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La mañana del operativo fue tensa en Minneapolis.
Agentes federales, con la misión de desmantelar redes criminales, irrumpieron en la propiedad de un juez local, desatando una serie de eventos que cambiarían para siempre la percepción de la justicia en la región.
Lo que comenzó como una simple redada pronto reveló una conexión alarmante con el Cartel de Sinaloa y un esquema de fraude que había estado operando a plena vista durante años.
Los agentes encontraron casi 100 millones de dólares en efectivo y activos vinculados a actividades delictivas.
Este descubrimiento no solo expuso la magnitud del crimen organizado en Minnesota, sino que también dejó al descubierto cómo figuras de autoridad habían estado encubriendo estos delitos.
La redada fue solo la punta del iceberg, ya que se desvelaron operaciones de distribución de drogas y fraudes que afectaban a miles de ciudadanos.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, había estado tras la pista de un esquema que implicaba a individuos como Abdata Ysef y Lu Ahmed, quienes fueron acusados de robar 7.
2 millones de dólares de Medicaid.
A través de su empresa, Promise Health Services, estos individuos habían estado sobre facturando y creando servicios fantasma para asistencia personal que nunca se proporcionaron a los pacientes.
Este escándalo no solo se limitó a un par de individuos; se trató de una operación masiva que involucraba a decenas de personas y que había estado funcionando desde 2018.
El caso de Ysef se tornó aún más oscuro cuando, tras ser declarado culpable por un jurado, la jueza Henipin County, Sarah West, anuló la condena, alegando que la evidencia era circunstancial.
Esta decisión dejó a los miembros del jurado atónitos, quienes no podían creer que su veredicto unánime pudiera ser desestimado de tal manera.
La decisión de la jueza fue criticada por muchos, incluido el senador estatal Michael Holmstrom, quien la calificó de extremista.
Esta situación no solo socavó la confianza en el sistema judicial, sino que también envió un mensaje peligroso a los delincuentes: que podían estructurar sus fraudes para evadir la justicia.
Mientras la investigación se expandía, las autoridades comenzaron a descubrir que Minnesota había sido el epicentro de una de las operaciones de fraude más grandes en la historia de Estados Unidos.
La operación “Feeding Our Future” había comenzado en 2022 y había expuesto a 98 personas, con 57 condenas hasta la fecha.
Este escándalo reveló que muchos de los involucrados eran estadounidenses somalíes que operaban centros de cuidado infantil falsos y programas de autismo, inflando las facturas para obtener fondos federales destinados a ayudar a los más vulnerables.
Las conexiones entre este fraude y el terrorismo también comenzaron a surgir.
Un oficial retirado de inteligencia de la Marina, el comandante Philip Parish, afirmó haber documentado flujos de fraude que comenzaban en guarderías falsas y terminaban en el financiamiento de al-Shabaab a través de redes de transferencia de dinero informales.
Aunque los fiscales federales no han podido verificar esta conexión en la corte, la magnitud del fraude ha sido innegable, lo que llevó al Departamento de Salud y Servicios Humanos a congelar los fondos de cuidado infantil a nivel nacional.
El contexto de la redada se volvió aún más complejo cuando se reveló que desde enero, el Departamento de Seguridad Nacional había arrestado a más de 480,000 inmigrantes ilegales criminales.
La presencia de criminales en las comunidades de Minnesota había sido un tema de creciente preocupación, especialmente cuando se supo que muchos de ellos tenían antecedentes de delitos violentos.
La situación llevó a un enfrentamiento entre las autoridades federales y los líderes estatales, quienes intentaban obstaculizar la aplicación de la ley federal.
La respuesta de la administración estatal fue desafiante.
El gobernador Tim Walls y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se encontraron en el centro de una tormenta política, enfrentando investigaciones formales sobre si sus acciones constituían obstrucción a la aplicación de la ley federal.
La tensión aumentó cuando el presidente Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección, una medida reservada para situaciones donde se considere que el liderazgo estatal no puede o no quiere hacer cumplir la ley.
La redada en la propiedad del juez no fue un evento aislado.
Fue parte de una serie de operaciones coordinadas que buscaban desmantelar las redes de tráfico de drogas y fraude que habían estado operando en Minnesota durante años.
La evidencia recopilada por los agentes federales no solo reveló el alcance del crimen organizado, sino que también destacó la corrupción dentro del sistema judicial que había permitido que estas actividades prosperaran.
A medida que la investigación avanzaba, el panorama se volvía más sombrío.
Las autoridades descubrieron que el líder de la red de tráfico de drogas, Clinton James Ward, había establecido conexiones directas con los líderes del Cartel de Sinaloa.
Su estrategia incluía la creación de una operación de fachada que permitía a los compradores de Minneapolis realizar pedidos como si estuvieran tratando con un proveedor local, mientras que él coordinaba envíos masivos directamente desde laboratorios controlados por el cartel en México.
La magnitud de la operación de Ward fue tal que, incluso después de su arresto y extradición a Estados Unidos, la red continuó funcionando sin problemas.
Los proveedores del cartel simplemente cambiaron de gerente, manteniendo las mismas rutas y utilizando la infraestructura que Ward había establecido.
Las líneas de suministro permanecieron abiertas, y el dinero siguió fluyendo.
La respuesta de los líderes demócratas de Minnesota ante la Operación Metro Surge fue una avalancha de litigios destinados a detener la aplicación de la ley federal.
La ACLU presentó una demanda contra el DHS por tácticas de redada, y el fiscal general Ellison siguió con una queja de 80 páginas acusando a DHS de violaciones de la Décima Enmienda.
Este patrón de litigios y órdenes judiciales ha permitido que los delincuentes evadan la custodia, aprovechando el caos resultante.
La situación en Minnesota es un microcosmos de la lucha más amplia entre la ley y el orden y la corrupción que puede infiltrarse en los sistemas que se supone deben proteger a la sociedad.
La redada en la mansión del juez es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción es un camino complicado y peligroso, donde las líneas entre la justicia y la injusticia a menudo se desdibujan.
A medida que Minneapolis vive la mayor operación de aplicación de la ley de inmigración en la historia de Estados Unidos, queda claro que la lucha por la verdad y la justicia está lejos de terminar.
Las conexiones entre el crimen organizado y la corrupción en el sistema judicial son profundas y complejas, y solo el tiempo dirá si se restaurará el orden o si se desatará un nuevo ciclo de caos.
La historia de Minnesota es un llamado a la acción para todos, instando a la sociedad a cuestionar la integridad de sus líderes y a exigir responsabilidad en todos los niveles.
