La vicepresidenta segunda critica desde México al líder del PP por pedir a los empresarios catalanes que presionen a Junts para forzar una moción de censura
Ciudad de México — La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha emitido una contundente reprimenda al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por sus recientes declaraciones en las que instaba a empresarios catalanes a presionar a Junts para promover una moción de censura contra el Gobierno autonómico de Cataluña.
Desde México, donde participa en un foro internacional sobre economía y derechos laborales, Díaz subrayó que la soberanía política reside en los ciudadanos y que los intentos de coacción por parte de actores económicos son inaceptables en una democracia consolidada.
“En España mandan los ciudadanos votando, no las empresas.
Las decisiones políticas legítimas deben surgir del pueblo y no de presiones externas que buscan subvertir la voluntad democrática”, afirmó Díaz durante una conferencia de prensa con medios españoles y latinoamericanos.
La vicepresidenta criticó duramente la actitud de Feijóo, señalando que el llamado a la intervención de empresarios representa un intento de interferencia en el autogobierno catalán y una falta de respeto a las instituciones democráticas.
El contexto de las declaraciones de Feijóo se enmarca en la reciente tensión política en Cataluña, donde Junts mantiene un delicado equilibrio de poder y el Partido Popular busca capitalizar cualquier oportunidad para generar inestabilidad en la Generalitat.
Al pedir a los empresarios que presionen a Junts, el líder del PP buscaba, según analistas políticos, forzar un cambio de gobierno mediante mecanismos indirectos, aprovechando el peso económico de ciertos sectores empresariales en la región.
Díaz contextualizó la situación con un análisis más amplio sobre la relación entre política y economía: “Es imprescindible que las instituciones políticas operen con independencia de la presión corporativa.
La democracia se debilita cuando se intenta trasladar el poder decisorio desde las urnas hacia despachos privados. Esto no es una cuestión ideológica, sino de principios fundamentales de nuestra Constitución y de la democracia europea”.
Durante su intervención, la vicepresidenta recordó que la participación ciudadana es la base del sistema democrático español, y que cualquier intento de manipular decisiones políticas mediante coacción económica pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral y de las instituciones autonómicas.
“Las empresas tienen un papel relevante en la economía, pero no pueden sustituir ni condicionar la voluntad del electorado.
La democracia no se negocia ni se compra”, insistió Díaz, en un mensaje que resonó entre periodistas y analistas políticos presentes en la rueda de prensa.
El hecho de que Díaz realizara estas declaraciones desde México también tiene un significado estratégico. La vicepresidenta participa en el Foro Internacional de Economía Social y Derechos Laborales, donde se analizan políticas públicas inclusivas y sostenibles.
En este contexto, Díaz aprovechó para resaltar que la transparencia, la equidad y la independencia política son valores universales que trascienden fronteras.
“No podemos exportar la idea de que el poder económico pueda coartar la política legítima; sería un mal ejemplo para cualquier democracia moderna”, señaló.
Analistas políticos españoles consideran que el reproche de Díaz a Feijóo tiene un doble efecto: por un lado, fortalece la imagen del Gobierno como garante del respeto a la democracia y a la autonomía regional;
por otro, coloca al PP en una posición incómoda ante su electorado, al evidenciar un intento de influir en la política catalana mediante métodos poco ortodoxos.
El debate también reabre la discusión sobre el papel de los grupos de presión y la ética en la política española, un tema que ha generado polémica en otras ocasiones, especialmente en procesos electorales estratégicos.
Por su parte, dirigentes del Partido Popular han defendido la posición de Feijóo argumentando que su llamamiento buscaba promover la estabilidad política en Cataluña y fomentar un diálogo constructivo entre partidos.
Sin embargo, la crítica de Díaz pone de relieve la delgada línea entre influencia política legítima y presión indebida sobre representantes electos.
“No es un tema de debate político entre partidos; es una cuestión de respeto a la soberanía popular y al autogobierno de los catalanes”, enfatizó la vicepresidenta, subrayando que la autoridad última reside en los ciudadanos y no en intereses particulares.
El contexto actual de Cataluña, con un Parlamento fragmentado y un gobierno autonómico en equilibrio delicado, hace que cada acción política tenga repercusiones inmediatas en la percepción pública y en la gobernabilidad regional.
En este sentido, Díaz alertó sobre los riesgos de normalizar la intervención económica en decisiones políticas, argumentando que “una democracia fuerte se mide por su capacidad de resistir presiones externas y garantizar que la voz del pueblo sea la que determine el rumbo político”.
Finalmente, la vicepresidenta concluyó su intervención con un mensaje enfático sobre la importancia de la educación cívica y la participación ciudadana como pilares para consolidar la democracia: “Cada voto cuenta y cada ciudadano debe sentirse dueño de sus decisiones políticas.
No podemos permitir que el poder económico reemplace la legitimidad del sufragio universal”.
Estas palabras, pronunciadas en un foro internacional, no solo sirven como respuesta directa a Feijóo, sino como advertencia a cualquier intento de subvertir la autonomía política de los ciudadanos mediante la presión corporativa.
En definitiva, Yolanda Díaz ha utilizado su presencia en México para enviar un mensaje claro sobre la primacía de la democracia frente a la influencia de intereses económicos, reafirmando que en España, el mandato último recae en los votantes y no en las empresas.
Su intervención marca un hito en la defensa de los principios democráticos y pone de relieve la sensibilidad del Gobierno frente a cualquier intento de manipulación de la política autonómica.
