El empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto conseguidor del llamado caso Koldo, ha dejado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una posición extremadamente comprometida.
El empresario Víctor de Aldama ha dejado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una posición sumamente comprometida tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional en el marco del llamado caso Koldo.
De acuerdo con Aldama, Torres mostró una ambición desmedida por ingresar al Gobierno en 2020, justo cuando, como presidente de Canarias, tuvo contacto con una red investigada por supuestos amaños en contratos de material sanitario.
Aldama, conocido como el presunto conseguidor de esta trama, ha confirmado que mantuvo dos encuentros con Torres, en los que se discutieron las compras de mascarillas y test PCR durante la pandemia.
“Torres debería estar bastante preocupado”, afirmó Aldama al salir de su comparecencia, después de haber presentado al juez pruebas y comunicaciones que, según él, demostrarían la implicación del ministro en la red.
Las reuniones habrían tenido lugar el 15 y 16 de julio de 2020, coincidiendo con encuentros en Madrid entre Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Según fuentes jurídicas, Aldama explicó que Torres intentó beneficiarse personalmente de estos contactos, mostrando interés en recibir una cartera ministerial a cambio de su colaboración con la red.
“No se trató de un encuentro aislado, sino de una serie de contactos planificados para asegurar los negocios de mi empresa”, declaró Aldama.
Esta afirmación añade una nueva dimensión a la investigación, sugiriendo que la ambición política de Torres podría haber influido en sus decisiones durante la crisis sanitaria.
La situación se complica aún más con la declaración de Aldama coincidiendo con una jornada clave en la que José Luis Ábalos y Koldo García comparecen ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional para Ábalos, mientras que Koldo está citado a las 12:30 en la Audiencia Nacional.
Aldama ha llegado a la sede judicial generando una gran expectación mediática, lo que subraya la importancia de su testimonio en el desarrollo del caso.
Aldama también reveló que pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo García para facilitar contratos públicos, incluidos los de Canarias, afirmando que este dinero “abría puertas” en diversas administraciones.
Este tipo de declaraciones pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones y la posible corrupción en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
La Fiscalía ha valorado la colaboración de Aldama, solicitando siete años de prisión para él, mientras que para Koldo García pide 19 años y medio. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, reclaman 30 años de prisión tanto para Koldo como para Aldama.
La implicación directa del ministro Torres, según la declaración de Aldama, sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación de máxima vulnerabilidad, aumentando la presión política y judicial en un entorno ya marcado por la investigación del caso Koldo.
Este escándalo no solo afecta a individuos, sino que amenaza con socavar la confianza pública en las instituciones y en la gestión gubernamental durante una crisis sanitaria sin precedentes.
La declaración de Aldama resuena con las palabras de otros líderes políticos que han criticado la gestión del Gobierno en relación con la pandemia.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado que “la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos es inaceptable”, mientras que Santiago Abascal, líder de VOX, ha afirmado que “los ciudadanos merecen respuestas claras y contundentes”.
El caso Koldo ha generado un intenso debate en la sociedad española sobre la ética en la política y la necesidad de una mayor regulación en la contratación pública, especialmente en tiempos de crisis.
A medida que avanza la investigación, queda por ver cómo afectará a la reputación del Gobierno y a la carrera política de los implicados.
En conclusión, el testimonio de Víctor de Aldama no solo expone las supuestas irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia, sino que también revela la ambición política de Ángel Víctor Torres, quien, según Aldama, estaba dispuesto a aprovecharse de la situación para alcanzar sus objetivos personales.
Este escándalo pone de relieve la urgencia de una revisión profunda de los procesos de contratación pública y la necesidad de garantizar la integridad en la administración pública.
La sociedad española observa con atención el desenlace de este caso, que podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país.
