Torres defiende ante el Congreso su actuación en la compra de mascarillas en Canarias, negando cualquier vínculo con Aldama o participación en actos ilegales, y asegura que todas sus decisiones se hicieron conforme a la ley y en beneficio del interés general.

El pleno del Congreso vivió ayer un tenso intercambio sobre las acusaciones de presunta corrupción vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia en Canarias.

El expresidente de la comunidad autónoma, Torres, se defendió con firmeza de las afirmaciones que lo relacionaban con la trama de Ávalos, Coldo y Aldama, insistiendo en que nunca tuvo relación estrecha con el empresario Aldama ni participó en ningún acto ilegal.

“Con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor de Aldama, no tengo ningún trato con este señor, muchísimo menos como él afirmaba, un trato estrecho”, subrayó.

El debate se centró en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que había analizado durante año y medio las

compras realizadas por el Gobierno de Canarias y los intercambios de mensajes entre Torres, su número dos Olivera y los intermediarios Coldo y Aldama.

Según la UCO, Torres fue señalado como puerta de entrada de la trama en Canarias, actuando como colaborador necesario de la organización criminal.

Sin embargo, el expresidente negó categóricamente haber recibido beneficios económicos o haber actuado fuera de la ley. “Jamás, jamás el interés individual. Mi actuación siempre fue por el interés general”, enfatizó.

Durante la sesión, se recordó que Torres respondió a 227 mensajes de Coldo en seis meses, pero el exmandatario defendió que ninguno de esos intercambios tuvo como objetivo acelerar pagos o beneficios personales indebidos.

A pesar de que se destacó que algunas mascarillas se compraron a precios muy por encima del mercado —1,8 euros frente a los 250 pagados a Coldo—, Torres justificó la operación como parte de una gestión de emergencia para asegurar material sanitario ante la pandemia.

Detalló además que los procedimientos fueron validados por los servicios técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y que la operación estaba respaldada por la intervención general y la Audiencia de Cuentas.

El conflicto se intensificó cuando se cuestionó la relación de Torres con Aldama. Un mensaje de WhatsApp reveló un encuentro en el restaurante High Alay de Madrid entre ambos y Coldo, lo que generó acusaciones sobre un posible trato preferencial.

Torres reiteró que se trató de un encuentro puntual y negó haber mantenido relación estrecha con Aldama, subrayando que no tenía su número guardado y que cualquier contacto no implicaba acciones ilegales.

“Lo sigue manteniendo. Sí. Bien. Pues dígame entonces, ¿por qué el día 18 de noviembre le pidió a Coldo el teléfono de Aldama?

¿Por qué se lo pidió?”, insistió un parlamentario, ante lo que Torres respondió que solo buscaba agilizar trámites administrativos relacionados con proveedores y soluciones de gestión.

Uno de los puntos más controvertidos fue el pago de 2 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión en condiciones excepcionales.

Torres defendió que la medida se adoptó para garantizar la entrega de material en un contexto de emergencia sanitaria, mientras que los períodos de pago habituales para otros proveedores superaban los 12 meses.

“Se involucró de una manera personal para que Soluciones de Gestión cobrase de manera inmediata. No era por beneficio propio, sino para cumplir con la urgencia sanitaria”, explicó.

La sesión también abordó las acusaciones de manipulación de contratos y adjudicaciones directas.

Torres defendió que la elección de proveedores se realizó conforme a los criterios legales y que cualquier decisión se adoptó en coordinación con los responsables del servicio de salud.

Señaló que, ante la necesidad de garantizar material homologado, algunas compras se realizaron siguiendo recomendaciones de organismos de control, evitando que los proveedores obtuvieran beneficios indebidos.

Torres negó categóricamente la existencia de mordidas, comisiones ilegales o explotación sexual en el marco de estas operaciones. “Jamás le he pedido ni recibido un solo euro.

No hay pisos, no hay comisiones, no hay mordidas, no hay mujeres explotadas sexualmente ni ilegalidades en mi actuación”, afirmó con contundencia.

La UCO corroboró que su participación se limitó a garantizar la distribución del material sanitario en momentos críticos y que las decisiones se ajustaron a la normativa vigente.

El exmandatario también criticó el uso de acusaciones infundadas por parte del Partido Popular y otros políticos, denunciando que se trataba de un intento de difamar su imagen y perjudicar a su familia.

“Estoy feliz porque han intentado ustedes enseñar a una familia con mentiras burdas. Todos los españoles saben ya cómo actúa el Partido Popular en estos casos”, afirmó, resaltando que las acusaciones carecían de fundamento real y solo buscaban generar alarma mediática.

En relación con las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, Torres reconoció haber respondido a todas las preguntas planteadas y afirmó que cualquier información contenida en los informes sobre sus contactos con intermediarios no implicaba actos ilícitos.

Además, recordó que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Tribunal Supremo encontraron pruebas que justificaran su imputación.

“El informe de la UCO analiza contratos, mensajes y procedimientos, y no se identificó ninguna irregularidad que implique responsabilidades penales para mí”, aseguró.

La sesión también incluyó comparaciones con otras compras realizadas en el marco de la pandemia, destacando que algunas empresas

habían recibido pagos más tardíos o precios inferiores, mientras que las gestiones que él supervisó priorizaron la rapidez y legalidad de las operaciones.

Torres subrayó que, incluso en situaciones de presión y conflictos administrativos, su única intención fue garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos canarios, cumpliendo con sus responsabilidades como presidente de la comunidad autónoma.

Al final de la interpelación, Torres exhortó a los parlamentarios a centrarse en hechos verificados y no en rumores o acusaciones infundadas.

“No vamos a pedir perdón por hacer nuestro trabajo. Esto no es un tema de victimismo, sino de transparencia y de cumplir con nuestras obligaciones. Mi actuación ha sido siempre legal y con la máxima responsabilidad”, concluyó.

Su intervención dejó claro que, según la UCO y otros organismos de control, no existen pruebas de corrupción, comisiones ilegales o

influencias indebidas en las operaciones que supervisó, y que cualquier intento de vincularlo con irregularidades responde a estrategias políticas de difamación.

En definitiva, la sesión evidenció un intenso cruce de acusaciones y defensas, con Torres reafirmando su inocencia y su compromiso con la

gestión pública, mientras se señalaba a los intermediarios como responsables de las irregularidades que sí podrían existir en la compra y distribución de mascarillas.

La discusión generó un amplio debate político, poniendo de relieve la complejidad de la gestión sanitaria durante la pandemia y la dificultad de separar la verdad de la especulación en el ámbito parlamentario.