La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el mánager se quedó de casi medio millón de euros de su clienta
La polémica relación entre Belén Esteban y su exrepresentante Toño Sanchís ha alcanzado un nuevo capítulo judicial con la condena del mánager a dos años de prisión por apropiarse de 388.868,14 euros de la colaboradora televisiva.
La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado probado que Sanchís utilizó la relación de confianza personal y profesional que mantenía con Esteban para desviar a su favor parte de los ingresos generados por la actividad artística de la tertuliana, un conflicto que mantenía pendiente desde hacía años y que ahora concluye con un fallo judicial firme.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados condenan a Sanchís por un delito continuado de apropiación indebida, imponiéndole además una multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros, equivalente a 2.100 euros en total.
Asimismo, se establece que deberá indemnizar a Belén Esteban por la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.
El tribunal subraya la gravedad de los hechos al señalar que Sanchís gestionaba y administraba la Agencia de Servicios Lorant S.L., captó a Esteban como cliente, estableció un vínculo de estrecha amistad y confianza, y negociaba los contratos de representación, decidiendo el porcentaje de los ingresos entregados por las productoras que debían facturarse a favor de las mercantiles de la colaboradora.
La resolución judicial detalla que el condenado era responsable de decidir “el destino de la diferencia que no se abonaba y quien decidió aumentar el porcentaje y disponer de la diferencia”, otorgando credibilidad al relato de Belén Esteban sobre la relación personal con Sanchís,
que describió como “de plena confianza, estrecha amistad y que se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado”.
El tribunal resalta que Esteban no supervisaba la corrección de los cálculos de los porcentajes pactados y se limitaba a recibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en 2015 detectó irregularidades.
La sentencia subraya que “a lo largo del desempeño de dicha actividad, con el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, el acusado empezó a efectuar cálculos de porcentajes superiores al pactado del 20%”.
Ante esta situación, la colaboradora interpuso una demanda para reclamar la entrega de los importes desviados, la cual fue estimada en su totalidad.
Entre las medidas establecidas, el tribunal condena a Sanchís a devolver los 388.868,14 euros, de los cuales solo se recuperaron 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros mediante la adjudicación de la vivienda en Villanueva del Pardillo, gravada con una hipoteca pendiente de más de 200.000 euros.
Los magistrados enfatizan que “la confianza que tenía depositada Belén Esteban en el condenado era plena”, lo que permitió a Sanchís manipular los cálculos sin que la tertuliana supervisara los cobros de manera directa.
La sentencia refleja que la actuación de Sanchís no solo supuso un perjuicio económico, sino también un abuso de la relación de confianza y amistad construida durante años, un aspecto que la jueza consideró determinante para establecer la condena por delito continuado.
Este caso, que ha mantenido la atención mediática durante años, evidencia la vulnerabilidad de los artistas frente a la gestión de sus representantes y la importancia de supervisar los aspectos económicos de los contratos.
Analistas jurídicos destacan que “la conducta de Sanchís constituye un claro ejemplo de cómo la confianza profesional puede ser explotada de manera ilícita”, y subrayan la relevancia de la sentencia como advertencia para otros profesionales del sector.
En declaraciones anteriores durante el proceso, Belén Esteban manifestó su decepción y sorpresa: “Nunca pensé que alguien en quien confiaba plenamente pudiera actuar de esta manera.
Me siento traicionada, pero confío en que la justicia haga su trabajo”. Su testimonio, recogido por los magistrados, fue determinante para la valoración del daño causado y la determinación de las responsabilidades penales y económicas de Sanchís.
Por su parte, el exrepresentante ha admitido en varias ocasiones errores de gestión, aunque siempre ha negado intencionalidad delictiva, un argumento que el tribunal desestimó al considerar probada la voluntad de enriquecimiento ilícito mediante el aumento de porcentajes no acordados y la apropiación de fondos.
La sentencia concluye que estas acciones se realizaron de forma continuada, afectando directamente a los ingresos de Esteban y vulnerando la confianza depositada en Sanchís durante el tiempo que ejerció como su mánager.
Además de la pena de prisión y la multa, el fallo judicial establece que Sanchís deberá cumplir con todas las medidas de restitución económica a favor de Belén Esteban y que cualquier incumplimiento podría derivar en responsabilidad adicional, incluyendo la ejecución forzosa sobre bienes y propiedades.
La sentencia refleja que la recuperación del dinero fue parcial durante el proceso de ejecución, debido a la complejidad de los activos involucrados y a la existencia de cargas hipotecarias sobre la vivienda utilizada para saldar parte de la deuda.
El caso de Toño Sanchís y Belén Esteban se convierte así en un referente en España sobre la responsabilidad de los representantes y la gestión ética de los contratos artísticos, dejando una lección sobre la importancia de la transparencia y la supervisión en relaciones profesionales de confianza.
La condena de la Audiencia Provincial de Madrid no solo marca un punto de cierre judicial, sino que también resalta la necesidad de proteger los derechos económicos y patrimoniales de los artistas frente a posibles abusos de sus representantes.
En conclusión, la sentencia contra Toño Sanchís por apropiación indebida de 388.868,14 euros refuerza la importancia de la justicia en la defensa de los derechos de los artistas y establece un precedente sobre las responsabilidades penales y económicas de los gestores de talento.
La resolución judicial reconoce el daño causado, valida el relato de la víctima y subraya que la confianza profesional no puede ser vulnerada sin consecuencias legales, cerrando así un capítulo de largo litigio con un fallo firme y ejemplarizante.
