Se trata de diligencias previas que se incoan tras recibir una denuncia el pasado 5 de enero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado este martes de que ha abierto diligencias de investigación penal preprocesales -el asunto no ha sido judicializado por el momento- tras recibir el pasado 5 de enero una denuncia relativa a las presuntas agresiones sexuales que dos empleadas habrían sufrido a manos del cantante Julio Iglesias.

Fuentes de la Fiscalía confirman a ABC esa apertura de diligencias y advierten de que el asunto tiene carácter reservado -secreto- dados los hechos denunciados y en aras de la protección prioritaria de las presuntas víctimas.

Cabe recordar que dos mujeres aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias cuando eran empleadas de sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) en 2021.

En concreto acusan al cantante de agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y un clima de control y humillaciones. Según una investigación conjunta llevaba a cabo durante tres años por el elDiario.es y Univision Noticias, se trata de una empleada del servicio doméstico y de una fisioterapeuta personal.

La competencia de la Audiencia Nacional

Tal y como cuenta el digital, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por las dos extrabajadoras con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide y en la misma le atribuyen no solo delitos de agresión sexual sino de trata de seres humanos.

Explica así la denuncia que los hechos podrían constituir «trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre» además de suponer «varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual».

En principio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es competente para conocer delitos cometidos por españoles en el extranjero. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) conoce de los delitos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. Según fuentes fiscales, consultadas por ABC, ahora el Ministerio Público debe estudiar si el caso es realmente competencia de este tribunal especial español.