Las intervenciones de Vox denuncian presuntas maniobras del Gobierno para influir en investigaciones judiciales y minimizar escándalos internos, incluidas acusaciones de corrupción y de mala gestión institucional.

En una comparecencia marcada por un tono especialmente duro, la portavoz parlamentaria de Vox lanzó este martes una batería de acusaciones contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez,

denunciando lo que calificó como un “deterioro institucional sin precedentes” y una “crisis de confianza” derivada, a su juicio, de presuntas irregularidades políticas, interferencias en cuerpos del Estado y una gestión fallida de la inmigración.

Durante más de una hora, la dirigente de Vox combinó reproches al Partido Socialista, críticas directas al Partido Popular e inquietudes sobre seguridad, vivienda y fiscalidad, en un discurso que refleja la estrategia de confrontación total que la formación ha asumido en los últimos meses.

“Cada semana que pasa es una semana más de dificultades para los españoles, cada vez más asfixiados por los impuestos”, afirmó al inicio de su intervención, recordando la manifestación de autónomos celebrada el pasado domingo.

La portavoz acusó al PSOE de “perseguir como criminales” a pequeños empresarios mientras “los verdaderos problemas del país siguen sin resolverse”.

Uno de los ejes principales de su exposición giró en torno a la reciente remodelación en la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según explicó, Vox considera que el ascenso del coronel Juste —aprobado en Consejo de Ministros— se produce “en plena investigación por casos de corrupción que afectan al PSOE”.

“El ministro del Interior maniobra para controlar todo aquello que pueda obstaculizar las investigaciones.

Es un comportamiento que calificamos de profundamente inaceptable”, declaró, atribuyendo al Ejecutivo una estrategia de “interferencias” que, de acuerdo con su postura, pondría en riesgo la independencia de las instituciones.

En relación con las causas judiciales que afectan a antiguos dirigentes socialistas, la portavoz sostuvo que “las declaraciones de figuras como Ábalos o Coldo requieren claridad” y criticó la actitud del Gobierno al respecto.

“Resulta contradictorio que se desacredite el testimonio de unos imputados y se dé credibilidad absoluta a otros, dependiendo de la conveniencia política”, expresó, insistiendo en la necesidad de “transparencia y coherencia”.

Otro de los puntos más controvertidos de la intervención se centró en la reapertura de un expediente interno en el PSOE por presuntas denuncias de acoso sexual.

Vox sostiene que existen “irregularidades” en la gestión interna del partido, aunque no aportó documentación adicional más allá de referencias a informaciones conocidas públicamente.

“Un partido que se presenta como feminista no puede permitir que desaparezcan expedientes que afectan a mujeres que han denunciado conductas graves”, afirmó, añadiendo que, a su juicio, el Gobierno “debe dar explicaciones claras y exhaustivas”.

La portavoz dedicó también una parte de su intervención a cuestionar la moralidad y la solvencia del Ejecutivo, utilizando expresiones contundentes para referirse a miembros del Gobierno.

Vox insiste en que su crítica se dirige a “responsabilidades políticas”, aunque empleó un tono especialmente severo para ilustrar lo que considera “un deterioro ético absoluto” del sistema institucional español.

“Tenemos un Gobierno que actúa con criterios partidistas, que coloca a personas afines en órganos clave y que utiliza la televisión pública para construir un relato favorable”, afirmó.

El terreno económico tampoco quedó fuera del discurso.

La dirigente denunció que la nueva obligación —que entrará en vigor el 1 de enero— de sustituir los triángulos de emergencia por la luz V16 es “una imposición innecesaria” y un gasto adicional para las familias “que ya soportan el encarecimiento del coste de la vida”.

Según explicó, Vox ha registrado una iniciativa parlamentaria para suspender esta medida hasta que existan “estudios técnicos independientes que avalen su eficacia”.

En uno de los tramos más extensos de la comparecencia, la portavoz abordó la cuestión migratoria, señalando que, según Vox, España vive

una situación de “colapso” debido a un aumento de menores extranjeros no acompañados y a la supuesta falta de controles de entrada. “Estamos ante las consecuencias de décadas de dejadez y de políticas que han incentivado la inmigración irregular”, afirmó.

La formación propone reforzar las devoluciones en origen, incrementar el control fronterizo y exigir a los países de procedencia que colaboren en la repatriación de menores.

Consultada sobre las dificultades legales y diplomáticas que conlleva este tipo de medidas, respondió: “Es cuestión de voluntad política. Si Vox gobernara, no habríamos llegado a este callejón sin salida”.

La relación con el Partido Popular ocupó también un espacio central.

Preguntada por la propuesta de Santiago Abascal de presentar una moción de censura, la portavoz criticó la actitud del PP: “Nosotros ya hemos presentado dos mociones cuando era necesario. El Partido Popular no está haciendo todo lo posible para desgastar al PSOE”.

Según su análisis, el PP mantiene acuerdos con el PSOE en diversas instituciones y “no muestra una estrategia clara de ruptura”. Añadió que “no existe un ‘PSOE bueno’” y que, a su juicio, la oposición popular “incurre en incoherencias que confunden a los españoles”.

La portavoz respondió igualmente a preguntas sobre el último mensaje público del rey emérito.

Evitó pronunciarse sobre su contenido concreto, pero denunció que, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, “la institución de la Corona ha sido erosionada” y que el Gobierno “actúa como si quisiera debilitar el papel constitucional del jefe del Estado”.

Por último, respecto al posible apoyo de Vox a un futuro decreto de vivienda negociado entre el PSOE y Junts, fue tajante: “No vamos a respaldar ninguna iniciativa de este Gobierno”.

Según explicó, la ley de vivienda vigente ha “agravado la escasez y encarecido los alquileres”, por lo que su grupo parlamentario rechaza cualquier ampliación o modificación que no implique “una derogación completa del marco actual”.

La intervención concluyó con un mensaje dirigido a los votantes y a la oposición: “España necesita recuperar la ley, el orden y la soberanía institucional. Y eso solo se logrará con una oposición frontal a las políticas del Gobierno y a los pactos que lo sostienen”.