerios, la imposibilidad de aprobar presupuestos y la gestión del Estatuto Marco han exacerbado la tensión entre Gobierno y autonomías.
La deslealtad institucional y la intromisión constante en competencias autonómicas se suman a un panorama donde los ciudadanos y los profesionales sanitarios se ven atrapados entre decisiones políticas y la necesidad urgente de una sanidad pública eficaz y universal.
La controversia ha alcanzado niveles de gravedad inéditos, afectando a Ceuta y Melilla, donde la gestión sanitaria ha sido insuficiente, y cuestionando la capacidad del Gobierno para garantizar la cobertura y el cuidado de todos los españoles.
En este escenario de confrontación y reproches, las comunidades autónomas del PP han dejado claro que no aceptarán imposiciones unilaterales, que exigirán transparencia y que continuarán vigilando la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a la sanidad.
La ministra García, por su parte, se enfrenta al desafío de restaurar la confianza y demostrar que la salud de los ciudadanos está por encima de intereses partidistas.
El CISNS de Zaragoza quedará registrado como un ejemplo de la fragilidad institucional, la tensión política y la urgencia de soluciones eficaces ante problemas estructurales que afectan a millones de españoles.
La jornada concluyó con un ambiente de incertidumbre y fuertes acusaciones mutuas, mientras la ciudadanía espera que las promesas de transparencia y gestión responsable se traduzcan en hechos concretos.
Los programas de cribado de cáncer, la incorporación de profesionales sanitarios y la correcta distribución de los fondos son ahora el centro
de todas las miradas, y la gestión del Ministerio de Sanidad está bajo un escrutinio sin precedentes que podría marcar un antes y un después en la política sanitaria española.
En definitiva, el CISNS ha mostrado las fisuras de un sistema que requiere consenso, cooperación y responsabilidad, y ha dejado patente que la política y la salud pública siguen cruzándose de manera compleja y a veces peligrosa, con millones de vidas en juego.
