Donald Trump acusó a Venezuela de haber quitado ilegalmente a Estados Unidos los derechos petroleros y afirmó que quiere recuperarlos, intensificando su discurso contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner el foco sobre Venezuela este miércoles con declaraciones explosivas que han encendido la tensión entre Washington y Caracas.

Desde la base aérea Andrews, a las afueras de la capital estadounidense, Trump afirmó sin rodeos que Venezuela había arrebatado a las empresas estadounidenses los derechos sobre el petróleo del país sudamericano y que él quiere recuperarlos.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró Trump ante la prensa, con un tono que dejó clara su indignación y determinación.

“Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, insistió, reforzando su mensaje ante los periodistas.

Estas afirmaciones se producen apenas un día después de que Trump ordenara un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En aquel momento, el presidente aseguró que Venezuela había “robado” petróleo, tierras y activos de Estados Unidos y que estos debían ser “devueltos”.

La acción generó una fuerte respuesta de Caracas, que calificó la postura de Trump como una amenaza temeraria y denunció la violación del derecho internacional, del libre comercio y de la libre navegación.

El gobierno venezolano emitió un comunicado en el que señaló que Trump “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad” y rechazó las medidas estadounidenses calificándolas de intervención inaceptable.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, enfatizó que Washington busca un cambio de régimen y que estas acciones no harán más que fortalecer la defensa del país.

Trump también ha intensificado la presión sobre Venezuela mediante acciones directas en el Caribe. La semana pasada, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautaron un buque que había salido del país suramericano, confiscando el crudo que transportaba.

Desde septiembre, además, el ejército estadounidense ha destruido cerca de veinte embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente transportaban droga, causando la muerte de al menos 95 tripulantes, según los reportes estadounidenses.

En medio de este conflicto, Trump ha señalado que su estrategia sobre Venezuela tiene también un objetivo de seguridad: combatir el narcotráfico, acusando al gobierno de Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles.

Por su parte, Caracas niega de manera reiterada estas acusaciones y asegura que Estados Unidos busca únicamente debilitar al gobierno venezolano para imponer un cambio de régimen.

Históricamente, la industria petrolera venezolana ha sido objeto de nacionalizaciones y reformas que han afectado la participación extranjera.

En 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) asumió el control total de la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo del país.

Posteriormente, en la segunda presidencia de Pérez (1989-1993), se abrió un proceso que permitió a empresas extranjeras invertir en el sector petrolero venezolano.

No fue hasta 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, que se modificaron las reglas del sector para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o a abandonar el país, consolidando así el control estatal sobre el petróleo venezolano.

A pesar de estas restricciones, algunas empresas estadounidenses, como Chevron, siguen operando en Venezuela gracias a licencias especiales otorgadas por el Departamento del Tesoro, que las exime de ciertas sanciones impuestas al crudo venezolano.

En sus declaraciones recientes, Trump dejó claro que no está dispuesto a aceptar la situación actual.

“Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos y lo queremos de vuelta”, enfatizó, reiterando su visión de que la administración venezolana actuó de manera ilegal al expulsar a las compañías estadounidenses.

Este discurso, cargado de fuerza y reivindicación, apunta a reforzar su postura internacional y a justificar nuevas medidas de presión sobre Caracas.

Desde el lado venezolano, Maduro ha respondido llamando a la población a mantenerse alerta y a participar activamente en la defensa del país.

Ha instado a los ciudadanos a sumarse a las milicias ciudadanas, un movimiento que busca proteger la soberanía venezolana frente a cualquier intervención externa.

Según Maduro, la acción de Trump constituye una amenaza directa contra la nación y una violación flagrante del derecho internacional.

El enfrentamiento entre Washington y Caracas no muestra señales de disminuir.

Trump ha prometido iniciar pronto nuevas operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras que el gobierno venezolano reafirma su disposición a resistir cualquier intento de agresión económica o militar.

Esta escalada de tensiones deja en evidencia la fragilidad de la relación bilateral y la importancia estratégica del petróleo venezolano en el contexto global.

La tensión se intensifica en un país cuya economía depende casi exclusivamente del petróleo y que enfrenta sanciones internacionales desde hace años.

Las declaraciones de Trump y las medidas de bloqueo de buques petroleros aumentan la incertidumbre sobre el comercio internacional de crudo y podrían generar consecuencias directas en los mercados energéticos.

Con la industria petrolera en el centro de la controversia, la diplomacia y la fuerza militar como herramientas de presión y la retórica presidencial al máximo nivel, el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela promete mantenerse como uno de los puntos más calientes de la política internacional en los próximos meses.

La confrontación sobre los derechos petroleros, las sanciones y la soberanía nacional sigue siendo un tema que podría desencadenar nuevas tensiones, marcando un capítulo explosivo en la relación bilateral entre ambos países.