Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz exigen responsabilidades políticas y piden la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, denunciando silencio y falta de explicaciones.
Los familiares de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz han alzado la voz en un grito de desesperación y exigencia de justicia.
Tras más de 48 horas de silencio, dolor e incertidumbre, han reclamado responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez, señalando directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente.
“Que rueden cabezas”, clamó la hermana de una de las víctimas mortales, con la voz quebrada por la angustia y la rabia.
“No queremos que el dinero público se destine a otras prioridades, sino al mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias”, añadió con firmeza.
La indignación entre los familiares crece a medida que pasan las horas sin recibir explicaciones claras sobre la situación de sus seres queridos, algunos de los cuales permanecen atrapados o desaparecidos.
“El Gobierno se escuda en el luto para evitar asumir responsabilidades”, denunciaron.
La protesta ha sido contundente; algunos familiares se han negado a reunirse con los Reyes de España al comprobar que estaban acompañados por miembros del Ejecutivo, como María Jesús Montero y el propio Óscar Puente.
En un acto de desafío, otros han abucheado al ministro de Transportes, dejando claro que su paciencia se ha agotado.
Entre los familiares, la certeza de que “algo se hizo mal” se ha instalado.
Apuntan a la falta de previsión y a la desatención de las advertencias lanzadas por maquinistas y trabajadores del sector.
“Óscar Puente presumió del servicio ferroviario mientras se acumulaban incidentes.
¿Qué ha pasado con la Unidad de Prevención de Accidentes? Se desmanteló, y las denuncias internas sobre el estado de las vías fueron ignoradas, especialmente en el entorno de Adamuz”, afirmaron con indignación.
Una de las afectadas resumió el sentimiento de muchos al decir: “No quiero el dinero de nadie, porque ese dinero no me va a devolver a mi hermano, pero exijo justicia”.
Las críticas hacia el ministro se intensifican al recordar sus declaraciones previas, donde anunciaba mejoras y mayores velocidades en líneas ferroviarias que ya están obsoletas, como la de Madrid-Barcelona, que roza los 20 años y necesita una profunda renovación.
En contraste, el Gobierno ha anunciado recientemente una fuerte reducción de la velocidad de los trenes de alta velocidad en tramos muy largos, una decisión que ha dejado a los familiares con más preguntas que respuestas.
“¿Por qué se frena ahora el AVE y no antes? ¿Temen que pueda repetirse una tragedia similar?”, cuestionaron los familiares, quienes no solo piden dimisiones, sino también respuestas claras sobre el estado real de la red ferroviaria española.
“Queremos saber por qué se ignoraron las advertencias de los propios trabajadores de Renfe y de los usuarios, quienes ya en agosto habían reclamado reducir la velocidad en la línea de Adamuz”, insistieron.
Una de las voces más desgarradoras fue la de una hermana que, con lágrimas en los ojos, expresó: “Mi hermano no ha muerto, lo han matado”.
Sus palabras resonaron entre los presentes, condensando la rabia y la sensación de abandono de unas víctimas que ya no aceptan silencio ni excusas.
La situación ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema ferroviario y la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las infraestructuras.
El clamor de los afectados es claro: no se detendrán hasta obtener respuestas y justicia.
“No permitiremos que esto se convierta en otro caso olvidado.
Exigimos que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los pasajeros”, afirmaron con determinación.
La lucha de los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad política y la necesidad de priorizar la seguridad en el transporte público.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta una creciente presión para dar explicaciones y asumir la responsabilidad que le corresponde.
El eco de las voces de los familiares resuena en toda España, instando a una reflexión profunda sobre la gestión de las infraestructuras y la seguridad de los ciudadanos.
La indignación y la búsqueda de justicia no cesarán hasta que se logre un cambio significativo en la política ferroviaria del país.
