El silencio en Uruapán fue quebrado por tres disparos secos y certeros.
Eran las 21:58 horas en el corazón de Michoacán, y el Festival de Velas se transformaba instantáneamente de celebración familiar a escena de un crimen político de alta magnitud.
El alcalde Carlos Alberto Manso Rodríguez caminaba entre la multitud del jardín principal, rodeado de música, familias y cámaras, cuando el ataque se consumó a corta distancia.
El objetivo era claro, la ejecución precisa.
Manso cayó herido frente a su gente, y el caos se desató.
Decenas de asistentes, que minutos antes admiraban las luces de las velas, corrieron buscando refugio detrás de los puestos y los muros.
La reacción fue inmediata: los escoltas municipales respondieron al fuego.
El agresor, que intentó huir entre la multitud, fue alcanzado en el intercambio.
Uno de los atacantes fue abatido en el lugar y dos más quedaron detenidos, asegurando la zona minutos después.
El hospital regional recibió al alcalde, pero la esperanza se extinguió rápidamente.
Los impactos, dirigidos a menos de tres metros, habían sido fatales.
La ciudad se sumía en un terror repentino, con las luces de las velas rotas e intactas sobre el piso, iluminando un escenario de pánico.
El reporte inicial llegó al centro de mando a las 22:10 horas, confirmando el ataque directo al presidente municipal.
La instrucción fue emitida sin demora: localizar el origen del atentado y preservar cada evidencia.
El hecho no era fortuito.
Horas antes, el alcalde Manso había declarado frente a las cámaras que “no pensaba rendirse ante el crimen organizado”.
Esa frase, cargada de valentía política, se había convertido en su despedida.
Lo ocurrido en Uruapán, se analizaría después desde las cúpulas de seguridad, no fue un incidente aislado, sino “un mensaje, una advertencia al poder local” y a todos aquellos que osan desafiar a los grupos criminales que dominan la lucrativa región del aguacate.
La respuesta del Estado fue contundente e inmediata.
Minutos después del ataque, la zona central de Uruapán fue completamente acordonada.
Agentes municipales, la Guardia Civil y elementos del Ejército Mexicano establecieron un cerco de emergencia.
El suelo, cubierto de velas rotas, teléfonos abandonados y restos de ropa manchada de sangre, mostraba la brutalidad de la irrupción criminal en la vida cotidiana.
En medio de la evacuación, la imagen de un niño llorando en la búsqueda desesperada de su madre se grabó como el símbolo de la magnitud del crimen y del miedo sembrado.
La identificación del agresor abatido se realizó de inmediato.
Portaba un arma corta calibre 9 mm con cargador extendido.
En su mochila, se encontró un teléfono con mensajes recientes y, lo más revelador, una fotografía del alcalde tomada minutos antes del ataque.
La evidencia fue asegurada y enviada al laboratorio pericial para un análisis exhaustivo.
A las 22:45 horas, se instaló formalmente el puesto de mando.
Las órdenes fueron precisas: descargar las grabaciones del C5 y de los comercios cercanos cuadro por cuadro.
El análisis reveló que la ruta de los agresores estaba claramente registrada.
Dos habían llegado en motocicleta y uno a pie, permaneciendo ocultos entre los asistentes durante el festival, esperando la señal precisa para actuar.
La ejecución fue simultánea y a corta distancia.
La madrugada trajo consigo las primeras confirmaciones.
El gabinete de seguridad estatal confirmó la detención de los dos primeros agresores.
Ambos contaban con antecedentes por portación de armas y vínculos comprobados con células delictivas de la región.
Uno de ellos declaró que habían sido contratados tres días antes, sin conocer personalmente al alcalde.
Su papel se limitó a seguir instrucciones.
Las líneas de investigación iniciales señalaron que el atentado fue ordenado por un grupo con fuerte presencia en la zona serrana entre Uruapan y Paracho, un territorio ferozmente disputado por el control de la producción aguacatera y los cobros de protección.
El asesinato de Carlos Manso, se determinó, fue ejecutado con precisión en el evento más concurrido del año, destinado a sembrar el terror y demostrar un poder absoluto.
A las 23:30 horas, el cuerpo del alcalde fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense.
En la plaza, la ciudad, que minutos antes estaba viva con la luz de miles de velas, se sumió en un silencio absoluto de luto.
La reconstrucción del ataque en el centro de mando confirmó la frialdad de la ejecución.
Los peritos identificaron tres disparos de arma corta, dos en la parte superior del torso.
La distancia, confirmada en las cámaras de seguridad, no superaba los tres metros.
Los agresores se mantuvieron en posición por más de veinte minutos.
Uno de ellos simulaba hablar por teléfono, mientras que otro grababa la escena con una cámara deportiva colocada en el pecho.
Esta grabación, aún en revisión, se presumió como la prueba de cumplimiento exigida por quien ordenó la masacre.
La información desbordó las redes sociales a las 0:40 horas.
El video del atentado circuló con una rapidez viral, amplificando el impacto mediático.
No se trataba solo del asesinato de un alcalde; era un desafío abierto, a ojos de todo el país, al Estado.
Las advertencias previas del alcalde, quien había pedido protección al gobierno federal y denunciado presiones de grupos criminales por el control de obras y contratos públicos, se cumplieron de la forma más brutal.
El informe balístico final confirmó el nivel de violencia: seis disparos a quemarropa, tres en el pecho y dos en el abdomen.
Ninguno falló.
Las trayectorias señalaban que el atacante estuvo a menos de dos metros, mirándolo de frente.
No hubo aviso ni margen de maniobra.
La ejecución fue fría, planeada para no dejar sobrevivientes.
La madrugada continuó con el trabajo de los equipos de inteligencia, enfocados en el rastreo de llamadas y mensajes.
En uno de los dispositivos de los detenidos, se localizó una conversación reveladora registrada apenas dos horas antes de la ejecución.
El mensaje decía: “El objetivo está confirmado.
Evento grande, demasiada gente.
Espera la orden.
” La respuesta, simple y terrible, llegó una hora después: “Ejecuta.
” Esa palabra bastó para sellar el destino de Carlos Manso.
El análisis de cámaras de las 2:00 horas confirmó la ruta de escape.
Un vehículo con placas de otro estado esperaba en una calle lateral.
Dentro, se hallaron guantes, gorras y ropa de cambio.
Las huellas digitales coincidieron con antecedentes de extorsión de uno de los detenidos.
El despliegue de fuerzas continuó sin pausa.
Unidades tácticas y drones peinaron la periferia en busca de cómplices.
En una casa de la colonia La Magdalena, se localizó un escondite con armas, radios de comunicación y teléfonos encriptados, todo asegurado.
A las 4:30 horas, la zona de riesgo estaba bajo un estricto control.
La llegada de elementos federales se coordinaba desde la capital del estado.
Las primeras líneas de investigación señalaron que los responsables pertenecen a una célula delictiva que opera bajo la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La búsqueda no cesó.
Cerca del río Cupaticio, los drones térmicos detectaron siluetas en una zona boscosa.
Al movilizarse, los agentes encontraron una fogata recién apagada, dos motocicletas sin placas y rastros de sangre.
La radio portátil hallada seguía encendida en la frecuencia policial.
Alguien estaba escuchando nuestros movimientos.
El cerco se cerró y a las 4:20 horas, entre los arbustos, se escuchó un ruido.
Un hombre, desarmado, cubierto de polvo y sangre seca, coincidía con la descripción de un cuarto participante.
Fue detenido sin resistencia.
El sospechoso fue subido a la unidad justo cuando el amanecer comenzaba a dibujarse sobre los cerros.
Uruapán amanecía sitiada.
El operativo sigue activo.
Los tres detenidos están bajo custodia, uno de ellos siendo atendido bajo vigilancia.
La Unidad de Inteligencia Financiera trabaja para rastrear movimientos inusuales de dinero, pues el ataque no pudo financiarse sin una red de apoyo.
En la plaza central, las velas que quedaron encendidas siguen mezclándose con flores y mensajes de indignación.
El asesinato de Carlos Manso ha sacudido a Michoacán y al país.
No daremos un paso atrás.
Este crimen no quedará impune.
El asesinato de un servidor público en medio de su gente es una herida que refleja un poder criminal que intenta gobernar a través del terror.
Pero es también la prueba de que cada agresión recibirá respuesta.
La ley y la fuerza del Estado están activas, y Uruapán amaneció sitiada, pero no sola.
La justicia no se detiene, ni en la noche más oscura.
¿Le gustaría que profundice en el perfil de los detenidos o en los antecedentes de las advertencias del alcalde Manso al gobierno federal?
