La portavoz de Hupol reprochó al senador socialista Alfonso García Rodríguez sus amenazas de sanciones y defendió la libertad de expresión de los agentes, subrayando que muchos ciudadanos recurren a empresas de desocupación por falta de confianza en el sistema judicial.

En un reciente debate en el Senado español, la portavoz de Hupol, Laura García Pérez, ofreció una intervención contundente que ha resonado en la opinión pública.

Su discurso se centró en la creciente preocupación entre las fuerzas de seguridad sobre la ocupación ilegal de viviendas y la falta de apoyo legal que enfrentan al intentar actuar en estas situaciones.

García Pérez, quien representa a más de 24,000 policías, enfatizó que “nunca hemos ido a una casa que esté ocupada por personas vulnerables.

Casi todos son chorizos, son jetas, son multirreincidentes”. Esta afirmación refleja una realidad que muchos en el cuerpo policial consideran alarmante.

La intervención de García Pérez fue provocada por las declaraciones del senador socialista Alfonso García Rodríguez, quien amenazó a los policías con posibles sanciones si continuaban denunciando la realidad de la ocupación.

“No puede ser que un funcionario público haga este tipo de afirmaciones. Esto es inapropiado y no sé si susceptible de sanción”, replicó García Pérez, defendiendo la libertad de expresión de los agentes.

La portavoz policial argumentó que “si realmente quieren tener este reconocimiento social y tener este complemento de riesgo profesional, se lo deben de merecer y ganar en cada actuación”.

Durante el debate, García Pérez destacó que la legislación actual protege más a los ocupantes ilegales que a los propietarios, lo que genera una sensación de desconfianza en el sistema judicial.

“La legislación actual protege a la persona que actúa con mala fe, mientras deja desprotegida a la víctima”, afirmó, subrayando la frustración que sienten muchos ciudadanos que ven cómo sus derechos son vulnerados sin que las instituciones públicas actúen a tiempo.

Un dato preocupante que García Pérez presentó fue el aumento de las ocupaciones en España, con 16,426 casos reportados el año pasado, lo que representa un incremento del 7.4% en comparación con 2023.

Este aumento no solo afecta a los propietarios, sino que también contribuye al encarecimiento del alquiler, ya que muchos propietarios temen poner sus viviendas en el mercado por miedo a que sean ocupadas.

“La inseguridad jurídica provoca que la oferta baje y los precios suban”, explicó García Pérez, evidenciando cómo la falta de acción clara por parte del gobierno afecta directamente a la economía.

El senador García Rodríguez, por su parte, defendió su postura argumentando que “todos los que cometen delitos son delincuentes”, y criticó a las empresas de desocupación, sugiriendo que su existencia es una usurpación de las competencias de las fuerzas del orden.

Sin embargo, García Pérez respondió con firmeza, señalando que muchos ciudadanos prefieren recurrir a estas empresas porque el sistema judicial es lento y complicado. “La gente no confía en un sistema que no les protege”, insistió.

En un momento particularmente emotivo, García Pérez recordó las historias de ciudadanos que se ven obligados a lidiar con ocupaciones durante años, enfrentando no solo pérdidas económicas, sino también problemas de salud mental.

“Esto mella a cualquier ser humano y muchos renuncian a denunciar”, lamentó, haciendo un llamado a la necesidad de una reforma legal que priorice la protección de la propiedad privada.

La intervención de García Pérez culminó con una crítica al gobierno por su aparente falta de interés en abordar el problema de la ocupación.

“Nunca entenderé el proteccionismo hacia aquellos que vulneran la propiedad privada”, concluyó, dejando claro que la situación actual no solo es insostenible, sino que también pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Este debate en el Senado no solo expone las tensiones existentes entre las fuerzas de seguridad y los políticos, sino que también resalta la urgente necesidad de un cambio en la legislación para abordar la crisis de la ocupación de viviendas en España.

La voz de los policías, como la de García Pérez, es un recordatorio de que detrás de cada cifra hay historias de personas que luchan por sus derechos y su dignidad.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto tiempo más se permitirá que esta situación continúe sin una solución efectiva?