VOX acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de abandono a los agentes y de desmantelar unidades clave en la lucha contra el narcotráfico, vinculando la criminalidad con la inmigración ilegal.
El debate parlamentario celebrado ayer en el Congreso estuvo marcado por un cruce de acusaciones entre VOX y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en torno a la seguridad pública, la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el narcotráfico y la inmigración.
La sesión se inició con una intervención enérgica de Gil Lázaro, portavoz de VOX, quien acusó al titular de Interior de abandono y desinterés frente a los problemas de seguridad que, según él, afectan tanto a los agentes como a la ciudadanía.
“Señor ministro de Interior, en los últimos tiempos se han incrementado las agresiones contra policías y guardias civiles.
Según datos oficiales, 17.000 se produjeron en 2024 frente a las 11.400 registradas en 2021. Este incremento refleja un marco jurídico débil y la falta de un discurso institucional firme que defienda la acción policial”, afirmó Lázaro.
Además, criticó la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el gobierno, señalando que, a su juicio, dejaría a los agentes aún más desprotegidos.
El portavoz de VOX también destacó la supresión de la unidad especial OCON Sur, dedicada al control del narcotráfico en Andalucía, y denunció que la decisión del ministerio había favorecido la expansión de la delincuencia organizada.
Según Lázaro, la falta de coordinación y los cambios en la estructura de estas unidades habían generado riesgos directos para los agentes, ejemplificados con el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate en febrero de 2024.
“La acción brillante de OCON Sur estaba eliminando la principal industria clandestina de cannabis en la región, y su desmantelamiento ha permitido una expansión violenta del narcotráfico hasta el centro de Sevilla”, agregó.
El diputado de VOX no dejó de lado la relación entre inmigración y criminalidad, señalando que, según datos recientes de cuerpos autonómicos, la mayoría de las detenciones corresponden a extranjeros.
Lázaro vinculó este hecho al incremento de delitos de alto impacto social, como violaciones, que según sus cifras habrían aumentado un 275% en los últimos años.
Asimismo, cuestionó la transparencia del ministro y su supuesta obstrucción a una comisión del Parlamento Europeo que investigaba los asesinatos de los guardias civiles.
En su réplica, Marlaska calificó las acusaciones como “bulos y desinformación” y defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad pública.
Subrayó que la percepción de inseguridad ciudadana había disminuido significativamente desde 2018, situando la preocupación por la criminalidad como principal problema solo para el 1,2% de la población, frente a ser uno de los tres principales problemas antes de la llegada del actual gobierno.
“España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo, ocupando el puesto 25 de 160 países según el índice de paz global 2025”, aseguró.
El ministro destacó que desde 2018 se han incorporado 18.000 agentes netos adicionales en Policía Nacional y Guardia Civil, alcanzando un total de 160.000 efectivos, y se ha invertido más de 1.000 millones de euros en infraestructuras y equipamiento.
En cuanto a la profesión de riesgo, Marlaska explicó que, aunque no existe como tal en la legislación española, los complementos específicos ya reconocen la penosidad de las funciones de policía y guardia civil, y se trabaja en un Real Decreto que permitirá el reconocimiento de jubilaciones anticipadas para ciertos colectivos.
Sobre el narcotráfico, el ministro subrayó la continuidad y ampliación de los planes especiales del Campo de Gibraltar, incrementando los efectivos en un 16% y asegurando una cobertura del 95% de las unidades especializadas, frente al 80% de 2018.
También señaló la prohibición del comercio de lanchas rápidas y la mejora en medios tecnológicos para la lucha contra la droga y el blanqueo de capitales, destacando un aumento del 60% en efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) y del 36% en su plantilla de recursos.
Marlaska defendió que la gestión del ministerio ha respetado la neutralidad de los cuerpos de seguridad y que cualquier nombramiento o reestructuración se realiza con criterios operativos, subrayando la colaboración con fiscales y órganos judiciales.
Afirmó que el presupuesto del ministerio se ha incrementado un 35% en los últimos siete años y que se sigue garantizando la disponibilidad de chalecos antibalas y otros equipos de protección.
El debate evidenció profundas diferencias entre VOX y el Ministerio del Interior sobre la interpretación de los datos de criminalidad, la efectividad de las políticas de seguridad y el papel de los agentes en el terreno.
Mientras Lázaro denunció abandono institucional y vinculación entre inmigración y delitos violentos, Marlaska defendió cifras oficiales, aumentos de plantilla y medios, y destacó la percepción de España como país seguro, insistiendo en la profesionalidad y neutralidad de las fuerzas de seguridad.
La sesión concluyó con la reiteración de ambas partes de sus respectivas posiciones: VOX manteniendo su crítica al gobierno por supuestas negligencias y Marlaska resaltando la inversión, la gestión y la reducción de la sensación de inseguridad ciudadana.
La confrontación dejó patente la polarización política sobre la seguridad en España y la tensión entre la percepción de la ciudadanía y los datos oficiales de criminalidad.
En un hemiciclo marcado por la intensidad del debate y la exposición de cifras y argumentos contrapuestos, la discusión sobre la seguridad
pública y la protección de los agentes continúa siendo un tema central de controversia política, con implicaciones directas para la gestión del Ministerio del Interior y la estrategia de prevención del delito en todo el país.
