La verdad oculta tras el apagón: ¿Quién traicionó a Sánchez?
El pasado 28 de abril, España sufrió un apagón eléctrico que afectó a miles de hogares y empresas, generando un caos que puso en jaque al gobierno de Pedro Sánchez.
Desde entonces, la gestión de esta crisis ha estado rodeada de controversias y sospechas.
Según fuentes internas del sector energético, Moncloa intentó presionar a las principales compañías eléctricas —Iberdrola, Endesa y Red Eléctrica (Revol)— para que asumieran conjuntamente la responsabilidad del fallo.
Este intento de repartir la culpa buscaba crear un relato oficial donde múltiples factores sirvieran como coartada, diluyendo así la responsabilidad directa del gobierno.
En particular, se quería evitar que la culpa recayera exclusivamente sobre Red Eléctrica Española, empresa en la que el Estado tiene una participación del 20%.
Esta maniobra revela que el ejecutivo estaba plenamente consciente de las causas del apagón, pero prefirió ocultarlas para proteger su imagen pública.
Sin embargo, la estrategia del gobierno se vino abajo cuando las compañías eléctricas rechazaron frontalmente asumir la culpa compartida.
Esta negativa no solo desbarató el plan oficial, sino que también evidenció la implicación del propio Ejecutivo en la crisis.
Las declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, durante la junta de accionistas del 30 de mayo, fueron especialmente reveladoras.
Galán afirmó que la responsabilidad de mantener el suministro eléctrico recaía en Red Eléctrica, en respuesta directa a la presidenta de esta empresa, Beatriz Corredor, quien había intentado eludir cualquier culpa.
Desde entonces, la presión del gobierno sobre las eléctricas no ha cesado.
En un movimiento sin precedentes, se han realizado inspecciones por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Policía Nacional en las sedes de las compañías.
Bajo el pretexto de buscar pruebas que sostengan el relato oficial, estas acciones reflejan una desesperada búsqueda de un “megasuceso” que permita repartir responsabilidades y desviar la atención sobre la gestión gubernamental.
La crisis ha tenido consecuencias trágicas: seis personas murieron a causa del apagón y miles de hogares y negocios quedaron afectados.
En medio de esta situación, la prioridad del Ejecutivo parece haber sido más construir una narrativa que evadir responsabilidades que ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía.
La realidad es sencilla: si el gobierno intenta asumir la culpa a medias con las eléctricas, es porque sabe que al menos parte de la responsabilidad le corresponde.
Este episodio pone en evidencia las tensiones entre el Estado y las grandes compañías del sector energético, así como la falta de transparencia en la gestión de infraestructuras críticas.
La participación estatal en Red Eléctrica, lejos de garantizar un control efectivo, ha servido para complicar aún más la asignación de responsabilidades.
Mientras tanto, la opinión pública sigue demandando respuestas claras y una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos.
Además, la crisis del apagón ha abierto un debate sobre la seguridad y la resiliencia del sistema eléctrico español.
Expertos del sector advierten que la falta de inversión en infraestructuras y la dependencia de ciertos actores privados pueden aumentar el riesgo de futuros incidentes.
Por ello, muchos reclaman una revisión profunda del modelo energético, con mayor transparencia y control público.
En este contexto, la actuación del gobierno ha sido criticada por su falta de comunicación efectiva y por intentar manipular la información para protegerse.
La presión ejercida sobre las eléctricas y la intervención de organismos de seguridad han sido vistas por algunos como intentos de coartar la verdad y evitar un escándalo mayor.
Por otro lado, las compañías eléctricas han defendido su postura, negando responsabilidad directa y señalando que la gestión del sistema corresponde principalmente a Red Eléctrica.
Esta disputa pública ha generado un clima de desconfianza y ha complicado la búsqueda de soluciones conjuntas para evitar futuros apagones.
En definitiva, el apagón del 28 de abril ha dejado al descubierto no solo fallos técnicos, sino también una lucha de poder y una crisis de confianza entre el gobierno, las empresas eléctricas y la sociedad.
La verdad completa aún no ha salido a la luz, y las próximas semanas serán clave para entender qué ocurrió realmente y cómo se gestionará esta crisis en el futuro.
Mientras tanto, los ciudadanos afectados continúan esperando respuestas y garantías para que algo así no vuelva a suceder.
La transparencia y la responsabilidad serán esenciales para reconstruir la confianza y asegurar un suministro eléctrico fiable para todo el país.
En conclusión, el apagón ha puesto en evidencia la compleja relación entre el Estado y las eléctricas, así como la necesidad urgente de reformar el sistema energético español.
La verdad detrás de esta crisis sigue siendo un misterio en disputa, pero lo que está claro es que nadie puede eludir su parte de responsabilidad.
Solo el tiempo dirá si esta traición y revelación marcarán un antes y un después en la política energética nacional.
