En las colinas de San Juan de Lurigancho, entre el polvo y el cemento, yace una verdad brutal sobre el sistema de justicia y búsqueda en Perú: muertos que nadie visita, enterrados en fosas comunes de tres en tres.

Pero algunos sí tenían nombre, tenían familia, solo que nadie les avisó que estaban aquí.

Este es el preciso momento en que una madre descubre la fosa común donde el cuerpo de su hijo descansa, enterrado por el Estado peruano hace dos años, tiempo en el que ella lo creía desaparecido.

Durante más de dos años, Jenny Espinoza creyó que su hijo Michael estaba desaparecido.

Lo buscó incansablemente en comisarías, en la fiscalía, a través de medios de comunicación y en redes sociales.

Lo que ella no sabía era que el cuerpo de su hijo yacía aquí, en el cementerio El Sauce, enterrado por el mismo Estado que supuestamente la ayudaba a encontrarlo.

Michael Espinoza Tello, de 24 años, era vendedor en Lima.

En 2023 había comprado un pasaje de Lima a Ambo, en Huánuco, donde su pareja estaba a punto de dar a luz, pero nunca llegó.

Jenny puso la denuncia de inmediato en la comisaría de Ambo.

A lo largo de meses, acudió a la policía y recibió notificaciones que le informaban que la alerta de búsqueda seguía vigente en todo el país.

“Me dijo, ‘Vamos a seguir buscando hasta que se encuentre señito'”, recuerda Jenny.

Ni la policía ni la fiscalía parecían tener una respuesta, peloteando a la señora Jenny de un lugar a otro.

Dos años después, Michael reapareció, pero no en persona, sino en una serie de documentos oficiales de la Morgue Central de Lima a los que accedió Punto Final.

El programa descubrió algo inesperado y perturbador: hay personas que aún son buscadas por sus familias o que incluso aparecen en el sistema de personas desaparecidas del Ministerio del Interior, cuando en realidad sus cuerpos llegaron hace tiempo a la morgue de Lima y ahora reposan en fosas sin nombre.

Carlos Michael Espinoza Tello estuvo unas semanas en la morgue.

El 23 de agosto del 2023, su cuerpo fue trasladado a una fosa común en el cementerio El Sauce en San Juan de Lurigancho, a la bóveda 37224.

Mientras la Policía Nacional del Perú emitía una alerta nacional, el cuerpo de Michael era depositado en el cementerio.

“No debe ser así, jefe. Deben avisar de la Morgue a tal sitio, hacía una cadena y ya llega la noticia de inmediato y entonces uno ya no está, pues, ya ve la forma cómo traérselo. Uno pensando que está vivo, pero no es así, jefe”, lamenta Jenny.

A la morgue de Lima ingresan más de 4,000 cadáveres al año.

Una vez que el cadáver es necropsiado, tenga o no nombre, después de 36 horas la morgue queda a cargo de esos cuerpos para enviarlos a inhumación, es decir, enterrarlos, o entregarlos a universidades.

La morgue no le gusta el término fosa común, pero eso dicen sus documentos y eso son: huecos donde se depositan cuerpos de tres en tres.

Punto Final accedió al registro de 419 cuerpos enviados al cementerio El Sauce entre 2023 y junio de 2025.

De estos cuerpos, 207 (casi la misma cantidad que los NN) eran personas con identidad plenamente identificada que terminaron en estas fosas sin que sus familias lo supieran.

Hay más casos que demuestran la falla sistémica.

La hermana de otro desaparecido, Roberto, cuya madre presentó una denuncia, confirmó que la policía no recibió ninguna alerta que indicara que el joven estaba fallecido y enterrado hacía más de dos años.

“No, a mi mamá no me dan ningún tipo de informe porque justamente como ustedes dicen, no debería saltar alguna información porque ya que son policías y creo que cada comisaría debería tener un sistema al ingresar el número de DNI”, explicó.

El cuerpo de Roberto también estaba en el cementerio El Sauce, enviado por la morgue desde abril del 2023.

El problema es este: en pleno 2025, la Morgue no tiene cómo compartir información de manera efectiva y oportuna con la Policía y la Fiscalía.

El Estado puede terminar buscando a alguien que el propio Estado ha enterrado.

La morgue afirma que se ha iniciado recién una coordinación con la Dirección de Personas Desaparecidas de la Policía para intercambiar datos, algo que la investigación de Punto Final podría haber catalizado.

Cuando Punto Final llevó a la señora Jenny a Lima para preguntar en la morgue sobre el proceso para retirar el cuerpo, el maltrato inicial fue indignante.

Le dijeron que el encargado de la fosa estaba de vacaciones.

“Mamita, tiene que primero tiene que creo que si va a sacar el cuerpo de fosa, todo eso. Por eso el señor sabe de eso. Yo no sé”, le respondieron.

Solo después de llamar al Ministerio Público, responsable de la Morgue, y asegurar que hubo un error, la señora Jenny fue bien atendida.

Con la ubicación anotada, Jenny y su hermano César fueron al cementerio.

El guía los llevó a las bóvedas cubiertas por la tierra y el cemento.

Tras una larga caminata, encontraron la bóveda con el código que les dieron.

Michael, su hijo, estaba allí.

Michael, su hijo, estaba aquí.

“Yo pensé que le ponían nombre algo. No, ya…”, dice Jenny, al ver solo un código.

Este cementerio está lleno de fosas como estas, rectángulos de cemento con tres códigos que representan a tres personas, tres historias, cada una única.

En pleno 2025, las instituciones de justicia del Perú no tienen conexión con la información de la morgue.

¿Cuántas otras personas son buscadas por familiares o las autoridades cuando sus cuerpos yacen aquí?

En un mundo donde la tecnología avanza, la muerte en el Perú sigue firmando sus papeles a mano, y con códigos en lugar de nombres.