Yolanda Díaz protagonizó un intenso enfrentamiento en la Comisión de Trabajo del Congreso, acusando a VOX de atacar a la clase trabajadora y cuestionando la postura de Junts sobre la legislación laboral.

Desde primera hora en la sesión de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los

Diputados celebrada el 6 de noviembre de 2025, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no anduvo con medias tintas:

arrancó su intervención con un nombre —José Antonio Bermejo Álvarez, buzo profesional de 62 años fallecido trabajando en Jaén— y cargó contra VOX por votar en contra de conceder coeficientes reductores por riesgo laboral.

“Murió uno más porque faltó protección y sobró fanatismo político”, exclamó con tono elevado, sembrando escalofrío en los escaños.

Lo que comenzó como una queja laboral se convirtió en un choque dominado por acusaciones cruzadas entre los socios parlamentarios.

Díaz, visiblemente molesta, acusó al ministerio de “fabricar normas, parches y obligaciones inconexas” y de convertir pymes y autónomos “en un laberinto burocrático”.

Fue entonces que la tensión escaló: la ministra arremetió contra VOX por lo que calificó de odio a la clase trabajadora y no a la inmigración, colocando al partido en el centro de una tormenta verbal.

Y la réplica llegó con fuerza: un diputado de VOX acusó a Díaz de insultar a los trabajadores que apoyan a su formación, lo que provocó que se alzara aún más el tono en el hemiciclo.

En ese marco, Díaz trasladó la batalla al bloque de la coalición, advirtiendo que el ministerio del que es responsable no es una isla y forma parte de un Ejecutivo que legisla “de espaldas a la realidad”.

Señaló que mientras se anuncia subida del SMI y extensión de permisos retribuidos, la realidad para miles de autónomos es otra:

congelación de precios en contratos públicos, acumulación de sanciones, expediente tras expediente, y empresas que trabajan “hoy en pérdidas con el propio Estado como cliente”.

El episodio no acabó ahí: mencionó la maternidad, las mujeres trabajadoras, la inmigración irregular. Atacó directamente la política de algún grupo parlamentario al sostener que “no tienen odio a la migración, tienen odio a la clase trabajadora”.

Y arrojó un dato que retumbó en la cámara: en Cataluña, según sus cifras, hay 545.000 autónomos —y el Gobierno de coalición “le sienta muy bien a Cataluña”.

Una afirmación que fue inmediatamente contestada desde el grupo independentista Junts per Catalunya, que le reprochó no representar a la Cataluña trabajadora, sino a una que “especula y no paga impuestos”.

En ese momento el debate escaló a la mayoría parlamentaria.

“Han perdido la mayoría que le permitió ser vicepresidenta segunda”, le espetó el diputado de Junts, Josep Maria Cervera, al preguntarle si pactaría con la derecha o la extrema derecha para sacar adelante la agenda de Trabajo.

Al mismo tiempo, desde VOX le exigían explícitamente detalles: “¿Con qué apoyos cuenta?”, replicaban.

Y la ministra replicó citando “sindicatos y patronales” como instrumento de apoyo de su reforma: “¿Su grupo va a tumbar los permisos por defunción?”, desafió.

Así, en la sesión del Congreso la agenda laboral se volvió campo de batalla político.

Díaz defendió una ampliación del permiso retribuido hasta diez días por fallecimiento de pariente y anunció que su ministerio está trabajando con agentes sociales para reformar el registro horario y los contratos temporales.

Al mismo tiempo, cargó contra la ley de contratos del sector público, la congelación de precios y el escaso margen de maniobra para los que trabajan en los servicios esenciales.

Por otra parte, el incidente del buzo fallecido se convirtió en símbolo: ya no era solo un caso concreto, sino el argumento que ventilaba la “doble vara” del Gobierno.

“Ustedes anuncian subidas del salario mínimo… pero mantienen congelados los precios de contratación pública”, dijo Díaz con tono decidido.

Y el mensaje fue claro: la política laboral del Ejecutivo está en una espiral donde la clase media desaparece mientras la burocracia crece.

De fondo de este debate emerge la tensión interna de la coalición.

Díaz dejó claro que “la política social” debe estar al servicio de quienes “trabajan y pagan” y advirtió de que el ministerio que dirige no tolerará “fanatismo” ni “división de los españoles en partidos, territorios y clases”.

Con esa declaración, puso en evidencia el choque entre su visión política y la oposición parlamentaria: a un lado, un Gobierno que quiere reforzar derechos laborales; al otro, grupos que temen que esas medidas golpeen al tejido productivo o cuestionan la forma de tramitarlas.

El episodio no fue solo un rifirrafe parlamentario más: en un Congreso cada vez más polarizado, la intervención de Díaz oculta un movimiento estratégico.

Al desafiar a VOX y poner contra las cuerdas a Junts, la ministra se posiciona como figura central de la agenda social, al margen incluso de las dinámicas internas del gobierno.

En ese sentido, su discurso puede entenderse como una declaración de intenciones: que la “coalición social” que representa no se doblegará ante mayorías hostiles.

A la salida, los ecos no se hicieron esperar en redes y en las conversaciones políticas. La imagen de Díaz tensando las cuerdas con VOX y retando a Junts transmite que la agenda laboral será una de las líneas rojas de esta legislatura.

Y en un contexto donde la realidad de los trabajadores y autónomos convive con una clase política que legisla sin consenso, la tensión refleja algo más profundo: la batalla por definir qué significa “trabajar” en España, qué peso tiene la burocracia y cuál es el rol real del Estado.

Mientras tanto, el Gobierno de coalición observa: ¿responderá a este reto? ¿O surgirá un nuevo frente dentro de la propia alianza?

Porque cuando una ministra mira al Congreso y dice “les dejo ambos escaños”, lo que está haciendo no es solo defender un discurso, está trazando una ruta política.

Y si bien no todo se verá en esta sesión, lo que ha quedado claro es que la clase trabajadora española tendrá un nuevo interlocutor fuerte. Pero también un adversario decidido, si los derechos que dice defender se quedan en anuncios y no llegan al bolsillo.