El pleno de la Cámara baja da luz verde a la tramitación de la norma presentada por los populares. La formación de Belarra se ha abstenido
El Congreso de los Diputados vivió ayer una sesión decisiva marcada por un amplio consenso en torno a una iniciativa legislativa que afecta a miles de ciudadanos en España.
La Cámara baja dio luz verde a la tramitación de la norma presentada por el Partido Popular, destinada a otorgar ayudas económicas a personas con enfermedad celíaca,
mientras que la formación de Podemos decidió abstenerse, generando un debate que se prolongó durante horas y que evidenció la importancia social del asunto.
La aprobación de esta ley ha sido recibida con entusiasmo por asociaciones de pacientes y familias, que llevan años reclamando un respaldo institucional que alivie el coste adicional que supone mantener una dieta estricta sin gluten.
El presidente del grupo parlamentario del PP abrió el debate recordando que “los celíacos no eligen su condición, pero sí dependen de nosotros para que se reconozca su derecho a una alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades”.
Sus palabras resonaron con fuerza entre los diputados, que escuchaban atentamente mientras se explicaba que el coste de los alimentos sin
gluten puede ser hasta tres veces superior al de los convencionales, generando un gasto añadido que afecta de manera significativa al presupuesto familiar.
“No hablamos solo de comida, hablamos de salud, de bienestar y de justicia social”, subrayó, generando un aplauso generalizado desde varios escaños.
Durante la sesión, los portavoces de otros grupos parlamentarios, incluyendo PSOE, Ciudadanos y Vox, manifestaron su apoyo unánime a la iniciativa, destacando la necesidad de un marco legal que proteja a las personas con intolerancia al gluten.
“Hoy damos un paso adelante en la protección de nuestros ciudadanos más vulnerables.
Esta ley no tiene color político, tiene rostro humano”, afirmó un diputado socialista, recalcando que la medida beneficiará a miles de familias en todo el país.
En paralelo, representantes de la sociedad civil conectados desde el exterior de la Cámara celebraban la noticia, mostrando pancartas y mensajes de apoyo que evidenciaban la relevancia del tema para la opinión pública.
El debate alcanzó su punto álgido cuando la diputada de Podemos justificó la abstención de su formación.
“No nos oponemos a las ayudas, pero consideramos que la propuesta del PP requiere un análisis más profundo sobre su financiación y sobre la universalidad de la medida”, explicó, generando murmullos en el hemiciclo.
Los diputados de la formación morada hicieron hincapié en que la ley debería contemplar no solo las ayudas directas, sino también medidas de educación,
etiquetado más claro y control de la calidad de los productos sin gluten, para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una alimentación segura.
Entre los apoyos más sonoros, se destacó la intervención de una diputada de Vox, quien subrayó que “es momento de dejar de lado las disputas partidistas y atender a quienes necesitan ayuda real.
Los celíacos no pueden esperar más, y el Congreso hoy demuestra que puede actuar con responsabilidad y consenso”.
Su discurso provocó aplausos y un asentimiento general, demostrando que la protección de la salud de los ciudadanos puede unir sensibilidades políticas distintas.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos insistió en que “una sociedad avanzada se mide por la capacidad que tiene de cuidar a los más vulnerables. Las ayudas a los celíacos son una obligación moral y ética, no un favor político”.
El contenido de la ley contempla ayudas directas para la adquisición de productos sin gluten, además de la posibilidad de deducciones fiscales y bonificaciones que faciliten el acceso a alimentos seguros y de calidad.
Se estima que la normativa beneficiará a más de 450.000 personas diagnosticadas con enfermedad celíaca en España, así como a familias con hijos que requieran un régimen dietético especializado.
La tramitación permitirá además que se definan criterios de control y seguimiento, de manera que las ayudas sean efectivas y equitativas, evitando posibles desigualdades territoriales.
El debate también abordó la dimensión económica de la iniciativa. Varios diputados recalcaron que, aunque implica un gasto público, el retorno en términos de salud y prevención de enfermedades derivadas del consumo accidental de gluten justificaría la inversión.
“Cada euro invertido en la prevención de complicaciones médicas evitará un coste mucho mayor en hospitales y tratamientos.
Apoyar a los celíacos es, a la larga, ahorrar al Estado y proteger vidas”, argumentó un parlamentario socialista, con un tono firme que reflejaba la importancia de la cuestión.
A medida que avanzaba la sesión, los comentarios de los diputados evidenciaban una coincidencia sobre la urgencia de la ley.
Se escucharon intervenciones que relataban casos personales de familias que han tenido que destinar una parte significativa de su presupuesto mensual a alimentos sin gluten, lo que generaba dificultades económicas añadidas.
“Con esta ley, queremos que ningún niño, ningún adolescente ni ningún adulto se vea obligado a renunciar a una dieta segura por falta de recursos.
Es un derecho básico que debemos garantizar”, explicó otro diputado, mientras las cámaras enfocaban rostros de aprobación y emoción entre los asistentes.
Finalmente, la votación reflejó la unidad del Congreso salvo la abstención de Podemos, que no impidió la aprobación de la norma.
El resultado fue recibido con aplausos y gestos de satisfacción entre los parlamentarios y representantes de asociaciones que seguían el desarrollo desde los pasillos del Congreso.
La aprobación de la tramitación marca el inicio de un camino legislativo que, de cumplirse con sus objetivos, supondrá un cambio significativo para la vida de miles de ciudadanos.
El consenso logrado en esta votación evidencia que la salud y el bienestar de los ciudadanos pueden trascender las diferencias políticas, ofreciendo un ejemplo de cómo la cooperación institucional puede traducirse en beneficios tangibles para la población.
La ley, una vez completada su tramitación, permitirá establecer un marco sólido de apoyo económico, asegurando que la condición celíaca deje de ser un obstáculo en la vida cotidiana y garantizando igualdad de oportunidades para todos los afectados.
Con la tramitación ya en marcha, las expectativas son altas y la sociedad civil seguirá de cerca el proceso legislativo.
Asociaciones de pacientes y familias han declarado que permanecerán vigilantes para asegurar que la ley se implemente con eficacia y justicia, convirtiéndose en un referente de protección social y sanitaria.
La aprobación por amplia mayoría del Congreso pone de manifiesto que, incluso en un contexto político polarizado, es posible alcanzar acuerdos que repercutan directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
El próximo paso será el debate en comisión, donde se analizarán en detalle los aspectos técnicos y financieros de la ley, antes de su aprobación definitiva.
Sin duda, la tramitación de esta norma será seguida de cerca por medios de comunicación, asociaciones y ciudadanos, conscientes de que cada avance legislativo representa una oportunidad real de mejorar la vida de quienes conviven con la enfermedad celíaca en España.
Esta iniciativa legislativa demuestra que la política puede responder a necesidades concretas de la sociedad y que, cuando existe voluntad, es posible alcanzar consensos que beneficien a quienes más lo necesitan.
La ley del PP sobre ayudas a los celíacos se perfila como un ejemplo de cómo la cooperación parlamentaria y la acción legislativa pueden generar cambios positivos, marcando un precedente en la atención a la salud y la protección social en España.
