El caso de la pequeña Valeria Afanador, la niña que desapareció en Cajicá y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado 18 días después en el río Frío, sigue generando conmoción nacional y ahora suma un nuevo capítulo que pone en el ojo del huracán a miembros del colegio donde estudiaba.
En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá para que rindan declaración juramentada sobre lo que saben del día de la desaparición.
Se trata de Diego Orlando Pinzón Perilla y Emily Cifuentes, docentes de la institución que, según el documento oficial, estaban a cargo de la vigilancia y el cuidado de los niños en el momento en el que Valeria fue vista por última vez en el descanso.
La diligencia judicial quedó programada para el próximo 16 de septiembre de 2025 en la Unidad de Policía Judicial, donde ambos docentes deberán entregar su versión de los hechos.
La Fiscalía aclaró que esta citación no requiere la presencia de un abogado defensor, pero es obligatoria dentro del proceso que avanza bajo el número 1210614.
De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del colegio, la menor salió hacia la cancha deportiva en el recreo, lugar donde se encontraba el profesor de educación física.
Según las declaraciones iniciales, allí pidió un balón para jugar, pero minutos después se perdió completamente su rastro.
Ese fue el último momento en el que se le vio con vida dentro de la institución.
La profesora Emily Cifuentes, quien estaba a cargo de la enseñanza y acompañamiento de Valeria ese día, también deberá explicar con detalle lo que ocurrió en las horas previas a la desaparición y las acciones que tomó al notar la ausencia de la niña.
Por su parte, la rectora del colegio, Sonia Inés Ochoa, recibió un documento oficial en el que se especifican los puntos que debe cumplir el plantel educativo para cooperar con la investigación, desde la entrega de registros internos hasta el acceso a información de seguridad.
El proceso ha estado marcado por el dolor y la indignación de la familia Afanador, que sigue exigiendo respuestas claras y justicia.
El abogado Julián Quintana, representante de los padres de Valeria, reiteró en medios nacionales que la familia jamás ha solicitado compensaciones económicas ni indemnizaciones al colegio, como lo sugirió en algún momento la defensa de la institución.
“Quiero ser absolutamente claro: la familia de Valeria jamás ha pedido dinero, jamás ha solicitado una póliza y nunca ha condicionado su dolor a ningún tipo de compensación.
Lo único que buscan es verdad y justicia”, afirmó con contundencia.
El abogado también rechazó las declaraciones de Fernando Bernad, apoderado del colegio, quien en audiencias pasadas había mencionado la existencia de seguros en casos de accidentes o fallecimientos de estudiantes.
Para Quintana, estos argumentos desvían la atención de lo realmente importante: esclarecer cómo, bajo la vigilancia de un colegio privado, una niña de tan solo siete años desapareció sin que nadie pudiera evitarlo.
Este llamado a indagatoria marca un punto crucial en la investigación, ya que por primera vez se señala directamente a miembros de la institución como responsables de rendir cuentas formales ante la justicia.
La expectativa ahora recae en lo que revelen los docentes en sus declaraciones y en si estas versiones aportarán claridad sobre las inconsistencias que han rodeado el caso desde el inicio.
El país entero sigue atento a cada avance en la investigación.
La muerte de Valeria Afanador no solo destapó falencias en los protocolos de seguridad escolar, sino que también se ha convertido en un símbolo de la lucha de miles de familias que exigen mayor responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de los niños.
La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿qué pasó realmente en esos minutos clave dentro del colegio? ¿Hubo negligencia, descuido o algo más grave? Las respuestas, por ahora, están en manos de la Fiscalía y en las voces de los docentes llamados a declarar.
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