Tras la tragedia ferroviaria de Adamuz con más de 40 fallecidos, ADIF ordena reducir de forma urgente la velocidad del AVE a 160 km/h en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona.
Han tenido que morir más de 40 personas y cientos de heridos para que el Ministerio de Transportes y ADIF se vean obligados a hacer caso a las denuncias de los maquinistas y los propios viajeros.
Apenas un día después del trágico accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, ADIF ha remitido una orden a los maquinistas para que limiten de forma temporal la velocidad en un tramo de la línea que une Madrid con Barcelona, sobre la que estos profesionales venían quejándose desde hace varios meses.
La orden de ADIF obliga a los maquinistas a reducir a 160 kilómetros por hora la velocidad en varios tramos que suman un total de 150 kilómetros.
Entre ellos, destaca un tramo de unos 150 kilómetros de vía entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza).
“Es inaceptable que tengamos que llegar a estas medidas tras una tragedia”, comenta un maquinista que prefiere permanecer en el anonimato.
“Hemos alertado sobre el estado de las vías durante meses y nadie nos escuchó”.
Esta medida urgente, lejos de tranquilizar a los ciudadanos y trabajadores, ha hecho saltar todas las alarmas.
“Obviamente, se entiende que hay un riesgo real de descarrilamiento por el estado de las vías”, señala un portavoz de los trabajadores del sector ferroviario.
“El gobierno debe asumir su responsabilidad en el accidente de Adamuz, y esto es solo un parche que no soluciona el problema de fondo”.
La reducción de velocidad, que representa aproximadamente el 25% del trayecto total, pasará de 300 km/h a 160 km/h de media.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los usuarios del tren.
“Si el estado de las vías no ha sido el culpable del accidente, ¿por qué ahora esta medida urgente en la línea Madrid-Barcelona?”, se pregunta un viajero habitual de esta ruta.
Las críticas no se han hecho esperar.
Muchos reconocen que, en tan solo siete años de gobierno socialista, España está pasando de tener trenes de alta velocidad a trenes regionales que van a 160 km/h por falta de mantenimiento.
“Los retrasos son constantes.
Los accidentes forman parte del día a día y, ahora, por desgracia, ya no sabes si vas a llegar con vida a tu destino”, expresa un usuario que ha perdido la confianza en el sistema ferroviario.
“Es una realidad dura, pero es la que vivimos diariamente”.
La decisión de ADIF ha hecho saltar todas las alarmas, y tanto Pedro Sánchez como Óscar Puente, el Ministro de Transportes, permanecen en un silencio absoluto.
“Repiten un mantra que ya suena demasiado conocido: no hacer caso a los bulos, solo a la información oficial del gobierno”, critica un analista político.
“El problema es que el gobierno se ha convertido en un bulo en sí mismo.
La falta de acción y respuesta ante esta crisis es alarmante”.
A medida que la situación se agrava, la presión sobre el gobierno aumenta.
“¿Qué más tiene que pensar para que el ministro Óscar Puente y toda la directiva de ADIF dimitan en masa?”, cuestiona un político de la oposición.
“Es hora de que asuman su responsabilidad y se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los viajeros”.
Los ciudadanos están cansados de promesas vacías y de un sistema que parece priorizar el lucro sobre la seguridad.
“No podemos seguir así.
La vida de las personas está en juego”, concluye un maquinista, visiblemente afectado por la situación.
“Necesitamos un cambio real, no solo palabras”.
En este contexto, la reducción de velocidad no es solo una medida temporal, sino un síntoma de un problema mucho más profundo en el sistema ferroviario español.
La falta de inversión en infraestructura y el mantenimiento deficiente han llevado a una crisis que ha costado vidas.
“La seguridad no debería ser una opción, debería ser una prioridad”, enfatiza un experto en transporte.
La tragedia en Adamuz no debe ser solo un recordatorio de lo que ha sucedido, sino un llamado a la acción para que se tomen decisiones que realmente protejan a los ciudadanos.
La espera por respuestas y soluciones efectivas continúa, mientras el clamor por justicia y seguridad se hace más fuerte en cada rincón del país.
