El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La comparecencia tuvo lugar durante su primera audiencia judicial en territorio estadounidense.
El caso ha generado un fuerte impacto político y mediático a nivel internacional.
La sesión fue presidida por el juez federal Alvin Hellerstein.
Ambos acusados rechazaron de forma categórica las imputaciones presentadas por la fiscalía.
El proceso judicial marca un hecho sin precedentes en la política venezolana reciente.


Durante la audiencia, Nicolás Maduro habló en español ante el tribunal.
Afirmó de manera directa que es inocente de todos los cargos que se le imputan.
También aseguró que no había visto previamente la acusación formal en su contra.
Señaló que desconocía cuáles eran sus derechos legales dentro del proceso.
Ante el juez, se definió a sí mismo como un hombre decente.
Su declaración fue escuchada con atención por las autoridades judiciales.


Al inicio de la audiencia, el mandatario se identificó como presidente de Venezuela.
Afirmó que se encuentra secuestrado en territorio estadounidense.
Según su versión, fue capturado en su residencia en Caracas.
Maduro aseguró que fue trasladado contra su voluntad a Estados Unidos.
Se definió a sí mismo como un prisionero de guerra.
Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas en la sala.

Posteriormente, Cilia Flores tomó la palabra ante el tribunal.
La esposa del mandatario también se declaró completamente inocente.
Rechazó todos los cargos que pesan en su contra.
La defensa legal aseguró que Flores sufrió lesiones durante su detención.
Entre ellas, mencionaron posibles fracturas o contusiones en las costillas.
Este punto fue resaltado como parte de la estrategia defensiva.


Maduro y Flores fueron arrestados el pasado sábado en Caracas.
Tras su detención, fueron trasladados a territorio estadounidense.
Las autoridades no han detallado públicamente los mecanismos del traslado.
El caso se basa en una acusación presentada inicialmente en el año 2020.
Dicha acusación estaba relacionada con delitos de narcotráfico.
Con el paso del tiempo, el expediente fue ampliado.

Actualmente, los cargos incluyen narcoterrorismo y tráfico de cocaína.
También se suman imputaciones por el uso y posesión de armas.
La fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para sostener el caso.
La defensa insiste en que se trata de un proceso político.
El desarrollo del juicio será seguido de cerca por la comunidad internacional.
El futuro legal de la pareja presidencial queda ahora en manos del tribunal.